El Congreso de Perú declaró persona non grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por su “inaceptable injerencia en los asuntos internos”.
El pleno aprobó dicha moción con con 63 votos a favor, 34 en contra y 2 abstenciones, esto, luego de que el gobierno mexicano admitiera el pedido de la exprimera ministra Betssy Chávez para recibir asilo, en medio del juicio que enfrenta por el golpe de Estado de Pedro Castillo.
Además de injerencia, el Congreso peruano criticó lo que llamó una ofensa al “sistema democrático nacional” por las acciones de Sheinbaum.
En el debate del pleno de Congreso, María del Carmen Alva, del partido Acción Popular, sustentó la moción como una de las autoras al resaltar en varias oportunidades que Claudia Sheinbaum ha venido declarando desde México su respaldo a Pedro Castillo pese al golpe de Estado de 2022, tal y como lo hizo previamente el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
“Pedro Castillo intentó disolver el Congreso, quebrar la democracia y violentar la Constitución. Por eso fue destituido como corresponde en un país que respeta el Estado de derecho, pero la presidenta Sheinbaum va más allá. Anunció su disposición de dar asilo político a Betssy Chávez, procesada por participar en ese mismo golpe de Estado. ¿Eso es solidaridad? No. Eso es encubrimiento, es interferir abiertamente en un proceso judicial peruano y desconocer el principio de no intervención que rige las relaciones entre ambos estados”, expresó Alva.
Apenas el lunes, el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum comunicó que Betssy Chávez se encontraba en su embajada en Lima y que le había concedido el asilo político frente al juicio por el frustrado golpe de Estado, con solicitudes de penas por parte de la Fiscalía de 34 años de prisión para el expresidente y 25 años para la ex primera ministra.
Esto llevó a que el Gobierno peruano anunciara el lunes que rompía las relaciones diplomáticas con México, que desde inicios de 2023 ya funcionaban sin embajadores al no reconocer México la legitimidad del Gobierno de la presidenta Dina Boluarte, quien reemplazó a Castillo tras su detención y destitución.
El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum comunicó el lunes que Betssy Chávez se encontraba en su embajada en Lima y que le había concedido el asilo político frente al juicio por el frustrado golpe de Estado, con solicitudes de penas por parte de la Fiscalía de 34 años de prisión para el expresidente y 25 años para la ex primera ministra.
Esto llevó a que el Gobierno peruano anunciara el lunes que rompía las relaciones diplomáticas con México, que desde inicios de 2023 ya funcionaban sin embajadores al no reconocer México la legitimidad del Gobierno de la presidenta Dina Boluarte, quien reemplazó a Castillo tras su detención y destitución.
El Gobierno de México rechazó el martes la decisión de Perú de romper relaciones diplomáticas luego de que la embajada mexicana en ese país concediera asilo político a la ex primera ministra peruana Betssy Chávez, aliada del ex presidente Pedro Castillo, procesada junto a él por el fallido intento de golpe de Estado de finales de 2022.
“Rechazamos la decisión que toma el gobierno de Perú de romper relaciones diplomáticas con México, no así las consulares, porque nosotros estamos actuando de forma pacífica, con un sentido humanitario y en estricto apego al derecho internacional”, dijo el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez, durante un la conferencia de prensa presidencial.
Velasco explicó que el asilo se otorgó tras una evaluación conjunta de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Gobernación (Segob), conforme a la Constitución mexicana y a los tratados internacionales vigentes.
“Se decidió otorgar el asilo a la señora Chávez, como ya se mencionó, debido a que ella ha mencionado que ha sido víctima de violaciones a sus derechos procesales y a una persecución política”, dijo.
El funcionario recordó que México invocó la Convención de Caracas sobre Asilo Político, que establece que corresponde al Estado asilante “la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución”.
Además, citó una resolución de la ONU de 1967 que dispone que “el otorgamiento del asilo político nunca será considerado un acto inamistoso”.
Con información de EFE.
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