El mercado global de bonos sostenibles ya no crece como antes. En 2026, la fase es de consolidación: según S&P Global, la emisión de estos instrumentos cayó 19% en 2025, y aunque las cifras muestran signos de estabilización, se estima que el saldo total en circulación podría superar los 6 billones de dólares para el próximo año. Dentro de ese universo, América Latina apenas representa cerca del 4% global, un dato que desnuda el rezago frente a Europa y Asia-Pacífico, regiones que mantienen su ventaja gracias a políticas de apoyo firmes y marcos regulatorios maduros. Nuevas categorías como biodiversidad, resiliencia y bonos azules aportan transparencia y abren la puerta a más emisores, pero la brecha con los mercados convencionales de deuda sigue ampliándose, y la incertidumbre política y fiscal de varios mercados emergentes actúa como un lastre difícil de sortear.
Dentro de la región, el panorama es todavía más exigente. El mismo reporte de S&P Global registra una caída de 42% en las emisiones latinoamericanas durante 2025, con una participación que ronda el 3% del total global, y una expectativa de estabilización recién para este año. Mientras Europa y Asia consolidan sus posiciones y Medio Oriente gana terreno, América Latina lidia con una capacidad fiscal acotada, la competencia con otras prioridades de gasto público y la escasez de proyectos elegibles listos para recibir financiamiento verde. Sin embargo, ese mismo cuadro encierra una oportunidad estratégica: tomar las lecciones internacionales y los nuevos estándares de transparencia para relanzar la emisión sostenible, vinculándola a necesidades apremiantes como adaptación climática, agua y movilidad urbana.
Sostenibilidad con forma de mercado
“A más de una década del Acuerdo de París y a cuatro años de cumplir el horizonte de la Agenda 2030, la sostenibilidad en América Latina dejó de ser aspiración para convertirse en estructura de mercado”, comenta Emilia Vega, experta en sostenibilidad y energía renovable y socio-director en Vert. “Los riesgos climáticos, cada vez más severos, afectan directamente la disponibilidad de recursos financieros, y lo más relevante, han transformado la forma en que inversionistas, acreedores y reguladores evalúan la sostenibilidad: ahora se exige una integración real entre desempeño financiero y factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG)”, agrega.
Esa transformación ya se traduce en regulación concreta, y en este sentido, México, Brasil y Chile adoptaron los estándares del International Sustainability Standards Board (ISSB), lo que eleva la calidad y la comparabilidad de la información disponible para los mercados. “La transparencia deja de ser un diferenciador reputacional y se convierte en condición necesaria para competir por recursos financieros”, dice Vega. Pero la transición avanza a ritmos distintos: mientras los grandes emisores aceleran sus capacidades de reporte, las PyMEs, que representan alrededor del 65% del empleo formal en la región, aún perciben la sostenibilidad como un proceso complejo. Integrarlas no es opcional: sin ellas, cualquier agenda de sostenibilidad queda incompleta.
La OCDE estima que América Latina necesita 99 mil millones de dólares anuales hasta 2030 en áreas estratégicas de desarrollo sostenible. “Superar este déficit requiere combinar regulación con financiamiento estructurado y metodologías prácticas que traduzcan la sostenibilidad al lenguaje empresarial: costos, riesgos y acceso a mercado”, explica Vega. En esa línea, propuestas como su modelo “Impacto Cero” muestran que la sostenibilidad puede implementarse de forma rentable, medible y alineada al negocio, como una palanca de competitividad al alcance de cualquier empresa que decida actuar con convicción y método.
Por su parte, Fernando Salazar de Lara, experto en estrategia corporativa y finanzas de transición con experiencia en Naciones Unidas y McKinsey, complementa esta lectura con un argumento de urgencia: “Los desastres naturales recientes, como las inundaciones en Brasil o el Huracán Otis en México, muestran el alto costo y la erosión en los balances de instituciones financieras en la región”. Según Salazar, “la transición ya está reordenando la rentabilidad y el riesgo de muchos proyectos intensivos en capital: no integrar la transición en esa estrategia puede suponer quedar fuera de nuevos mercados y renunciar a posicionamientos competitivos”.
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De la ambición a las decisiones de crédito
“Tras el Acuerdo de París, las entidades financieras se enfocaron en medir riesgos, definir metas de emisiones financiadas y comprender su papel en la transición”, explica Salazar. Hoy el reto es mucho más práctico: cómo llevar la ambición climática a decisiones reales de crédito, al análisis de precios de los productos financieros y a la relación con los clientes. Lo que antes se percibía como riesgo ahora puede funcionar como oportunidad, porque permite a las instituciones financieras acompañar a sus clientes en el cambio y encontrar vías de crecimiento en un entorno que exige pragmatismo y enfoque en el modelo de negocio.
