Al menos 334 votos son los que la próxima presidenta de México necesita para reformar la Constitución Política, a partir del 1 de octubre de 2024. Una cifra que necesitará que la coalición electoral se transfiera al ámbito legislativo y responda con sus votos al mandato popular que se exprese el próximo 2 de junio.

Adicionalmente será necesario el voto favorable de al menos 17 legislaturas de los estados, con la consideración que hoy 22 entidades federativas son gobernadas por Morena. De este número, seis renovarán titulares del Poder Ejecutivo: Tabasco, Chiapas, Morelos, Puebla, Veracruz y la jefatura de la CDMX.

Las encuestas más serias nos dicen que Claudia Sheinbaum se convertirá en la primera Presidenta de México. Y si esto es así, la apuesta para la sucesora de López Obrador va por doble partida: ganar con contundencia la elección presidencial y alcanzaente apoyo legislativo que la acompañe hasta 2027, cuando nuevamente tengamos elecciones intermedias y se renueve la Cámara de Diputados federal.

Mientras que Xóchitl pelea por convencer que puede ser competitiva el próximo 2 de junio, para Claudia la encrucijada consiste, más bien, en ganar la elección con suficiente holgura, es decir, que la diferencia entre el primero y segundo lugar sea igual o mayor al cinco por ciento, lo que dejaría fuera de juego para la oposición, el argumento de la “determinancia” según la ley electoral.

El esfuerzo de Gálvez y sus simpatizantes por colocar la elección en términos de “democracia versus autoritarismo” atiende la preocupación de su coalición sobre el tamaño del apoyo legislativo que podría tener Sheinbaum. Ante un escenario donde la probabilidad marca la victoria de Claudia con un amplio margen, la batalla de la oposición concentra sus recursos para alentar al electorado a dividir su voto.

Acaso uno de los ejemplos más nítidos de poner la elección en la narrativa de “que en México se corre el riesgo de una regresión autoritaria” es el manifiesto recientemente firmado por intelectuales afines a la candidata de los partidos PRI-PAN y PRD.

Bajo esta tesitura, la apuesta de la coalición a favor de Gálvez va por alentar al llamado voto dividido ante el escenario remoto, pero posible, de tener una mandataria con un apoyo legislativo tal, que logre consolidar el proyecto de la Cuarta Transformación con las reformas legales necesarias e, incluso, de rango constitucional.

Ante el potencial resultado de que la coalición partidista que apoya a Sheinbaum logre hacerse de la mayoría calificada en ambas Cámaras, la Suprema Corte seguirá siendo un reducto para la oposición.

Adicionalmente, durante el siguiente sexenio (2024-2030), será cuando cuatro ministros culminen su periodo, cuyos nombramientos dependen directamente del presidente de la República si es que luego de dos ternas enviadas al Senado de la República, éste no logra los consensos necesarios, lo que conllevará un muy alto costo político.

La disputa por el Congreso amerita considerar que una eventual mayoría legislativa por parte de la coalición Sigamos Haciendo Historia no significa prescindir de los partidos opositores.: a pesar de lo pregonado por la oposición, el Congreso federal con el gobierno del presidente López Obrador mantuvo un ritmo de trabajo productivo, por lo que el Legislativo no deberá debilitarse lo que implica una oposición con capacidad legislativa.

Cualquiera que sea la voluntad expresada por la ciudadanía el próximo 2 de junio, los incentivos están puestos para tener un Congreso que acompañe la  transformación del país.

Twitter: @palmiratapia

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