La justicia no siempre es ciega. Cuando se trata de imponer castigos a empresas poderosas, el desafío es infligir suficiente dolor para disuadir el mal comportamiento, pero no tanto como para crear sufrimiento involuntario en otros lugares. Boeing, un ícono estadounidense en muchos problemas, ejemplifica ese dilema.

Los fiscales recomiendan que el Departamento de Justicia presente cargos penales contra la compañía de aviación valorada en 104,000 millones de dólares, por violar los términos de su acuerdo de procesamiento diferido después de que dos accidentes mataran a 346 personas, Boeing acordó en 2021 un acuerdo de tres años que la protegía de un proceso penal, pero en el que admitió que exempleados habían engañado a los reguladores, se comprometió a hacerlo mejor y pagó 2,500 millones de dólares.

Ante esta acusación gobierno estadounidense dice que Boeing no ha cumplido su parte del trato, algo que Boeing no está de acuerdo.

Pero hay un problema, Boeing es un campeón nacional con una gran huella económica, y eso podría limitar la cantidad de dolor que el gobierno puede infligir, por ejemplo, la aviación comercial es esencialmente un duopolio compartido entre Boeing y su rival europeo Airbus, también es el mayor exportador del país, con más de 30,000 millones de dólares de ingresos extranjeros en 2023, y lo que perjudica al fabricante de aviones estadounidense también perjudica a numerosos pequeños subcontratistas que suministran piezas de aviones Boeing.

Clientes como Southwest Airlines, que ya se están recuperando de los retrasos en las entregas de aviones, podrían ver cómo sus problemas empeoran si Boeing tiene cargos ponales.

Una de las mayores amenazas de un proceso judicial para una empresa como Boeing (la exclusión de contratos gubernamentales) también es difícil de hacer cumplir.

La consolidación ya dejó muy poca competencia en el sector, y más de un tercio de los 78 mil millones de dólares de ingresos de la compañía el año pasado provinieron de contratos gubernamentales.

Las declaraciones de culpabilidad anteriores de Boeing, incluso por delitos graves, no impidieron que la compañía volviera rápidamente al tren de la salsa de los contratos con el gobierno.

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En 2003, por ejemplo, la Fuerza Aérea suspendió la adjudicación de trabajos a algunas de las unidades de la compañía, pero concedió dos exenciones a las unidades de Boeing para contratos espaciales y de cohetes. Luego están las multas. Eso duele, pero no mucho para una empresa que ya ha perdido alrededor de 100 mil millones de dólares de capitalización de mercado en los últimos cinco años.

Boeing podría verse sujeta a castigos más mundanos, como el nombramiento de “supervisores” que se sientan en las oficinas de las empresas e informan a los reguladores, algo impuesto a los bancos en el pasado por sus errores de lavado de dinero, por ejemplo. Tal escrutinio podría tener un efecto, ya que la compañía y su director ejecutivo saliente, Dave Calhoun, no han podido solucionar varios problemas autoinfligidos. Los fiscales así lo esperan de todos modos. Crear un campeón nacional es difícil; poner a uno en control es más difícil.

Boeing debería enfrentar cargos penales por violar los términos de un acuerdo de procesamiento diferido de 2021, recomendaron los fiscales estadounidenses al Departamento de Justicia, según dos fuentes de Reuters.

Según el acuerdo de 2021, el Departamento de Justicia acordó no procesar a Boeing por supuestamente defraudar a la Administración Federal de Aviación. A cambio, Boeing admitió que los ex empleados engañaron a los reguladores sobre aspectos de la línea de aviones 737 MAX que estuvo involucrada en dos accidentes fatales, acordó reformar sus programas de cumplimiento, se comprometió a informar al gobierno periódicamente sobre su progreso y pagó un acuerdo de 2,500 millones de dólares.

En mayo, el Departamento de Justicia dijo que Boeing no había “diseñado, implementado y hecho cumplir un programa de cumplimiento y ética para prevenir y detectar violaciones de las leyes de fraude de Estados Unidos en todas sus operaciones”. El gobierno dijo que informaría al tribunal antes del 7 de julio si tenía intención de hacerlo. para proceder.

Con información de Reuters.

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