La policía que investiga el tiroteo que sufrió el director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, el 4 de diciembre de 2024, anunció que el presunto agresor había utilizado una pistola impresa en 3D. Varios delitos de alto perfil en los últimos años han involucrado este tipo de arma casera, o parcialmente casera.
A menudo llamadas “pistolas fantasma” porque pueden ser difíciles de rastrear, estas armas de fuego pueden estar fabricadas parcial o totalmente con componentes que se produjeron en metal o plástico en impresoras 3D disponibles comercialmente. La Corte Suprema de Estados Unidos está considerando la legalidad de las restricciones federales actuales sobre estas armas de fuego.
El primer caso penal conocido que involucraba una pistola impresa en 3D resultó en el arresto de un hombre del Reino Unido en 2013, pero desde entonces, la policía de todo el mundo ha informado que encontró un número cada vez mayor de estas armas.
Los arrestos e incautaciones relacionados con armas impresas en 3D están aumentando rápidamente. Entre 2017 y 2021, las fuerzas del orden de Estados Unidos incautaron y denunciaron casi 38,000 presuntas armas fantasma, según un informe de 2024 de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos. Solo en 2021, se rastrearon 19,273 presuntas armas fantasma, un aumento significativo respecto de las 8.504 de 2020. Solo en el estado de Nueva York, el número de armas impresas en 3D incautadas aumentó drásticamente, de 100 en 2019 a 637 en 2022.
Los arrestos relacionados con armas impresas en 3D también están aumentando. En el primer semestre de 2023, se registraron 108 arrestos en todo el mundo, en comparación con los 66 en todo 2022.
América del Norte lidera los arrestos relacionados con armas impresas en 3D, con 166 casos entre 2013 y junio de 2023. Le sigue Europa con 48, mientras que Oceanía ocupa el tercer lugar con 24.
Estados Unidos es un foco de atención particular, con el 36% del total de arrestos mundiales relacionados con armas de fuego impresas en 3D en 2023. Pero Canadá le sigue de cerca, con el 34%. El Reino Unido tiene el 10% y Australia el 8%.
Los informes de la policía y los medios de comunicación indican que muchos esfuerzos para adquirir o fabricar armas de fuego impresas en 3D estaban relacionados con planes de acciones violentas.
Estas armas han sido utilizadas por diversos grupos, incluidos extremistas de extrema derecha, etnoseparatistas, yihadistas, anarquistas de izquierda, grupos del crimen organizado en Europa y rebeldes prodemocráticos en Myanmar.
Desde 2019 hasta mediados de 2022, hubo al menos nueve casos documentados en Europa y Australia de extremistas, terroristas o grupos paramilitares que produjeron o intentaron producir armas de fuego utilizando tecnología de impresión 3D. Un análisis de 165 casos de armas de fuego impresas en 3D desde 2013 hasta mediados de 2024 revela que el 15% estaban vinculados al terrorismo. Los grupos de extrema derecha parecen ser los usuarios más frecuentes entre los casos relacionados.
A menudo, las armas impresas en 3D son armas de fuego caseras sin números de serie. Esta falta de identificación las hace atractivas para los delincuentes porque es más difícil para las fuerzas del orden vincular armas específicas con delitos o sospechosos particulares. Los distintos países adoptan enfoques muy diferentes para regular estas armas.
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La Constitución de los Estados Unidos plantea algunos desafíos únicos para la regulación de las armas fantasma, especialmente para el gobierno federal, pero también para los estados.
Para las armas de fuego comunes, es decir, las que no se producen mediante impresión 3D, la ley federal de los Estados Unidos exige que un componente clave, llamado receptor inferior, tenga un número de serie único. La compra de un receptor inferior requiere una verificación de antecedentes federales y la realización de la transacción a través de un comerciante que tenga una Licencia Federal de Armas de Fuego.
La situación es más complicada cuando se trata de armas impresas en 3D. La Primera Enmienda de la Constitución protege la libertad de expresión, que incluye compartir archivos digitales que podrían contener diseños de armas de fuego. Y la Segunda Enmienda protege el derecho de los ciudadanos a portar armas.
