México y otros países latinoamericanos anunciaron que están trabajando para impedir la importación de bienes producidos con trabajo forzado, instando a la administración Trump a eximirlos de los nuevos aranceles estadounidenses propuestos del 10% al 12.5% que buscan castigar la aplicación laxa.
Durante una audiencia pública sobre los aranceles propuestos por el Representante de Comercio de EU a 59 países y a la Unión Europea, ministros y representantes de México, Perú, Guatemala y Ecuador rechazaron las acusaciones de que no están aplicando las leyes contra el trabajo forzado en sus cadenas de suministro y afirmaron que disponen de leyes y procesos para combatir el problema.
“México ha hecho de la lucha contra el trabajo forzado una prioridad seria”, dijo Ernesto Acevedo Fernández, subsecretario de Economía de México, en la audiencia; añadir un arancel adicional del 10% castigaría injustamente a miles de empresas mexicanas respetuosas de la ley.
La propuesta del USTR eximiría a los productos de México que cumplan con el Acuerdo de Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá.
“Los aranceles propuestos por el USTR contra México no están justificados, ya que no hay pruebas de importaciones realizadas con trabajo forzado que hayan entrado en Estados Unidos a través de México”, dijo Acevedo.
Tres días de audiencias esta semana forman parte del proceso legal de la administración Trump para imponer aranceles sobre prácticas comerciales desleales de la “Sección 301” debido a la supuesta falta de aplicación de las prohibiciones de importación de productos fabricados con trabajo forzado. El USTR afirma que el trabajo forzado en cadenas de suministro extranjeras conduce a una competencia desleal para los trabajadores estadounidenses.
Pero los nuevos aranceles se consideran ampliamente un intento de sustituir un arancel temporal del 10% impuesto en febrero tras la anulación por parte del Tribunal Supremo de los amplios aranceles globales impuestos por el presidente Donald Trump bajo una ley de emergencia. Esas obligaciones expirarán el 24 de julio.
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Un grupo de 22 fiscales generales de estados demócratas presentó su objeción a los aranceles al trabajo forzado el lunes, calificándolos como “un intento de tapar aranceles predeterminados” que constituyen un abuso de la autoridad de la Sección 301.
El director de negociaciones comerciales de Perú, José Luis Castillo Mesarina, solicitó que Perú quedara exento de aranceles, “ya que en el caso peruano no se ha establecido ninguna carga concreta sobre el comercio estadounidense, ni se ha cumplido el estándar probatorio requerido por la Sección 301, y la relación comercial bilateral no justifica una medida de esta naturaleza.”
Una audiencia simultánea sobre el arancel propuesto por la USTR del 25% sobre productos procedentes de Brasil bajo una investigación separada sobre prácticas comerciales desleales, concluyó el martes, con el testimonio del senador brasileño de derechas Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien planea presentarse a las elecciones presidenciales de octubre del país.
Algunos fabricantes de acero y grupos comerciales argumentaron en la audiencia de trabajo forzado para una exención para el arrabio importado, utilizado en la producción de acero desde hornos de arco eléctrico.
Brandon Farris, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Fabricantes de Acero, afirmó que sin exenciones, los aranceles sobre el arrabio importado de Brasil, un proveedor importante, podrían subir al 37.5% si se combinan con los aranceles específicos propuestos para Brasil, lo que pone a la mayoría de la producción nacional de acero en desventaja competitiva.
Se espera que el USTR considere los comentarios antes de emitir una determinación final sobre los aranceles propuestos y cualquier exención.
Con información de Reuters
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