Y Los resultados ya se notan en la práctica, ya que “la transición climática abre nuevas oportunidades de negocios, como préstamos para autos eléctricos, financiamiento de proyectos de energía limpia o servicios de asesoría y, al mismo tiempo, ayuda a reducir pérdidas y gestionar riesgos con mayor eficiencia”, dice Salazar. La cuestión no es llevar una “contabilidad verde” paralela, sino entender cómo la transición climática genera fuentes de ingreso nuevas y obliga a las instituciones financieras a ser más eficientes en la gestión de sus riesgos. El giro es notable: lo que hace cinco años parecía un ejercicio de reputación se ha convertido en una línea de negocio con clientes, productos y márgenes propios.
Vega coincide y amplía el alcance de esa idea: “La evolución del mercado ha transformado la forma en que las organizaciones entienden la sostenibilidad. Lo que antes se veía como filantropía hoy se integra en la arquitectura financiera de las empresas”. El verdadero avance, a su juicio, consiste en dejar de separar proyectos “sostenibles” de los “tradicionales” y aplicar un mismo filtro de rentabilidad, riesgo y creación de valor a todas las decisiones. Eso redefine el rol del director financiero, que deja de ver la sostenibilidad como una capa exterior y empieza a tratarla como una variable central para acceder a capital competitivo y asegurar resiliencia a largo plazo.
Proactividad como ventaja
Si algo conecta las lecciones del mercado con el pragmatismo que exige la transición, es la decisión de anticiparse. La transición climática no es un hecho aislado ni un ajuste puntual, Y Salazar lo plantea sin rodeos: “La transición climática no es un evento puntual, sino un proceso que reconfigurará sectores, precios relativos, marcos regulatorios y preferencias de inversores durante décadas”. Esperar a que la regulación obligue equivale, para él, a renunciar a moldear esa estrategia desde la propia transición.
Vega lo lee en la misma clave: “Uno de los mayores retos para las organizaciones no es únicamente identificar los riesgos climáticos, sino traducirlos en implicaciones financieras concretas”. El IPCC ya documenta que los impactos adversos del cambio climático reducen recursos y afectan balances y condiciones de financiamiento. La transición energética y las inversiones en infraestructura resiliente son hoy palancas de competitividad regional, y “la diferencia entre las organizaciones que lideran y las que reaccionan está en la capacidad de convertir la información en decisiones de negocio”, concluye.
En la práctica, la gran traba para canalizar inversión hacia proyectos climáticos en la región no es la falta de voluntad, sino la percepción de riesgo. Ahí es donde el “de-risking” aparece como una de las herramientas más efectivas para movilizar inversión sostenible. Salazar lo define con precisión: consiste en “acomodar el perfil riesgo-rendimiento de activos climáticos para hacerlos compatibles con el apetito de riesgo de distintos inversionistas”. La lógica se articula en tres vías: mitigantes de riesgo (garantías, seguros, líneas de liquidez), transferencias de riesgo (estructuras sintéticas, titulizaciones) y reparto de riesgo (sindicaciones). Experiencias en Brasil, Colombia o México demuestran que estas herramientas convierten activos que el mercado percibe como demasiado riesgosos en oportunidades ejecutables, protegen balances y aceleran las inversiones que la transición necesita.
No obstante, Vega agrega otra dimensión: “El ‘de-risking’ no solo viabiliza proyectos, sino que modifica la percepción de riesgo del emisor frente al mercado, influyendo en variables clave como el costo de capital y las condiciones de crédito”. Los bonos verdes, sociales y vinculados a sostenibilidad funcionan como mecanismos de señalización que distinguen a emisores con mejor gestión de riesgos climáticos y regulatorios, y les permiten acceder a una base de inversionistas que de otro modo no consideraría ese tipo de activos.
Las cifras de S&P Global confirman que la emisión de bonos sostenibles en América Latina está concentrada: México (41%), Brasil (33%) y Chile (17%) acumularon la mayor parte de las colocaciones en 2025, mientras que Colombia, Argentina, Perú y República Dominicana aportaron el 9% restante. México y Chile se distinguen por sus emisiones gubernamentales; y Brasil, por el dinamismo del sector corporativo. Y aunque instrumentos como los bonos Amazonia todavía son pequeños en volumen, ilustran una capacidad de diferenciación que pocos mercados pueden replicar: vincular la deuda directamente a la protección de un ecosistema concreto, con métricas verificables y un atractivo narrativo que los inversionistas internacionales reconocen de inmediato.
(*) El autor es especialista en calificaciones crediticias y sector financiero en América Latina. Ex Managing Director y líder del sector de instituciones financieras en la región en S&P Global Ratings por 18 años. Asimismo, es conferencista internacional en foros especializados exponiendo tendencias económicas y crediticias. En su día a día, busca aportar visión estratégica a diferentes Consejos de Administración. Contacto.
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