EU se enfrenta a una encrucijada para regular armas impresas en 3D
En los Estados Unidos, la venta de armas de fuego impresas en 3D requiere una licencia federal. Pero está permitido producir o poseer armas de fuego caseras para uso personal. Eso incluye la impresión 3D del componente del receptor inferior y ensamblar el resto del arma con piezas no reguladas.
La ley federal actual, que está siendo revisada por la Corte Suprema, también exige que las armas impresas en 3D cumplan con pautas específicas, incluso si no contienen ningún componente de armas de fuego regulado actualmente. Según la norma, los fabricantes de kits de armas fantasma deben obtener una licencia federal, realizar verificaciones de antecedentes, registrar información sobre sus clientes y agregar números de serie a sus productos.
El tipo de arma también importa a la hora de determinar la legalidad de un arma de fuego impresa en 3D. Las armas automáticas, o ametralladoras, pueden seguir disparando municiones mientras el usuario mantenga presionado el gatillo. Estas armas fueron reguladas estrictamente por la ley federal durante casi 90 años.
Los delincuentes han utilizado impresoras 3D para producir “interruptores Glock” o fiadores automáticos, que convierten las armas de fuego semiautomáticas en ametralladoras completamente automáticas. Eso convierte esos artículos en ametralladoras según la ley federal, lo que los hace ilegales. Poseer este tipo de dispositivo de conversión impreso en 3D puede dar lugar a un máximo de 10 años de prisión federal y una multa de 250,000 dólares.
Para noviembre de 2024, 15 estados de EU habían establecido regulaciones sobre las armas fantasma, aunque los requisitos exactos varían. Las reglas generalmente requieren un número de serie, verificaciones de antecedentes para la compra de componentes de armas de fuego e informar a las autoridades de que una persona está produciendo armas impresas en 3D.
* Nir Kshetri es profesor de Gestión en University of North Carolina – Greensboro
Texto publicado originalmente en The Conversation.
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3D-printed guns, like the one allegedly used to kill a health care CEO, are a growing threat in the US and around the world
Police investigating the shooting of UnitedHealthcare CEO Brian Thompson on Dec. 4, 2024, have announced that the suspected assailant had used a 3D-printed gun. Several high-profile crimes in recent years have involved this kind of homemade, or partially homemade, weapon.
Often called “ghost guns” because they can be hard to trace, these firearms can be either partially or completely made with components that have been produced in metal or plastic on commercially available 3D printers. The U.S. Supreme Court is considering the legality of current federal restrictions on these firearms.
The first known criminal case involving a 3D-printed gun resulted in the arrest of a U.K. man in 2013. But since then, police worldwide have reported finding increasing numbers of these weapons.
My research focuses on the economic and social effects of advanced digital technologies, including 3D printing. I see that the use of 3D-printed guns in criminal and violent activities is likely to continue to increase. And it will likely prove ever harder for governments and police to regulate these firearms.
Surge in arrests and seizures
Arrests and seizures connected to 3D-printed guns are escalating quickly. Between 2017 and 2021, U.S. law enforcement agencies seized and reported nearly 38,000 suspected ghost guns, according to a 2024 report from the U.S. Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives. In 2021 alone, 19,273 suspected ghost guns were traced, a significant increase from 8,504 in 2020. The number of seized 3D-printed guns in New York state alone surged dramatically, from 100 in 2019 to 637 in 2022.
Arrests linked to 3D-printed guns are also rising. The world recorded 108 arrests in the first half of 2023, compared to 66 arrests in all 2022.
North America leads in 3D-printed gun-related arrests, with 166 cases from 2013 to June 2023. Europe followed with 48 arrests, while Oceania ranked third with 24 arrests.
The U.S. is a particular hot spot, with 36% of total global arrests related to 3D-printed firearms in 2023. But Canada is close behind, with 34%. The U.K. had 10%, and Australia had 8%.
Growing global security threat
Police and media reports indicate that many efforts to acquire or manufacture 3D-printed firearms were connected to plans for violent actions.
These guns have been used by diverse groups including far-right extremists, ethno-separatists, jihadists, left-wing anarchists, organized crime groups in Europe and pro-democracy rebels in Myanmar.
