La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que la Cámara de Diputados dio marcha atrás a la defensa de los derechos fundamentales con la aprobación de la reforma a la Ley de Amparo, la cual abre la puerta que las decisiones judiciales respondan a intereses políticos en lugar de apegarse a la Constitución.
“Esta reforma a la Ley de Amparo representa un golpe más a la tutela de derechos en México”, declaró el organismo a cargo de Juan José Sierra Álvarez.
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La Cámara de Diputados, en lugar de avanzar en la progresividad y consolidar mecanismos que amplíen su alcance y eficacia, con la aprobación de la reforma a la Ley de Amparo “está restringiendo su aplicación y debilitando la capacidad de protección de derechos fundamentales”.
“Esta reforma ( a la Ley de Amparo) no solo frena su avance, sino que lo revierte, limitando la capacidad de la ciudadanía para hacer valer sus garantías constitucionales”, expresó el sindicato patronal.
Agregó que la Ley de Amparo aprobada por la Cámara de Diputados limita el alcance de las sentencias que declaran la inconstitucionalidad de normas generales, así como se deja en estado de indefensión a millones de personas, especialmente a quienes no cuentan con los recursos para costear un abogado y promover su propia demanda cuando algún derecho les sea violentado o restringido.
“Históricamente, el juicio de amparo ha sido un gran recurso con el que la ciudadanía puede protegerse de los abusos de poder, gracias al Amparo, se han revertido decisiones arbitrarias y se han corregido normas que vulneran derechos esenciales”, recordó.
El organismo dijo que restringir los efectos a quienes presenten un recurso individual de Amparo, rompe con el principio de justicia y equidad, pues solo quienes tengan la capacidad económica de litigar podrán beneficiarse de fallos que reconozcan violaciones constitucionales.
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La argumentación de quienes impulsaron la reforma a la Ley de Amparo carece de fundamento y atenta contra la convencionalidad y la progresividad de los derechos, comentó.
“Asegurar que el amparo ha sido utilizado como una estrategia de grupos de poder para frenar políticas públicas es un pretexto para debilitar un contrapeso esencial en cualquier democracia”, mencionó.
Más allá de casos específicos, el impacto de la reforma a la Ley del Amparo es claro: “facilita la imposición de normas injustas sin posibilidad de que sean corregidas en favor de toda la sociedad”.
Además, el dictamen aprobado de la Ley del Amparo introduce cambios que afectan la independencia del Poder Judicial.
“La eliminación del sistema de salas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la reducción del número de votos requeridos para declarar la inconstitucionalidad de una norma generan incertidumbre y minan la certeza jurídica que nuestro país necesita”, destacó Coparmex.
Sostuvo que se abre el riesgo de que las decisiones judiciales respondan a intereses políticos “en lugar de apegarse estrictamente a la Constitución, se vuelve aún más evidente”.
“En cualquier sistema democrático, los derechos deben evolucionar en favor de su mayor reconocimiento y protección, no en sentido contrario”, apuntó.
La Confederación Patronal de la República Mexicana dijo que han defendido y seguirán defendiendo, el Estado de Derecho como la base para el desarrollo y el bienestar de México.
“Esta reforma es contraria a la Constitución y atenta contra el derecho de todas las personas a vivir bajo un marco normativo que garantice igualdad y justicia”.
“No podemos permitir que se desdibuje uno de los pilares del orden jurídico mexicano bajo el argumento de evitar abusos que, en todo caso, podrían corregirse sin necesidad de debilitar la protección de los ciudadanos”, concluyó.
