Grupo Salinas informó que recurrirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras la negativa del gobierno federal para hacer válido un presunto acuerdo en la administración pasada sobre el pago de sus adeudos fiscales.
“Seguimos y seguiremos ejerciendo nuestro legítimo derecho a defendernos, incluso recurriendo a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, expuso en un comunicado.
La postura del consorcio de Ricardo Salinas Pliego se da luego de que esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum rechazara desde Palacio Nacional cualquier posibilidad de un acuerdo o reunión con el SAT para resolve el adeudo fiscal del grupo:
“Quieren pagar? Paguen. No se necesita una mesa de negociación, de acuerdos en lo oscurito, ninguna mesa técnica, ya hubo muchas en el pasado Si quieren pagar, que paguen, ¿no? porque él dice, ‘queremos pagar’, pues paguen, nada les impide pagar, nada, absolutamente nada”.
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Félix Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, y exProcurador Fiscal de la Federación, aseguró junto a la presidenta que era falso que en la administración pasada se haya llegado a un acuerdo con Grupo Salinas en relación a sus adeudos, como había mencionado previamente la empresa.
Grisel Galeano García, la actual Procuradora Fiscal de la Federación actual, dijo en el mismo espacio que no hay necesidad de una reunión en específico con la autoridad fiscal, pues Salinas Pliego podría pagar hoy mismo.
El grupo empresarial reafirmó en su comunicado su posición de pagar sus adeudos de acuerdo con las resoluciones del SAT y las sentencias de los tribunales, “en donde se establecen que no procede el doble cobro”.
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Por ello, agregó, sus empresas enviaron oficios al SAT solicitando el ajuste de los créditos fiscales y la construcción de un espacio de diálogo para implementar las resoluciones del órgano recaudador.
“El acuerdo alcanzado con la administración anterior fue resultado de decenas de conversaciones bajo los principios de buena voluntad e implicó una solución conforme a derecho. En Grupo Salinas valoramos y respetamos la palabra; el habernos dado la mano tiene más validez que un papel firmado”, manifestó.
“Ahora bien, resulta preocupante que, desde una postura de prejuicio y desde la más alta tribuna del país, la Procuradora Fiscal descalifique nuestro derecho al acceso a la justicia. Más aún que instruya al SAT a que se nos niegue el derecho constitucional de petición”, añadió.
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