Las fuerzas de seguridad mexicanas que rastreaban a Nemesio Oseguera Cervantes, líder de un letal cártel de la droga que fue uno de los principales impulsores de la violencia en México y la adicción a las drogas en Estados Unidos, creyeron haberlo acorralado finalmente el 1 de mayo de 2015.
Cuatro helicópteros con un equipo de arresto sobrevolaron las montañas cerca de la costa suroeste de México hacia el complejo de Cervantes en la localidad de Villa Purificación, el corazón del infame Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Cuando el helicóptero líder se acercó, las balas de una ametralladora militar montada en un camión impactaron en el motor. Antes de tocar tierra, el enorme helicóptero fue alcanzado por dos granadas propulsadas por cohetes.
Cuatro soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional murieron en el accidente. Tres soldados más murieron en el tiroteo posterior y otros 12 resultaron heridos.
Este enfrentamiento fue el primer incidente conocido de un cártel que derriba una aeronave militar en México. La represalia del cártel por el intento de arresto fue rápida y brutal. Incendió camiones, autobuses, bancos, gasolineras y negocios. Las distracciones funcionaron. Cervantes, también conocido como “El Mencho”, escapó.
La ametralladora Browning que derribó el helicóptero se rastreó hasta una compra legal de armas de fuego en Oregón realizada por un ciudadano estadounidense. Y un rifle Barrett calibre .50 utilizado en la emboscada se rastreó hasta una venta en una armería estadounidense en Texas cuatro años y medio antes.
Muchas armas de uso militar como estas se trafican a México desde Estados Unidos cada año, debido a la laxitud de las normas para los comerciantes de armas de fuego y a las leyes de armas que favorecen las ventas ilícitas.
Un profesor de desarrollo económico que ha estado rastreando el tráfico de armas durante más de 10 años, y un periodista de investigación pasaron un año revisando documentos para encontrar la cantidad, el origen y las características de las armas que fluyen de Estados Unidos a México.
La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de EU, la agencia encargada de regular la industria, publica el número de armas estadounidenses incautadas en México y rastreadas hasta distribuidores estadounidenses, pero no proporciona una estimación oficial del tráfico. Las Enmiendas Tiahrt de 2003 prohíben a la ATF crear una base de datos sobre las ventas de armas de fuego y prohíben a las agencias federales compartir datos detallados de rastreo fuera del ámbito policial.
Para estimar el flujo de armas, se recopilaron estimaciones de tráfico, incluyendo datos filtrados, investigaciones previas, totales de fabricación de armas de fuego y los datos de rastreo de la ATF.
El modelo dio una estimación media conservadora: alrededor de 135,000 armas de fuego se traficaron a través de la frontera en 2022. En contraste, Ucrania, en guerra con Rusia, recibió 40,000 armas pequeñas de Estados Unidos entre enero de 2020 y abril de 2024, un promedio de 9,000 al año.
Siguiendo el flujo
Desde 2008, Estados Unidos invirtió más de 3,000 millones de dólares para ayudar a estabilizar a México mediante el estado de derecho y frenar los aumentos repentinos de violencia extrema, gran parte de la cual se comete con armas de fuego estadounidenses. Muchos programas se financian a través del Departamento de Estado de Estados Unidos, que enfrenta recortes presupuestarios, y de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), que también sufrió fuertes recortes.
Mientras tanto, la industria armamentística y sus partidarios socavaron estos esfuerzos al oponerse a las medidas para regular la venta de armas.
De 2015 a 2023, 185,000 armas vinculadas a delitos en México fueron enviadas a la ATF para su rastreo: el proceso consiste en utilizar el número de serie de un arma de fuego y otras características para identificar el rastro de su propiedad. Se rastreó el origen de aproximadamente 125,000 de esas armas a Estados Unidos.
El análisis muestra que el tráfico de armas de fuego entre Estados Unidos y México tiene graves consecuencias para los mexicanos comunes, y que las medidas regulatorias estadounidenses pueden tener un enorme impacto.
Esto se suma a un creciente conjunto de investigaciones que vinculan las armas vendidas en Estados Unidos con pandillas y cárteles con sede en México, el tráfico ilegal de drogas, las tasas de homicidios, la corrupción de funcionarios mexicanos, las transacciones financieras ilícitas y las tendencias migratorias.
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Armas, violencia y la aplicación de la ley por parte de la ATF
En 2021, la ATF colaboró con académicos para elaborar la Evaluación Nacional del Comercio y Tráfico de Armas de Fuego. Esta mostró que la proporción de armas de fuego traficadas a México, que ya era el principal mercado de transferencias ilegales de armas de Estados Unidos al extranjero, aumentó un 20% entre 2017 y 2021.
La venta de armas está estrictamente regulada en México. Sin embargo, los homicidios alcanzaron niveles alarmantes —tres veces más que en Estados Unidos— desde que se derogó la prohibición estadounidense de armas de asalto en 2004. Las investigaciones sugieren que ambos factores están relacionados.
Tras el asesinato de su madre a manos del crimen organizado hace cinco años, la familia de la hermana de Emylce Inés Espinoza-Alarcón emigró a Estados Unidos.
Espinoza-Alarcón, sus hijos y otros familiares se vieron obligados recientemente a abandonar sus hogares por la violencia. “Como padre, uno intenta huir a otro lugar donde puedan estar seguros”, dijo Espinoza-Alarcón. Añadió que cree que las armas estadounidenses son las culpables, pero que “no tenemos otro lugar adonde ir”.
Una encuesta de 2023 reveló que el 88% de los 180,000 migrantes mexicanos que llegaron a Estados Unidos ese año huían de la violencia, un cambio con respecto a 2017, cuando la mayoría buscaba oportunidades económicas.
El análisis muestra que las inspecciones de la ATF mantienen bajo control las armas ilícitas.
Las principales herramientas de cumplimiento de la agencia son las inspecciones, los informes de infracciones, las cartas de advertencia y las reuniones, y, cuando los inspectores detectan infracciones imprudentes o que ponen deliberadamente en peligro al público, las notificaciones de revocación.
Sin embargo, la solicitud de presupuesto del Departamento de ATF para 2025 al Congreso señala que necesitaría 1509 investigadores de campo para alcanzar su objetivo de inspeccionar a cada vendedor al menos una vez cada tres años.
La ATF se está “centrando en identificar y abordar las infracciones deliberadas”, escribió un portavoz en un correo electrónico de noviembre de 2024, refiriéndose a la política de revocación de tolerancia cero que la administración Biden implementó en 2021, la cual aumentó drásticamente el número de revocaciones.
Mientras tanto, la ATF anunció en abril de 2025 que derogaría la política de revocación y revisaría las normas recientes, incluyendo una que aclara cuándo un arma es un rifle. La página web que enumeraba las revocaciones, incluyendo los informes detallados, también fue eliminada del sitio web de la ATF.
*Sean Campbell es Periodista de investigación; Topher L. McDougal es Profesor de Desarrollo Económico y Consolidación de la Paz en la Universidad de San Diego.
