Ecuador considera que no sería lícita la eventual concesión de asilo diplomático por parte de México al exvicepresidente Jorge Glas (2013-2018), quien presentó esa solicitud al Gobierno mexicano el jueves, además, señalaron que actuarán con “absoluta firmeza” en caso de que se concrete, informó este viernes la Cancillería ecuatoriana.
En un comunicado indicó que ha informado de su posición a la embajadora Raquel Serur, quien fue convocada a la Cancillería.
Glas está en calidad de “huésped” en la Embajada de México en Quito, donde ingresó el pasado fin de semana en momentos en que al Fiscalía requería su presencia en unas investigaciones en el marco del caso “Reconstrucción”.
El Ministerio de Exteriores entregó al Gobierno de México la documentación pertinente proporcionada por la Corte Nacional de Justicia y la Fiscalía General del Estado sobre la situación judicial de Glas.
“México deberá analizarla detenidamente, ante el pedido de asilo diplomático, con base en lo que establece la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, de la que son parte ambos países”, indicó.
Y agregó que “para el Ecuador no sería lícita una eventual concesión de asilo diplomático por parte de México, en virtud de lo que dispone el Artículo III de dicha Convención”.
Añade que las Convenciones de las Naciones Unidas de Lucha contra la Corrupción de 2003 e Interamericana contra la Corrupción de 1996, de las que Ecuador y México también son parte, “tienen por finalidad promover, facilitar y apoyar la cooperación de los Estados para prevenir, combatir y sancionar la corrupción”.
Y advierte que “ante un posible otorgamiento de asilo diplomático por parte de México, situación que el Ecuador rechazaría, la Cancillería actuará con absoluta firmeza, con base en los altos intereses del Estado, dentro del marco del derecho internacional, en particular de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954”.
Eduardo Franco Loor, abogado de Glas, que confirmó el jueves que el exvicepresidente solicitó el asilo, justificaba la petición por considerar que su defendido es un perseguido político y que ha sufrido una “arremetida ilegal, arbitraria e inconstitucional” por parte de la Fiscalía.
Franco Loor opinó que la Fiscalía tiene una posición de “revanchismo político, de venganza” porque el movimiento político correísta Revolución Ciudadana, al que pertenece de Glas, presentó en la Asamblea Nacional el pedido de enjuiciamiento político para la titular del Ministerio Público, Diana Salazar.
Glas, quien fue vicepresidente durante parte de los Gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno, estuvo en la cárcel por una condena en un caso de asociación ilícita relacionada con el escándalo de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
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En agosto pasado, Glas dijo que buscará revertir esa condena después de que el Supremo Tribunal Federal de Brasil anulara las pruebas usadas en su contra en el caso Odebrecht, asunto que afectó también a otros políticos brasileños, de varios países latinoamericanos y de otras partes del mundo.
Ahora la Fiscalía lo investiga en el marco del caso “Reconstrucción”, relacionado con la presunta existencia de abuso de dinero público en beneficio de terceras personas naturales y jurídicas, que fueron contratistas y fiscalizadores de contratos, suscritos en el marco de la emergencia por el terremoto del 16 de abril de 2016.
Este jueves, el pleno de la Asamblea Nacional (Parlamento) rechazó autorizar el juicio penal contra Glas en el caso “Reconstrucción”, pues la Cámara no logró los 92 votos (dos terceras partes) que se requerían.
Al conocer la decisión de la Asamblea, la Fiscalía aseguró que “no es necesaria la autorización” de ese organismo pues, aunque los hechos imputados se habrían cometido cuando Glas fue vicepresidente, el proceso inició después.
Por ello, adelantó que insistirá en su solicitud de fecha y hora para la realización de la audiencia de formulación de cargos en el caso “Reconstrucción” de Manabí.
Con información de EFE
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