La nueva participación del gobierno estadounidense en Intel preocupa a algunos inversores, ya que el acuerdo del presidente Donald Trump presagia una era de intromisión gubernamental en la industria privada, sobre todo porque el acuerdo se produjo tras la petición de Trump de dimisión del director ejecutivo del fabricante de chips.
El acuerdo, anunciado el viernes, convierte 11,100 millones de dólares procedentes de subvenciones de la Ley de Chips y otros fondos gubernamentales en una participación del 9.9% en Intel. El comunicado de prensa de la compañía que anunció el acuerdo incluyó declaraciones de los directores ejecutivos de Microsoft, Dell y otras empresas elogiando la medida.
Los inversores señalaron que este nivel de flexibilidad no suele asociarse con las relaciones entre las empresas y Washington. Trump había declarado en redes sociales que el director ejecutivo de Intel, Lip-Bu Tan, quería conservar su puesto y “terminó dándonos 10,000 millones de dólares para Estados Unidos”.
“Sienta un mal precedente que el presidente pueda simplemente quedarse con el 10% de una empresa amenazando al director ejecutivo”, declaró James McRitchie, inversor privado y activista accionista en California, propietario de acciones de Intel. La declaración, afirmó, transmite el mensaje de que “amamos a Trump, no queremos que nos quiten el 10% de nuestra empresa”.
Las acciones de Intel cerraron a 20.41 dólares el 6 de agosto, un día antes de que Trump pidiera la dimisión de Tan, y mostraron una tendencia alcista hasta cerrar a 24.56 dólares el 15 de agosto, el último día de negociación antes de que se conocieran los términos de Trump.
El martes, Intel cerró con una baja del 1%, a 24.35 dólares. El acuerdo no otorga puestos en la junta directiva del Departamento de Comercio de EU, de acuerdo con un documento presentado ante el regulador bursátil, y exige que el Departamento de Comercio apoye a la junta en la nominación y propuesta de directores. Sin embargo, el Departamento de Comercio puede votar “a su antojo” en varios otros asuntos.
Fitch Ratings afirmó que el acuerdo no mejora la calificación crediticia BBB de Intel, que se sitúa justo por encima de la categoría de bono basura. Si bien proporciona mayor liquidez, no mejora significativamente la demanda de chips Intel por parte de los clientes, según indicó Fitch en una nota de investigación el martes.
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Derechos de votos reducidos
La presentación de Intel también afirma que el acuerdo diluye a los accionistas existentes, reduce sus derechos de voto y podría someter a la compañía a regulaciones o restricciones adicionales en otros países. Además, el director ejecutivo Tan afirmó que Intel no necesitaba el dinero. SoftBank invirtió 2,000 millones de dólares en el fabricante de chips tres días antes del anuncio de Trump.
Esta fue la última intervención extraordinaria de la Casa Blanca de Trump en una corporación privada, tras un acuerdo militar por una participación en una empresa minera anunciado en julio y la influencia sobre U.S. Steel como parte de su compra por parte de la japonesa Nippon Steel.
El martes, el secretario de Comercio de EU, Howard Lutnick, afirmó que la administración Trump podría adquirir participaciones en contratistas de defensa.
Sin embargo, las medidas de EU podrían considerarse normales en varios países europeos y asiáticos cuyos gobiernos ya poseen participaciones en importantes empresas.
“Esto lleva años ocurriendo con los gobiernos de Japón, Corea, Taiwán, Singapur y Malasia”, declaró Richard Hardegree, vicepresidente de banca de inversión tecnológica de UBS. “En Italia y Francia, se han implementado políticas industriales masivas en torno a la industria de semiconductores… durante 40 o 50 años, desde que todos comprendieron la importancia de los semiconductores”.
Líneas borrosas en el futuro
Rich Weiss, vicepresidente sénior y director de inversiones de estrategias multiactivo de American Century Investments, afirmó que las futuras inversiones federales “necesitarán regulaciones y directrices para limitar las oportunidades de abusos, como el uso de información privilegiada”.
“En un escenario de inversión directa gubernamental sin control, operar en esas empresas podría ser mucho más arriesgado para los inversores”, afirmó.
Varios inversores y representantes mencionaron riesgos similares, como cuando las juntas directivas sopesan intereses contrapuestos al tomar decisiones como la ubicación de una nueva planta, la posibilidad de despedir trabajadores o la intensidad con la que se debe entrar en los mercados extranjeros.
Los objetivos de la empresa y los del país podrían fácilmente entrar en conflicto en estos asuntos, señaló Robert McCormick, director ejecutivo del Consejo de Inversores Institucionales, cuyos miembros incluyen fondos de pensiones estatales y otros grandes accionistas.
Un representante de Intel afirmó que el consejo de administración de la compañía aprobó el acuerdo para emitir acciones. El representante no hizo más comentarios. Al ser preguntado sobre las preocupaciones por el uso de información privilegiada, el representante citó una línea del comunicado de prensa que indicaba que el gobierno estadounidense no tendría representación en el consejo ni “otros derechos de gobernanza o información”.
Un importante inversor institucional, que habló bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad de la situación, afirmó que el acuerdo podría proteger a Intel de la presión de los inversores activistas.
Sin embargo, esta persona advirtió que si el gobierno estadounidense continúa adquiriendo participaciones en otras empresas, esto podría ser un paso preocupante hacia el capitalismo de Estado.
Verlo suceder una vez, para una empresa como esta, no es alarmante, sino sorprendente. Pero si esto se convierte en una herramienta que se generaliza, tendremos que analizar por qué se utiliza y por qué los mercados de capitales no están proporcionando financiación, dijo el inversor.
Con información de Reuters
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