La Fiscalía General de la República (FGR) informó de la desintegración de una enorme red de contrabando de combustible, –también conocido como huachicoleo– procedente de Estados Unidos, uno de cuyos líderes era el exgobernador de Baja California (1989-1995) Ernesto Ruffo Appel.
Esa red provocó un daño al fisco de más de 4,000 millones de pesos (unos 230 millones de dólares).
Horas antes, la propia FGR informó del arresto de Ruffo Appel, a quien acusó de delincuencia organizada y contrabando.
Precisó que el exgobernador fue detenido en Ensenada por agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y su arresto fue “resultado de una investigación de alta complejidad relacionada con grandes operaciones de contrabando de combustible”.
Mediante un video, la titular de la FGR, Ernestina Godoy, explicó que, a partir de información ministerial, aduanera, fiscal, financiera y ferroviaria, la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada “logró identificar la más grande red de contrabando de combustible detectada hasta el momento, la cual utilizaba carros-tanque de ferrocarril para desarrollar sus operaciones”.
Señaló que la investigación permitió establecer que esta estructura comenzó a operar a través de una empresa vinculada con actividades de servicios portuarios, dragados y operación de puertos, fundada por Ruffo Appel.
También explicó que las empresas relacionadas con esta red se dedicaban formalmente a la importación de productos derivados del petróleo, pero al introducir la mercancía a México desde Estados Unidos “declaraban cantidades menores a las reales o registraban productos diferentes a los efectivamente transportados”.
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Caso de Ruffo se suma al de otros funcionarios
De acuerdo con la investigación, “la red declaraba solo el 10% de la capacidad real de cada carro-tanque de ferrocarril”.
La FGR explicó que, al ampliar las investigaciones en coordinación con la Agencia Nacional de Aduanas, entre enero y julio de 2025 detectaron que la organización investigada “habría realizado 4,238 operaciones de importación” a través de las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, en el estado de Tamaulipas.
El análisis de dichas operaciones permitió “estimar un perjuicio a la Hacienda Pública de más de 4,000 millones de pesos (unos 230 millones de dólares), derivado de la introducción irregular de combustibles y de la omisión en el pago de las contribuciones correspondientes”.
El caso se suma al de otros funcionarios y exfuncionarios implicados en redes de contrabando de combustible, conocido también como “huachicol fiscal”.
En septiembre de 2025, autoridades arrestaron a exfuncionarios de aduanas y mandos de la Marina por su presunta participación en una red que introducía hidrocarburos al país mediante documentación falsa para evadir impuestos.
En el entramado de corrupción figura el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del extitular de la Secretaría de Marina Rafael Ojeda Durán, cercano al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).
Con información de EFE
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