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    Julia Elena Abdalá Lemus, pareja del ex director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, admitió haber recibido depósitos por un total de 4.5 millones de dólares en sus cuentas bancarias, en el marco de un acuerdo comercial con la familia Weinberg, esto tras una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

    Este grupo es señalado por las autoridades federales como prestanombres y colaboradores cercanos de Genaro García Luna en una red de corrupción.

    Según Abdalá Lemus, los depósitos fueron el resultado de la venta de un hotel boutique en la colonia Anzures de la Ciudad de México, cerca del Camino Real. Esta afirmación fue corroborada tras la investigación realizada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

    En una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, Abdalá explicó que “las transferencias de 4.5 millones de dólares corresponden a la venta de un edificio que operaba como hotel boutique. La transferencia fue realizada el 1 de mayo de 2012, mediante escritura 5926, tiempo en el que Manuel Bartlett no era senador y, por lo tanto, no se consideraba una persona políticamente expuesta”. También detalló que la venta fue efectuada a la familia Weinberg, quienes pagaron a través de sus empresas.

    Del monto total, 2.642 millones de dólares fueron transferidos a sus cuentas personales, mientras que 1.890 millones de dólares fueron depositados en cuentas vinculadas a Roybell International Inc., una empresa offshore panameña bajo su control, según los documentos obtenidos por MCCI.

    Estas transferencias ocurrieron entre julio de 2012 y mayo de 2017, periodo durante el cual Manuel Bartlett era senador del Partido del Trabajo y ya era parte del movimiento político encabezado por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

    La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga estos movimientos de dinero como parte de una demanda civil presentada en 2021 en una corte de Florida. El objetivo de esta acción es recuperar los fondos públicos presuntamente desviados por García Luna mediante el entramado empresarial de la familia Weinberg. García Luna está acusado de liderar una red de corrupción que permitió que diversas empresas, como Nunvav Inc., Nunvav Technologies Inc. y Nice Systems Ltd., se beneficiaran ilegalmente de contratos públicos por más de 630 millones de dólares, otorgados entre 2009 y 2018 durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Estas empresas estaban vinculadas al conglomerado familiar encabezado por Mauricio Samuel Weinberg López y su hijo Jonathan Alexis Weinberg Pinto.

    Según los documentos de la demanda civil revisados por MCCI, el 12 de junio de 2024, tras las elecciones que llevaron a Claudia Sheinbaum a la presidencia, la jueza Lisa Walsh solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que obtuviera información bancaria sobre diversos individuos, entre ellos Julia Abdalá, relacionados con las transferencias.

    Aunque la respuesta de la CNBV es confidencial, en agosto de 2024, durante la transición presidencial, la UIF presentó una moción para que la familia Weinberg entregara documentos que justificaran el propósito de las transferencias a Abdalá y su empresa. En un interrogatorio realizado en junio de 2024, Samuel Weinberg López confirmó que mantenía una relación de amistad de más de 20 años con Bartlett y Abdalá.

    El 20 de agosto de 2024, los Weinberg afirmaron haber entregado a la UIF los documentos necesarios para identificar el propósito de las transferencias a Abdalá y Roybell International Inc.

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