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    La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que la incorporación de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno puede comprometer su autonomía y debilitar la defensa de los contribuyentes frente al Estado.

    El organismo sostuvo en un comunicado que el organismo debe mantener “plena independencia técnica, operativa y presupuestaria”, ya que su función depende de actuar como un contrapeso real frente a la autoridad fiscal, particularmente el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

    El posicionamiento de Coparmex coincide con alertas de especialistas fiscales, quienes han advertido que integrar a la Prodecon a la estructura del gobierno federal implicaría una pérdida de autonomía que, en la práctica, limitaría su capacidad de defensa.

    “La coordinación institucional debe fortalecer capacidades, no generar subordinación”, sostuvo.

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    La confederación reconoció reconoció los anuncios para la simplificación administrativa y la agilización de inversiones, así como los planes para ampliar la capacidad energética con participación del sector privado.

    Indicó que el 48.9% de sus socios enfrenta dificultades relacionadas con trámites administrativos y destina 82 horas mensuales a su cumplimiento en promedio, por lo que medidas como la afirmativa ficta en 90 días, la ventanilla única y el expediente único digital de comercio exterior representan avances concretos para mejorar la competitividad del país.

    Sin embargo, consideró que para lograr un impacto real y sostenido, es indispensable complementar esas medidas con acciones que fortalezcan la certeza jurídica, la seguridad y la confianza para invertir.

    Subrayó que es necesario fortalecer los mecanismos de selección de personas juzgadoras, por lo que recomendó posponer los procesos de elección hasta 2028 para garantizar condiciones adecuadas y evitar riesgos de improvisación o sesgos en la designación.

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    Propuso la integración de un comité de selección y evaluación independiente, con criterios técnicos, de mérito y experiencia comprobable, que asegure perfiles idóneos y preserve la imparcialidad del sistema judicial.

    “Un Poder Judicial sólido e imparcial es indispensable para brindar certeza jurídica y confianza a la inversión”, reiteró.

    Cuestionó que en las medidas de gobierno no esté una estrategia integral de seguridad: “El 46.8% de nuestros socios ha sido víctima de algún delito, mientras que la inseguridad continúa siendo uno de los principales obstáculos para el crecimiento económico”.

    Consideró que el impacto de la simplificación regulatoria será limitado si no existe una coordinación efectiva entre federación, estados y municipios, así como con instancias clave del gobierno como el IMSS, la Secretaría del Trabajo y otras dependencias vinculadas a la operación empresarial.

    Ejemplificó que el 36.2% de sus empresas afiliadas reporta problemas con trámites municipales, el 33.4% con estatales y el 30.5% con federales.

    Agregó que en un entorno de alta incertidumbre y bajo crecimiento, es fundamental preservar la estabilidad política y económica para recuperar la inversión y fortalecer la economía del país.

    Recomendó actuar con prudencia y objetividad en la relación con Estados Unidos para evitar mayor incertidumbre mediante escenarios de confrontación: “Un manejo predominantemente político podría poner en riesgo la estabilidad económica y profundizar la debilidad de la inversión”.

    “Desde Coparmex impulsamos una agenda que priorice seguridad, energía suficiente, Estado de Derechos y certeza jurídica, como bases indispensables para promover el crecimiento sostenido y el desarrollo económico”, expresó.

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