Un año después de la segunda investidura de Donald Trump, emerge un patrón claro. A través de decenas de órdenes ejecutivas, memorandos de agencias, decisiones presupuestarias y cambios en la aplicación de la ley, la administración ha debilitado las leyes federales de derechos civiles y los cimientos de una democracia racialmente inclusiva en Estados Unidos.
Desde sus inicios, Estados Unidos no fue construido para incluir a todos por igual. La Constitución protegía y promovía la esclavitud. La mayoría de los estados limitaban el derecho al voto a los hombres blancos. El Congreso restringió la ciudadanía por naturalización a las “personas blancas libres”. Estas decisiones no fueron accidentales: definieron quién podía pertenecer y ejercer el poder político, y consolidaron una mayoría política racial durante generaciones.
Eso empezó a cambiar en la década de 1960. Tras décadas de protestas y presión social, el Congreso aprobó leyes que prohibían la discriminación en el empleo, la educación, el voto, la inmigración y la vivienda.
Se encargó a las agencias federales hacer cumplir esas leyes, recopilar datos para identificar la discriminación y condicionar los fondos públicos al cumplimiento. Estas decisiones transformaron la demografía y las instituciones del país, y el Congreso actual es “el más diverso racial y étnicamente de la historia”, según el Centro de Investigación Pew. Las leyes no eliminaron la desigualdad racial, pero hicieron la exclusión más visible y más difícil de justificar.
El primer año del segundo mandato de Trump marca un giro brusco en sentido contrario.
Infórmate: Irán como riesgo sistémico
Retirada acumulativa
En lugar de derogar abiertamente las leyes de derechos civiles, la administración se ha centrado en desactivar los mecanismos que las hacen funcionar.
Basándome en más de dos décadas de docencia e investigación sobre derechos civiles y en mi experiencia dirigiendo un proyecto de la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington sobre democracia inclusiva, considero que este patrón no refleja acciones administrativas aisladas, sino una retirada acumulativa del papel del gobierno federal como garante de los derechos civiles.
Durante el último año, el presidente y su administración han tomado una serie de medidas interconectadas:
• En su primer día en el cargo, anunciaron el fin de todos los programas federales de diversidad, equidad e inclusión, incluidos los cargos de diversidad, los planes de equidad y las subvenciones y contratos relacionados.
• Cerraron o redujeron drásticamente la financiación de programas federales destinados a reducir la desigualdad, incluidos los enfocados en la salud de minorías, los negocios propiedad de minorías, la contratación federal justa, la justicia ambiental y el cierre de la brecha digital en el acceso a internet.
• Advirtieron a las escuelas que los programas de diversidad podrían poner en riesgo su financiación federal, abrieron investigaciones a universidades que ofrecen becas a estudiantes protegidos por DACA —la política de la era Obama que protege de la deportación a inmigrantes indocumentados llegados al país en la infancia— y señalaron que las universidades podrían perder ayudas federales si sus agencias acreditadoras consideran la diversidad.
• Revocaron credenciales de seguridad y el acceso a edificios federales a empleados de bufetes con políticas de diversidad. La Comisión Federal de Comunicaciones investigó a empresas de medios por promover la diversidad y amenazó con bloquear fusiones, lo que llevó a varias compañías a abandonar estas iniciativas.
• Emitieron un memorando a nivel gubernamental que calificó como potencialmente ilegales prácticas comunes en la contratación, admisión y evaluación —como formar grupos diversos de candidatos, valorar la competencia cultural, considerar el origen socioeconómico o buscar representación geográfica y demográfica— y advirtió que se podría retirar financiación federal a instituciones que las usen. Según informes, fiscales federales investigaron a contratistas por considerar la diversidad, calificando estas iniciativas como fraude.
• Debilitaron la aplicación de las leyes antidiscriminación al ordenar a las agencias dejar de utilizar el análisis de impacto dispar, que identifica desigualdades en los resultados y permite intervenir cuando no están justificadas. Al eliminar este análisis, se reduce la capacidad de detectar discriminación producida por sistemas algorítmicos y decisiones automatizadas.
• Revocaron una orden ejecutiva que prohibía la discriminación por parte de contratistas federales y exigía prácticas de contratación no discriminatorias, debilitando un mecanismo clave vigente desde 1965.
• Eliminaron datos utilizados para medir la desigualdad, incluidos los relacionados con disparidades raciales en disciplina escolar, educación especial y daños ambientales.
• Desmantelaron o redujeron severamente las oficinas de derechos civiles en múltiples agencias federales. Cerca de tres cuartas partes de los abogados de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia abandonaron sus puestos.
• Presionaron al Smithsonian para retirar exposiciones sobre injusticia racial, restauraron monumentos confederados y prohibieron a escuelas y programas de formación docente incluir contenidos que la administración calificó de divisivos, como el sesgo inconsciente.
• Declararon el inglés como único idioma oficial del país, eliminaron la obligación de ofrecer acceso significativo a servicios públicos a personas con dominio limitado del inglés y redujeron los servicios de asistencia lingüística en varias agencias.
• Intentaron limitar la ciudadanía por nacimiento garantizada por la 14.ª Enmienda y adoptaron prácticas migratorias que tratan la etnicidad y los acentos no ingleses como motivos legítimos para detenciones.
Te puede interesar: Trump amenaza con usar al ejército por las protestas contra el ICE en Minnesota
Un patrón evidente
En conjunto, estos cambios tienen consecuencias prácticas.
Cuando se deja de recopilar información sobre disparidades raciales, la discriminación se vuelve más difícil de detectar. Al abandonar el análisis de impacto dispar, prácticas injustas sin justificación legítima quedan sin cuestionarse. Al intimidar programas de diversidad mediante investigaciones y amenazas presupuestarias, las instituciones reducen las oportunidades. Al presentar la historia y el lenguaje como amenazas a la unidad, se socavan la verdad y la libertad de pensamiento y expresión.
Funcionarios de la administración sostienen que estas medidas buscan evitar la discriminación contra personas blancas, promover la unidad y garantizar una “igualdad sin distinción racial”, citando una decisión del Tribunal Supremo contra la acción afirmativa en admisiones universitarias. Sin embargo, ese fallo no prohibió reconocer la desigualdad racial ni aplicar políticas neutrales para reducirla, y muchas acciones se basan en acusaciones generales de ilegalidad sin pruebas concretas.
La aplicación selectiva de estas políticas también resulta reveladora.
Se retiraron libros sobre racismo y derechos civiles de bibliotecas militares, mientras se mantuvieron obras que elogian ideas nazis o sostienen diferencias raciales de inteligencia. Se suspendió la admisión de refugiados —más del 90 % procedentes de África, Asia y América Latina—, pero luego se reabrió el programa para sudafricanos blancos.
Tras un año, el patrón es innegable.
La administración no se limita a aplicar normas neutrales: está desmantelando los sistemas que ayudaron a Estados Unidos a avanzar hacia una democracia más abierta e igualitaria, sustituyéndolos por políticas que restringen selectivamente el acceso a la participación económica, cultural y educativa.
El resultado no es solo un cambio de políticas, sino un giro profundo en la trayectoria de la democracia estadounidense.
Este artículo fue publicado originalmente por The Conversation
Sigue la información sobre el mundo en nuestra sección internacional
