La lucha del gobierno de Claudia Sheinbaum para reducir el déficit fiscal puede inhibir los avances alcanzados en seguridad, que es fundamental para impulsar la inversión y el crecimiento económico, advierte el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
“Hoy es fundamental fortalecer los recursos destinados a la seguridad, porque el ajuste del gasto con el objetivo de reducir el déficit podría inhibir avances en esta materia”, afirma el órgano asesor del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
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Las cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) muestran que en el primer semestre de 2025 el gasto destinado a Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior se contrajo 13.3 por ciento, asegura la institución encargada de elaborar el análisis e investigación de la coyuntura económica desde 1963.
Entre enero y junio de 2024, el presupuesto para reducir la inseguridad, que es fundamental para impulsar la inversión y el crecimiento económico, aumentó 31.1 por ciento, comenta el centro líder de investigación económico.
“Combatir la inseguridad no es cosa fácil, pero es una necesidad inmediata, por lo que es urgente una estrategia que contemple una mejora del sistema de seguridad pública y procuración e impartición de justicia”, apunta el CEESP.
Otro factor de riesgo en México fue la aprobación de la reforma judicial, la cual puede limitar avances importantes en materia de seguridad, agrega.
“Es claro que reducir la inseguridad es uno de los desafíos más difíciles para el país, toda vez que se ha consolidado como uno de los principales factores que puede obstaculizar el crecimiento económico”, agrega.
Los elevados niveles de violencia y la constante impunidad son problemas que atentan contra la paz, la estabilidad y el bienestar de la sociedad, expresa.
El ranking del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia muestra que, en 2025, cinco de las ciudades más violentas del mundo se encuentran en México.
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Los problemas de inseguridad pública continúan siendo considerados como el principal factor que podría obstaculizar el crecimiento de la actividad económica, manifiesta.
“Si bien las autoridades se han esforzado por hacer frente a esta situación, los resultados no han sido suficientes. De hecho, en meses recientes la percepción de la población adulta refleja mayores niveles de preocupación”, precisa el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado.
Los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU) muestran que, en junio de este año, 63.2 por ciento de la población mayor de 18 años consideró inseguro vivir en su ciudad, lo que representa el porcentaje más elevado desde el reportado en diciembre del 2022.
Además, la mayoría de la población adulta no tiene una buena expectativa en el tema de seguridad, toda vez que el 57.9 por ciento considera que los próximos doce meses los niveles de seguridad seguirán igual de elevados que el nivel actual o empeorarán.
“Esta preocupación refleja en buena medida el aumento de la victimización en el hogar, toda vez que se estima que, durante el primer semestre del año, 30.8 por ciento de los hogares tuvo, al menos, un integrante que fue víctima del delito, porcentaje que supera al 25.9 por ciento reportado en el mismo lapso del año pasado”.
“Evidentemente esto está en línea con una opinión menos favorable sobre el desempeño de las autoridades de seguridad pública”, comenta.
Después del crimen y la falta de estado de derecho, la corrupción se mantiene como el tercer obstáculo más importante para hacer negocios en México, lo que aumenta la incertidumbre y eleva la cautela para la inversión productiva, explica el CEESP.
