El Gobierno de Claudia Sheinbaum confía en que las autoridades de Estados Unidos autorizarán la extradición de Inés Gómez-Mont y su esposo, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, quienes se encuentran en calidad de prófugos acusados de presunto lavado de dinero.
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), afirmó durante la conferencia matutina de Sheinbaum, que la pareja huyó a Estados Unidos cuando comenzaron a ser perseguidos por la justicia mexicana. Sin embargo, el funcionario espera que puedan enfrentar los cargos por presunto lavado de dinero.
“Gómez-Mont fue acusada de una serie de fraudes, bueno, y su compañero, Álvarez Puga, en el sistema de prisiones, se cometieron una serie de falsas obras, ganaron mucho dinero ahí, en ese lugar, de tal manera que la justicia los empezó a perseguir cuando las cosas cambiaron y entonces se fueron a vivir a Estados Unidos”, explicó Gómez.
Añadió que aunque han logrado eludir la extradición hasta el momento, confían en que la situación cambiará y que ambos deberán rendir cuentas ante los tribunales mexicanos.
El funcionario también destacó que como medida preventiva, la UIF los incluyó en la lista de personas bloqueadas, aunque subrayó que “no se ha iniciado un juicio de fondo”. “Han sido incorporados, pueden hacer operaciones libremente en el sistema financiero”, indicó. Además, añadió que “así como ellos, hay centenares de personas que han hecho cosas parecidas, semejantes, y que son liberados por los jueces para que puedan usar, de nuevo, el sistema financiero”.
Los recursos que supuestamente habrían sido lavados por Gómez-Mont y Álvarez Puga provienen de contratos otorgados por el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, encargado de las cárceles federales, lo que motivó una denuncia de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) en abril de 2021.
Desde septiembre de 2021, la pareja enfrenta órdenes de aprehensión por lavado de dinero y delincuencia organizada, derivadas de un fraude fiscal de 13 millones de pesos cometido en 2017, aunque la conductora ya pagó la deuda correspondiente.
La semana pasada, la UIF se vio obligada a retirar a Gómez-Mont y Álvarez Puga de su lista de personas bloqueadas, en la que habían sido incluidos en mayo de 2023.
Pablo Gómez detalló el proceso judicial que permitió a la pareja reactivar sus operaciones financieras en México, pese a tener órdenes de aprehensión. “El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito confirmó la sentencia del 29 de noviembre de 2023 emitida por la jueza Décima de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, que otorgó, había otorgado, amparo a la conductora Inés Gómez Mont Arena y a Víctor Manuel Álvarez Puga para que se les eliminara a ambos de la lista de personas bloqueadas”, explicó.
Como consecuencia de esa sentencia, el 4 de marzo de este año, en cumplimiento de lo ordenado por la jueza, la UIF giró instrucciones para reactivar los servicios financieros de la pareja, lo que fue confirmado el 10 de marzo por el juzgado. “La orden del Poder Judicial, de eliminar de la lista de personas bloqueadas a Inés Gómez-Mont y a Víctor Manuel Álvarez Puga, les permitirá hacer uso del sistema financiero nacional, sin ninguna restricción, a pesar de que el Ministerio Público cuenta con orden de aprehensión en contra de ambas personas”, criticó Gómez.
A la fecha, se han emitido cuatro órdenes de aprehensión contra Inés Gómez-Mont: tres por defraudación fiscal y una más por delincuencia organizada y lavado de dinero. La UIF también señaló que la mayoría de los jueces en el país benefician a personas vinculadas al lavado de dinero y urgió al Congreso a avanzar en reformas para combatir esta situación.
Pablo Gómez criticó que los jueces están desincorporando a personas de la lista de bloqueados basándose en suspensiones provisionales, sin esperar a la resolución final de los juicios de amparo. “Quiero decirles, cuando un juez federal da una suspensión, por haber una persona sido incorporada a la lista de personas bloqueadas, el juicio de amparo no está hecho, está por hacerse”, afirmó durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. Además, acusó que esta práctica beneficia a personas que lavan dinero, “y esto no puede ser producto más que de estructuras de corrupción”.
El titular de la UIF también explicó que la institución no realiza directamente los bloqueos financieros, sino que las instituciones bancarias ejecutan las instrucciones tras la incorporación de personas a la lista. Lamentó que una gran parte de los recursos bloqueados hayan sido liberados por decisiones judiciales.
Entre finales de 2018 y marzo de 2025, se han bloqueado más de 32,531 millones de pesos, 568.3 millones de dólares y 2 millones de euros, como parte de las acciones contra el lavado de dinero. Sin embargo, más del 70% de estos fondos han sido desbloqueados por fallos judiciales.
De acuerdo con datos de la UIF, entre diciembre de 2018 y marzo de 2025, se han incluido a 5,904 personas físicas y 1,911 personas morales en la Lista de Personas Bloqueadas, sumando un total de 7,815 sujetos. De estos, 910 personas físicas y 360 morales han sido desincorporadas, por lo que actualmente permanecen en la lista 4,994 personas físicas y 1,551 personas morales.
El funcionario también instó al Senado a aprobar reformas para mejorar la prevención del lavado de dinero, ya que, aunque México ha implementado algunas observaciones internacionales, aún existen áreas que necesitan corrección. “Lo que se ha venido discutiendo en el Congreso, y también en el Gobierno, es que nos pongamos a hacer algunas reformas de carácter -que se han demorado mucho en el caso concreto del Senado- para fortalecer el sistema de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita”, dijo.
En este sentido, destacó que México comparte una enorme frontera con Estados Unidos, su principal socio comercial, lo que aumenta el riesgo de lavado de dinero. “Necesitamos eso, somos un País que tiene una enorme frontera con los Estados Unidos, que es la mayor economía del mundo”, concluyó.
Finalmente, defendió el uso de la lista de personas bloqueadas como una medida de protección al sistema financiero mexicano, al suspender de forma inmediata el uso de recursos con presunto origen ilícito. “Es una medida de protección del sistema financiero y de la economía nacional”, subrayó.
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