Por: Santiago F. Arroyo Seguedo
Es abril y comienzan las carreras electorales en el Estado de México y Coahuila pero, según señalan expertos en política, los comicios tienen miras al 2024, elecciones que forjarán el rumbo de los próximos años del país. Sin embargo, estas líneas no tratarán temas políticos, sino, algo más importante: Energía.
Comencemos, datos según el IMCO, cerca de 51 millones de personas viven algún grado de pobreza energética, de las cuales, poco más de un millón y medio, adolecen la versión extrema. Entendiendo que, pobreza energética es carecer de uno o más energéticos para una subsistencia y desarrollo con dignidad del ser humano. Ahora, un dato aún más demoledor, más de 27 millones de estas personas son mujeres, puesto que comenzamos a vislumbrar esta problemática como elementos de riesgo de género.
Cabe mencionar, que esta situación para 2021 (año de las anteriores elecciones), contabilizaban poco menos de 48 millones de personas en situación de pobreza energética, es decir, en dos años las cifras aumentaron dramáticamente. Y, si a esto se le suman las pérdidas multimillonarias derivadas por los constantes apagones en los diversos centros industriales o comerciales del país; además de las tensiones internacionales derivadas por los conflictos comerciales energéticos en torno al TMEC, adereza un escenario muy complicado.
Veamos ahora la otra cara de la moneda, la inversión extranjera directa en 2022 creció más de un 12%, según datos de la Secretaría de Economía. Concentrando toda esa IED, Estados del país como Nuevo León (énfasis en la gigafactory de TESLA), Aguascalientes, Coahuila, Estado de México, Querétaro, Chihuahua y Aguascalientes. Lo que se traduce en una mayor demanda energética y, no sólo eso, sino que esta energía debe ser limpia y sustentable; aunado a que se tiene un enorme potencial de movilidad social. Estamos hablando de un enorme reto, frente a los primeros datos brindados líneas arriba y una política energética federal autárquica.
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Es evidente que, la pluripartidista oferta política nacional (y local), ha omitido la energía y sustentabilidad de sus agendas, encasillando el tema como un tabú para no afectar sus compormisos políticos o contrariar la narrativa general; sin embargo, observando los datos, el progreso del país y, obviamente, de sus votantes, depende en gran medida de las oportunidades que brinda la atracción y promoción de inversión, así del cómo se resolverá la demanda energética.
Un ejemplo claro, Querétaro; entidad de la república que ha encontrado en la industria de la información y la tecnología un nicho importante para el desarrollo y una movilidad social importante que, sin embargo, en recientes fechas los ayuntamientos “industriales” han externado en medios su preocupación por la carencia de energía y la poca acción de los diferentes órdenes de gobierno para resolverlo.
Sin embargo, la legislación energética actual, permite a los diferentes gobiernos estatales y municipales tomar las riendas en la materia, con poco riesgo político y mucha perspectiva, sin pasar por alto una estricta disciplina regulatoria, para resolver sus problemas de demanda y déficit energético que tienen. Y, en el caso de las campañas políticas en curso, comienza a tomar vital importancia el cómo se resolverá la pobreza energética y, al mismo tiempo, dotar de energía a los sectores comerciales e industriales, sin pisotear a la población.
La sociedad, así como los sectores comerciales e industriales están al pendiente del cómo la clase política afronta estos retos, porque “un país sin energía, es un país sin futuro”. Y, lamentablemente a los creadores de política en el país, solamente les interesa el presente.
Santiago F. Arroyo Seguedo, director general de Ursus energy y especialista en regulación energética.
Contacto:
Twitter: @SarroyoSi
correo: [email protected]
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