EFE.- Amnistía Internacional abogó este martes por una “seguridad social universal” que se aplique en todos los países del mundo para proteger a aquellos más vulnerables, atrapados en un círculo vicioso de desempleo, pobreza y hambre.
El último informe de la organización, bajo el título “Precios al alza, protestas en aumento: el argumento en favor de una protección social universal”, defiende la iniciativa de reducir la deuda de los países más pobres y reclama reformas fiscales sobre corporaciones e individuos con el fin de suministrar suficientes fondos a sistemas de protección social frente a conflictos, desastres naturales y crisis económicas.
Los efectos colaterales de la pandemia del Covid-19 y la invasión rusa de Ucrania, unido a la crisis climática, están desencadenando diferentes crisis frente a las cuales una gran parte de la población mundial está desprotegida, asegura en un comunicado de prensa la organización.
“Una combinación de crisis ha revelado cuán mal preparados están muchos Estados para brindar ayuda esencial a las personas. Es impactante que más de 4,000 millones de personas, o alrededor del 55% de la población mundial, no tengan acceso ni siquiera a la protección social más básica”, dijo Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
Para garantizar el derecho a esta protección social universal, la organización ampara el establecimiento de un “Fondo Mundial para la Protección Social” administrado internacionalmente, respaldado por la ONU y la OTI (Organización Internacional del Trabajo).
Lee: La pandemia agregó 15.9 millones de niños y jóvenes a la pobreza en América Latina: Unicef
El fondo ofrecerá apoyo financiero y técnico a los países para mejorar sus infraestructuras ante situaciones de crisis, contribuyendo, por ejemplo, con indemnizaciones para bajas por enfermedad o invalidez, pensiones a personas mayores o prestaciones económicas a aquellos con bajos ingresos.
Asimismo, el comunicado evidencia que el coste conjunto de protección básica social en todos los países en vías de desarrollo, de ingreso bajo y medio, es de 402,300 millones de euros (440,800 millones de dólares) según la OIT.
No obstante, la Red para la Justicia Fiscal (Tax Justice Network) estima en un informe de transparencia que con reformas fiscales más estrictas para evitar la evasión de impuestos, se podrían recaudar 456,000 millones euros (500,000 millones de dólares), cantidad suficiente para cubrir la suma revelada por la OIT.
Además, el Fondo Monetario Internacional (FMI) afirma en un informe que un 60% de países en desarrollo con ingresos en la franja más baja sufren apuros financieros debido los altos niveles de deuda, lo que hace necesario, apremia la organización, renegociar o erradicar la deuda de los países, facilitando la inversión en el estado del bienestar.
Asegura Callamard que proteger a la población ante estas crisis inminentes “permite que los niños tengan acceso a una educación, mejora la atención médica, reduce la pobreza y la desigualdad en ingresos y, en última instancia, beneficia económicamente a las sociedades”.
