Hay avances del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo para enfrentar a los grupos delincuenciales, pero persisten las desapariciones de personas, el robo de carga, la extorsión y otros delitos que afectan a los ciudadanos y empresas, consideró la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
“La presidenta Sheinbaum inició su gestión enfrentando el reto de la seguridad con una estrategia renovada y personal preparado”, declaró el organismo dirigido por Juan José Sierra Álvarez.
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Según el sindicato patronal, aunque la violencia persiste, se percibe voluntad de atenderla y algunos índices delictivos van a la baja en México.
Actualmente en México persisten fenómenos graves que afectan directamente a la ciudadanía y a la actividad económica como las desapariciones forzadas que siguen siendo una herida abierta, expresó.
El robo de carga en carreteras, ferrocarriles y puertos —tanto marítimos como aéreos— vulnera las cadenas de suministro y eleva costos logísticos, explicó el organismo empresarial.
“La extorsión, que continúa como amenaza crítica: Entre enero y julio de 2025, las víctimas crecieron 8.2 por ciento respecto al mismo periodo previo, lo que confirma la urgencia de que el Congreso apruebe una Ley General contra la Extorsión”, señaló Coparmex.
De acuerdo con Data Coparmex, 1 de cada 2 socios ha sufrido algún delito, siendo este de los más recurrentes.
Claudia Sheinbaum Pardo ha mostrado apertura al diálogo empresarial mediante el Plan México, el Consejo Asesor y esquemas de inversión mixta, dijo.
“Estas acciones reflejan más participación privada en sectores estratégicos como el energético; reconocemos el esfuerzo (de Claudia Sheinbaum) por mantener una relación cercana con el gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, y la participación en foros como el G20”, indicó.
Agregó que la apertura con América Latina, Europa y Asia fortalece la posición de México en un mundo interconectado.
“Destacamos que, frente a amenazas arancelarias que implican incumplimiento del TMEC, el Gobierno mantuvo diálogo con Estados Unidos para impulsar la competitividad regional”, precisó.
El Plan Pemex 2025-2030 también es positivo, ya que plantea apertura a la inversión privada y una reingeniería financiera que busca estabilidad, consideró.
“Reconocemos la meta de que Pemex sea autosuficiente en 2027, sin apoyos fiscales, lo que permitirá destinar más recursos en salud, educación e infraestructura”, puntualizó.
La Coparmex reconoció el diálogo social tripartito, el cual permitió que el salario mínimo 2025 haya tenido un aumento del 12 por ciento.
Actualmente con el salario mínimo se cubre el 90 por ciento de la línea de bienestar familiar, algo que en la frontera ya superó este nivel desde 2022, dijo.
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“Esto se suma a la reducción de la pobreza que se explica principalmente por mayores ingresos laborales. También valoramos que la reducción de la jornada laboral se consulte de manera tripartita, pues una reforma de este calado requiere la participación de todos los sectores”, agregó.
La Confederación Patronal de la República Mexicana mencionó que existen retrocesos, como la sobrerrepresentación política que ha permitido aprobar reformas constitucionales sin un amplio consenso y análisis que requieren.
“Este fue el caso de reforma judicial que resultó en la primera elección de jueces, ministras y magistrados que evidenció deficiencias estructurales graves, las cuales no se vislumbra que puedan ser superadas, sino más bien profundizadas.
“Apenas el 13 por ciento del padrón acudió a votar y más del 16 por ciento de las boletas fueron anuladas, inválidas o extraviadas, lo que significó que 2 de cada 10 votos no fueran contabilizados”, señaló.
“Estas cifras reflejan no solo una bajísima participación ciudadana sino también fallas graves en la organización del proceso”, apuntó la Coparmex.
Adicionalmente, resaltó, la desaparición de organismos autónomos concentra poder en el Ejecutivo y debilita el equilibrio institucional y el Estado de Derecho.
“La corrupción e impunidad siguen siendo una gran deuda, pese a denuncias documentadas y no hay voluntad de investigar ni sancionar, erosionando la confianza ciudadana y la credibilidad del gobierno”, consideró.
“El sistema de salud vive una grave crisis: el desabasto de medicamentos persiste y 34.2 por ciento de la población (44.5 millones de personas) carece de servicios médicos”, dijo.
La salud y la educación, con un marco de rezago, muestran una tendencia de retrocesos en el acceso efectivo de derechos sociales, lo que consolida la inamovilidad social y cancela oportunidades de desarrollo para las nuevas generaciones, mencionó.
