La Suprema Corte decidió abrir el debate sobre la eutanasia en México tras reasumir su competencia para resolver un amparo que le permitirá pronunciarse sobre esta práctica y el suicidio asistido, ambos prohibidos por la Ley General de Salud, el Código Penal Federal y normativas de la capital mexicana.
La reasunción de competencia, promovida por el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, y el togado Irving Espinosa, se da tras el amparo indirecto 147/2026 promovido por una tanatóloga que ha sido diagnosticada en dos ocasiones con cáncer de mama y que actualmente está recibiendo tratamiento médico.
El Pleno aseguró que este reclamo de inconstitucionalidad es una oportunidad de “fijar un criterio novedoso” en torno a este asunto en personas con enfermedades terminales, así como los cuidados paliativos que reciben en dicha etapa del padecimiento.
También coincidieron en que el debate versará sobre si es constitucional que el orden jurídico sanitario y penal sancione a las personas que exigen el respeto a su autonomía para decidir “cómo y cuándo concluir su ciclo de vida” y que, por ende, el Estado ofrezca como única vía de solución la muerte natural.
El ministro Arístides Guerrero recordó que este paso ya lo han dado naciones como Países Bajos, Bélgica, Canadá y Suiza, e incluso Colombia, que se convirtió en el primer país de América Latina en despenalizar la eutanasia en 1997, así como el suicidio médicamente asistido en 2022.
Incluso apuntó que Alemania e Italia han emitido resoluciones que permiten el suicidio asistido en ciertos casos.
En México, activistas como Samara Martínez y organizaciones como Derecho a Morir con Dignidad han luchado durante años por legislar el derecho a una muerte digna.
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En ese contexto, la decisión del pleno abre una oportunidad histórica para replantear las prohibiciones establecidas en el artículo 166 Bis 21 de la Ley General de Salud sobre el denominado “homicidio por piedad” y el “suicidio asistido”.
Además, la discusión sobre este tema gana cada vez más terreno en la sociedad mexicana, ya que de acuerdo con la Segunda Encuesta de la Investigación en Salud y Demografía, siete de cada 10 mexicanos respaldan la posibilidad de adelantar la muerte cuando una persona sufre un dolor tan intenso que le impide llevar una vida digna.
Con un voto en contra, el de la ministra María Estela Ríos, el asunto será turnado a uno de los integrantes del pleno para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
Con información de EFE
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