Durante dos semanas, el nuevo gobierno del presidente Donald Trump ha estado trabajando para reestructurar el Departamento de Justicia, encargado de hacer cumplir la ley en Estados Unidos. El encargado de la reestructuración es Emil Bove, un abogado que defendió a Trump en un caso penal derivado de un pago a una estrella porno para que guardara silencio.
Bove, de 43 años, se mantuvo en gran medida en segundo plano durante el juicio penal del año pasado, dejando que su abogado codefensor se dirigiera al jurado mientras su cliente, entonces candidato a la Casa Blanca, hablaba a las cámaras de noticias en el pasillo de la sala del tribunal.
Ahora, como fiscal general adjunto interino, Bove ha estado al frente y en el centro, firmando cambios de políticas audaces destinados a eliminar lo que Trump llama sesgo político pero que los críticos dicen amenazan la independencia tradicional del Departamento de Justicia de la Casa Blanca.
“Si quieres a alguien que se ponga manos a la obra desde el primer momento, él es el indicado”, dijo Brendan Quigley, quien en 2016 junto con Bove logró la condena en juicio de dos sobrinos de la primera dama de Venezuela por cargos de tráfico de drogas en la oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, que incluye Manhattan.
“Él no es de los que rehúyen una pelea”, dijo Quigley, ahora socio del bufete de abogados Baker Botts.
Bove es responsable de las operaciones diarias de los más de 110,000 empleados del Departamento de Justicia hasta que el Senado de Estados Unidos confirme a Todd Blanche , el elegido permanente de Trump. Una vez que Blanche, que también defendió a Trump en el caso del dinero para silenciarlo, sea confirmado, se espera que Bove trabaje como su principal adjunto.
El martes por la noche, el Senado de Estados Unidos, liderado por los republicanos, confirmó a Pam Bondi, la candidata de Trump para fiscal general. La ex fiscal general del estado de Florida representó a Trump durante su primer juicio político.
Antes de trabajar como abogado defensor de Trump, Bove tenía una vasta experiencia como fiscal penal. Logró condenas por terrorismo y tráfico de drogas de alto perfil, y una vez supervisó un caso en el que un error en la presentación de pruebas provocó la reprimenda de un juez.
La naturaleza temporal del nombramiento de Bove no le ha disuadido de implementar cambios polémicos en las políticas en dos frentes: la investigación del ataque de los partidarios de Trump el 6 de enero de 2021 al Capitolio de Estados Unidos y la aplicación de la ley migratoria.
Horas después de ingresar a la Casa Blanca, Trump indultó a casi todas las 1,590 personas acusadas de disturbios en el Capitolio en un intento fallido de evitar que el Congreso certificara la derrota del expresidente demócrata Joe Biden sobre Trump, un republicano, en las elecciones de 2020. Trump ha prometido buscar venganza contra los enemigos percibidos.
En un memorando del viernes al que tuvo acceso Reuters, Bove ordenó el despido de todos los fiscales que habían sido contratados en régimen de prueba para trabajar en casos relacionados con el 6 de enero. El jueves pasado, les dijo a los principales fiscales federales de cada estado que elaboraran una lista de todos los fiscales y agentes del FBI involucrados en la investigación del 6 de enero.
Te puede interesar: Así ha respondido el mundo a Trump tras decir que quiere mover a los palestinos de Gaza
El equipo de Trump renueva el Departamento de Justicia de EU con su ex abogado personal al mando
Jamie Raskin, el principal demócrata en el comité judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, calificó el viernes los ataques contra los fiscales y agentes del FBI del 6 de enero como una “afrenta repulsiva al estado de derecho”.
Trump ha prometido tomar medidas enérgicas contra la inmigración ilegal y aumentar las deportaciones. El 21 de enero de 2025, el segundo día de Bove en el cargo, ordenó a los fiscales federales que investigaran a los funcionarios locales que se negaran a ayudar a las autoridades federales de inmigración.
Posteriormente, Bove anunció una investigación de un alguacil local en el norte del estado de Nueva York por la supuesta liberación de un inmigrante que vivía ilegalmente en Estados Unidos. El 26 de enero, Bove viajó a Chicago para presenciar cómo agentes estadounidenses arrestaban al menos a un inmigrante, una medida inusual para un alto funcionario del Departamento de Justicia.
Raskin, profesor de derecho constitucional durante más de 25 años, dijo que las directivas de inmigración conducirían al caos y la división.
Un portavoz del Departamento de Justicia se negó a hacer comentarios.
Bove trabajó en el Distrito Sur de Nueva York, conocido por procesar delitos financieros de alto perfil y casos de seguridad nacional, desde 2012 hasta 2021. Consiguió la condena del hermano de un expresidente hondureño por cargos de drogas y la declaración de culpabilidad de un hombre de Nueva York que intentó apoyar al Estado Islámico.
En 2023, Bove se asoció con Blanche en el caso del dinero para silenciar a sus seguidores. Trump fue finalmente declarado culpable. Fue la primera condena penal de un presidente estadounidense, pasado o presente. Trump está apelando.
Mientras se desempeñaba como codirector de la unidad internacional de terrorismo y narcóticos, hacia el final de su mandato en el Distrito Sur, Bove supervisó un caso en el que se revocó la condena de un banquero por cargos de violación de las sanciones estadounidenses contra Irán porque se descubrió que los fiscales habían entregado demasiado tarde a la defensa un documento potencialmente exculpatorio.
Bove escribió en una declaración de octubre de 2020 que se enteró por primera vez del documento después de que los fiscales que él supervisaba ya lo habían entregado a mitad del juicio.
La jueza de ese caso, Alison Nathan, escribió que los jefes de unidad “parecen haber ofrecido poco en cuanto a supervisión”, pero no encontró pruebas de que los fiscales retuvieran documentos intencionalmente. Instó a la Oficina de Responsabilidad Profesional (OPR) del Departamento de Justicia a investigar la posible mala conducta.
La OPR concluyó que la conducta de los miembros del equipo de juicio fue “defectuosa”, pero que ninguno de los fiscales incurrió en “mala conducta intencional o imprudente”, según un resumen de la investigación de noviembre de 2023 y una persona familiarizada con el asunto.
Con información de Reuters.
Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado
