Ciudad de México, (EFE).- El sector financiero mexicano está ante los reflectores de Estados Unidos y reguladores, tras las acusaciones del Departamento del Tesoro que involucran a dos bancos y una casa de bolsa del país por su presunto papel en una red de lavado de dinero relacionada con el narcotráfico, en especial, al fentanilo y otros opioides sintéticos.
Las entidades señaladas son los bancos CI Banco e Intercam y la casa de bolsa Vector, y entre las tres suman activos de cerca de 440,000 millones de pesos en conjunto (22,000 millones de dólares). Desde el jueves, se encuentran intervenidas de forma temporal por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
“Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector, están permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses, al transferir dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en piezas clave en la cadena de suministro de fentanilo”, afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, al hacer públicas las acusaciones.
Dos pequeños bancos, sin riesgo sistémico
CI Banco, que cuenta con 214 sucursales en México, tiene 7,000 millones de dólares en activos, mientras que Intercam tiene 60 sucursales y 4,000 millones de dólares en activos.
Entre ambos apenas suponen el 2% de los activos totales del sector bancario mexicano.
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“Los bancos, como cualquier negocio, requieren líneas de financiamiento, hubo algunos problemas en las líneas de financiamiento para estas instituciones financieras. Son bancos de pequeña escala que van al mercado a financiarse. No quisimos tomar riesgos, lo importante es proteger a los ahorradores y proteger la integridad del sistema financiero”, declaró este viernes el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, al justificar la intervención del gobierno federal.
Una Casa de Bolsa cercana a un asesor de AMLO
Vector Casa de Bolsa fue fundada por Alfonso Romo, empresario y antes jefe de la oficina de la Presidencia durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador. Datos del regulador financiero apuntan que gestiona activos por 11,000 mdd.
Esta institución también opera en el mercado de divisas y fondos de inversión y presenta como presidente de su Consejo de Administración a Raúl Gerardo Farías Arizpe.
Las tres firmas han negado las acusaciones y se han mostrado abiertas a colaborar con las autoridades regulatorias.
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El gobierno pide “pruebas”
En medio de estas acusaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum exigió a las autoridades estadounidenses que presenten “pruebas” sobre las acusaciones y argumentó que son solo “dichos”; aunque apuntó que, de comprobarse las actividades ilícitas se actuaría y no habría impunidad.
La Secretaría de Hacienda explicó que, aunque el Tesoro notificó antes del anuncio a la Unidad de Inteligencia Financiera, no ha entregado pruebas que respalden los vínculos entre las instituciones y delitos financieros.
Hasta ahora, las entidades financieras y el gobierno han precisado que las únicas evidencias verificables son transferencias ordinarias entre empresas mexicanas y firmas chinas legalmente constituidas, en el contexto de un comercio bilateral superior a los 139,000 millones de dólares anuales.
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