Ciudad de México.- Mauricio Samuel Weinberg López y su hijo, Alexis Weinberg Pinto, señalados como parte de la red de desvío de recursos y lavado de dinero de Genaro García Luna, llegaron a un acuerdo con el gobierno de México con el que pidieron a una corte en Miami desestimar el litigio civil en su contra, reportó el sitio web de Proceso.
El medio recordó que los Weinberg fueron señalados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como prestanombres de García Luna, por lo que fueron incluidos en la demanda planteada contra el exsecretario de Seguridad Pública, en la que él y su esposa ya fueron condenados a pagar 2,488 millones de dólares al gobierno mexicano por participar en un esquema de lavado de dinero.
Proceso agregó que tras llegar a un acuerdo confidencial con el gobierno mexicano, tanto la UIF como los Weinberg presentaron ante la Corte del Décimo Primer Circuito Judicial en Miami-Dade una petición para desechar la demanda contra los empresarios.
La UIF informó más tarde este miércoles que retiró de forma voluntaria su demanda en Miami contra los socios de García Luna.
Señaló en un comunicado que las partes han solicitado a la jueza del caso “conservar su jurisdicción para dictar una sentencia sólo si ésta surge del acuerdo que se haya alcanzado”.
“Cabe señalar que el retiro voluntario de la acción no afectaría la sentencia en contra de García Luna, su esposa y empresas, pues, en su caso, se solicitaría posterior a su fallo condenatorio”, indicó.
La información apuntó que, en el marco del juicio para la recuperación de activos entablado por México en contra de García Luna y sus socios, la jueza Lisa Walsh “autorizó la continuación del diálogo entre las partes para mantener la búsqueda de un acuerdo más allá de la etapa obligatoria de mediación”.
Inclusive, la nota indicó que el diálogo continuará durante el periodo que previamente había sido definido para la etapa de juicio, mismo que comprendió el lapso entre el 28 de abril y el 23 de mayo de 2025.
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El comunicado informó que “las partes han avanzado sustancialmente para concretar el acuerdo que permitirá al Estado mexicano profundizar el conocimiento de la trama de corrupción investigada” y la recuperación de bienes derivados de ésta, dicho acuerdo “no pudo suscribirse antes de la fecha límite señalada”.
Debido a ello, las partes solicitaron a la jueza Walsh la medida del retiro voluntario de la demanda sin perjuicio, conforme a la cual, una vez que se resuelva la viabilidad del acuerdo será sometido a su jurisdicción para que lo haga cumplir y dicte la sentencia correspondiente.
“O bien, de no concretarse el acuerdo y dentro de un término de 30 días, el Estado mexicano podrá presentar nuevamente la demanda ante el mismo tribunal para seguir el curso procesal del juicio hasta la sentencia”, añadió.
Conforme a la Regla 1.420(a)(1) del Código de Procedimientos Civiles de la Florida, “México puede retirar su demanda de manera voluntaria en cualquier momento”.
Aunque regularmente el efecto del retiro voluntario implica terminar el procedimiento sin una resolución judicial de fondo, en “este caso las partes han solicitado a la jueza que conserve jurisdicción para dictar una sentencia solo si ésta surge del acuerdo que se haya alcanzado”, expuso el comunicado.
En caso de no perfeccionarse el acuerdo, “se mantiene abierta la posibilidad de volver a presentar la demanda, ya que no se habrá resuelto el fondo del actual procedimiento”, puntualizó.
El 22 de mayo, una corte estadounidense dictó sentencia final contra García Luna y su esposa, Linda Cristina Pereyra, quienes deberán pagar en conjunto 2,488 millones de dólares al Estado mexicano por su participación en una red de sobornos en licitaciones públicas.
La sentencia fue dictada por la jueza Walsh, luego de que el Gobierno mexicano interpusiera una demanda contra el exfuncionario, quien está preso en Estados Unidos tras ser condenado por tráfico de droga, lavado de dinero, conspiración y enriquecimiento ilícito.
García Luna, de 56 años, fue arrestado en Dallas en 2019 y en febrero de 2023 fue declarado culpable de cinco delitos por tráfico de cocaína, relación con una empresa criminal (el Cártel de Sinaloa) y falso testimonio tras un juicio con jurado.
Con información de EFE
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