La Corte Suprema de Estados Unidos despejó el martes el camino para que el Gobierno de Donald Trump busque recortes masivos de empleos en el Gobierno y la reducción radical de numerosas agencias, una decisión que podría llevar a decenas de miles de despidos y remodelar drásticamente la burocracia federal.
El fallo del martes se deriva de una orden ejecutiva que Trump emitió en febrero ordenando a las agencias que se prepararan para despidos masivos. Bajo la dirección de Trump, la administración ha presentado planes para reducir el personal en los Departamentos de Agricultura, Comercio, Salud y Servicios Humanos, Estado, Tesoro, Asuntos de Veteranos y más de una docena de otras agencias.
En una breve orden no firmada, el tribunal dijo que el gobierno de Trump “probablemente tendrá éxito” en su argumento de que sus directivas estaban legalmente dentro de su poder.
La decisión es la victoria más reciente de los esfuerzos más amplios de Trump para consolidar el poder en el poder ejecutivo. La Corte Suprema se ha puesto del lado de Trump en varios casos de emergencia desde que regresó al cargo en enero, incluida la limpieza del camino para la implementación de algunas de sus políticas de inmigración de línea dura.
La decisión de la Corte Suprema del martes levantó la orden de mayo de la jueza federal de distrito Susan Illston, con sede en San Francisco, que bloqueó temporalmente los despidos federales a gran escala mientras avanzaba el caso.
Illston había dictaminado que Trump se excedió en su autoridad al ordenar la reducción del personal del gobierno sin consultar al Congreso, que creó y financió las agencias en cuestión.
“Como lo demuestra la historia, el presidente puede reestructurar ampliamente las agencias federales solo cuando lo autorice el Congreso”, escribió Illston.
Si bien la decisión del martes eliminó un obstáculo legal importante para la Casa Blanca, el tribunal señaló que no estaba evaluando la legalidad de ningún plan específico de despidos en las agencias federales.
Esas propuestas de despido, algunas de las cuales se presentaron a principios de este año, aún podrían enfrentar desafíos legales por una variedad de motivos, incluida la oposición sindical, las restricciones legales y las protecciones del servicio civil.
La Casa Blanca dijo en un comunicado que la decisión es una “victoria definitiva para el presidente y su administración” que reforzó la autoridad de Trump para implementar “eficiencia en todo el gobierno federal”.
Sin embargo, dos fuentes de la Casa Blanca familiarizadas con el asunto, que pidieron permanecer en el anonimato, dijeron que el fallo no permitía a las agencias ejecutar despidos de inmediato. Una de las fuentes dijo que retrasos adicionales u obstáculos legales “podrían alterar el alcance y el momento de los recortes”.
Un grupo de sindicatos, organizaciones sin fines de lucro y gobiernos locales que presentaron una demanda para bloquear los despidos masivos del gobierno dijeron que el fallo “asestó un duro golpe a nuestra democracia y pone en grave peligro los servicios de los que depende el pueblo estadounidense” y prometió seguir luchando a medida que avanza el caso.
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Corte Suprema de EU despeja el camino para que Trump busque despidos federales masivos
Los demandantes habían advertido en documentos judiciales que los planes de Trump, si se les permitía continuar, resultarían en cientos de miles de despidos.
Un sondeo de Reuters/Ipsos en abril encontró que los estadounidenses favorecieron por un estrecho margen la campaña de Trump para reducir el tamaño del gobierno federal, con alrededor del 56% diciendo que apoyaba el esfuerzo y el 40% se opuso. Sus puntos de vista se dividieron a lo largo de las líneas partidistas, con el 89% de los republicanos pero solo el 26% de los demócratas a favor.
Algunas agencias cuyos planes de reducción de personal habían sido suspendidos dijeron que reanudarían el avance de esos esfuerzos.
“Continuaremos avanzando con nuestro histórico plan de reorganización”, dijo el Departamento de Estado, que ha propuesto despedir a casi 2,000 empleados.
Al asumir el cargo en enero, Trump lanzó una campaña masiva para recortar la fuerza laboral civil federal de 2.3 millones de personas, liderada por el multimillonario Elon Musk y su Departamento de Eficiencia Gubernamental.
Musk y sus lugartenientes, en su mayoría jóvenes, se mudaron de inmediato a agencias gubernamentales clave, despidieron trabajadores, obtuvieron acceso a los sistemas informáticos del gobierno y prácticamente cerraron dos agencias: la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y la Oficina de Protección Financiera del Consumidor.
Trump y Musk dijeron que la inflada burocracia federal necesitaba ser reducida. Los sindicatos federales de trabajadores y la mayoría de los demócratas dicen que los recortes hasta ahora, y los planes para más despidos masivos, se han llevado a cabo al azar, lo que ha provocado caos dentro de muchas agencias y amenaza importantes servicios públicos como el procesamiento de las reclamaciones del Seguro Social.
A finales de abril, unos 100 días después del inicio de la iniciativa, la reforma del Gobierno había provocado el despido, la renuncia y la jubilación anticipada de 260,000 funcionarios, según un recuento de Reuters.
La jueza liberal Ketanji Brown Jackson fue el único miembro del tribunal de nueve personas que disintió públicamente de la decisión del martes, criticando el “entusiasmo demostrado del tribunal por dar luz verde a las acciones legalmente dudosas de este presidente en una postura de emergencia”.
La decisión del martes extendió el récord de victorias de Trump en la Corte Suprema desde que asumió el cargo. El tribunal ha permitido que el gobierno de Trump reanude la deportación de migrantes a países distintos al suyo sin ofrecerles la oportunidad de demostrar los daños que podrían enfrentar y poner fin al estatus legal temporal otorgado anteriormente por motivos humanitarios a cientos de miles de migrantes.
Además, ha permitido a Trump implementar su prohibición a las personas transgénero en el ejército de Estados Unidos, ha bloqueado la orden de un juez de que el gobierno vuelva a contratar a miles de empleados despedidos y ha restringido el poder de los jueces federales para imponer fallos a nivel nacional que impidan las políticas presidenciales.
La mayoría de estas decisiones se han emitido como órdenes de emergencia, conocidas coloquialmente como expedientes paralelos, que responden a solicitudes de acción inmediata de los tribunales.
Con información de Reuters.
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