From 2019 to mid-2022, there were at least nine documented cases in Europe and Australia of extremists, terrorists or paramilitary groups either producing or attempting to produce firearms using 3D-printing technology. An analysis of 165 cases of 3D-printed firearms from 2013 to mid-2024 reveals that 15% were linked to terrorism. Far-right groups appear to be the most frequent users among terrorism-related cases.
A widely varied legal landscape
Often, 3D-printed guns are homemade firearms without serial numbers. This lack of identification makes them attractive to criminals because it is harder for law enforcement to link specific guns to particular crimes or suspects. Different countries take very different approaches to regulating these weapons.
Japan enforces stringent laws governing the manufacture, possession and sales of firearms. Its legal system strictly prohibits unauthorized firearm production, including 3D-printed guns. In 2014, a 28-year-old Japanese man was sentenced to two years in prison for producing plastic 3D-printed firearms.
In 2023, Canada effectively banned ghost guns. It is illegal to possess or manufacture them without a license from the government.
In Australia, making a 3D-printed firearm is illegal, and in some states, possessing a digital blueprint to create one is also an offense. In the state of New South Wales, a person convicted of possessing blueprints can face up to 14 years in prison. In Tasmania state, the punishment can be even more severe – up to 21 years in prison.
Across the European Union, making or owning homemade firearms, including 3D-printed ones, is broadly prohibited. However, laws and penalties vary, with some nations criminalizing even the possession of digital files or blueprints related to 3D-printing guns.
In the U.K., where firearms are very restricted, 3D-printed guns have been considered illegal. But in November 2022, the government updated the laws to specifically ban possessing, buying or producing parts for 3D-printed guns. The proposal aims to explicitly ban 3D-printed guns, addressing their unique challenges directly, rather than relying on existing laws designed for traditional firearms. The U.K. National Crime Agency has called for a ban on possessing blueprints as well, and Parliament is currently considering two bills proposing such a ban.
Federal rules in the US
The U.S. Constitution poses some unique challenges to regulating ghost guns, especially for the federal government, but also for states.
For regular firearms – that is, those not produced by 3D printing – U.S. federal law requires that a key component, called the lower receiver, bear a unique serial number. Purchasing a lower receiver requires a federal background check and conducting the transaction through a merchant who holds a Federal Firearms License.
The situation is more complicated when it comes to 3D printing weapons. The First Amendment to the Constitution protects freedom of expression, which includes sharing digital files that could contain firearm designs. And the Second Amendment protects citizens’ right to bear arms.
In the U.S., selling 3D-printed firearms requires a federal license. But producing or owning homemade firearms for personal use is allowed. That includes 3D-printing the lower receiver component, and assembling the rest of the weapon with unregulated parts.
Current federal law, under review by the Supreme Court, also requires 3D-printed guns meet specific guidelines, even if they do not contain any currently regulated firearms components. Under the rule, makers of ghost gun kits must obtain a federal license, conduct background checks, record information about their customers and add serial numbers to their products.
The type of weapon also matters when determining the legality of a 3D-printed firearm. Automatic weapons, or machine guns, can continue to fire ammunition as long as the user holds the trigger down. These weapons have been heavily regulated by federal law for almost 90 years.
Criminals have used 3D printers to produce “Glock switches” or auto-sears, which convert semi-automatic firearms into fully automatic machine guns. That turns those items into machine guns under federal law, making them illegal. Owning this kind of 3D-printed conversion device can lead to a maximum of 10 years in federal prison and a $250,000 fine.
In the states
The states can also regulate firearms, and many are trying to get control of 3D-printed guns.
By November 2024, 15 U.S. states had established regulations on ghost guns, though exact requirements vary. The rules typically require a serial number, background checks for firearm component purchases and reporting to authorities that a person is producing 3D-printed guns.
For instance, in New Jersey, a 2019 law mandates that all ghost guns have a serial number and be registered. Under current New York law, possession or distribution of a 3D-printed gun is classified as a misdemeanor. However, a proposed law seeks to elevate the manufacturing of firearms using 3D-printing technology to a felony offense.
As technology advances and rules evolve, criminals who use 3D-printed firearms will continue to pose threats to public safety and security, and governments will continue playing catch-up to effectively regulate these weapons.
Nir Kshetri, Professor of Management, University of North Carolina – Greensboro
This article is republished from The Conversation under a Creative Commons license. Read the original article.
