La Ley de Amparo, tal y como la aprobó el Senado, desincentiva la llegada de inversión extranjera y reduce la construcción de vivienda e infraestructura en México, consideró la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI).
“Estos cambios (a la Ley de Amparo) perjudican gravemente la competitividad del sector, reducen la oferta de vivienda e infraestructura, y desincentiva la llegada de capital extranjero”, declaró el organismo dirigido por Jaime Fasja Amkie.
El ente empresarial, que agrupa a las principales desarrolladoras inmobiliarias en México, reconoció la importancia de contar con un marco jurídico sólido que garantice el respeto a los derechos fundamentales y brinde la certeza jurídica necesaria para el desarrollo de proyectos de inversión.
“La ADI expresa su preocupación por las reformas propuestas a la Ley de Amparo, en particular aquellas que limitan la procedencia de las suspensiones, restringen los efectos de las resoluciones de los jueces y, de manera especialmente alarmante, incluyen un artículo transitorio con efectos retroactivos”, expresó la entidad empresarial.
El Senado aprobó la iniciativa a la Ley de Amparo la noche del 1 de octubre enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum con 76 votos en favor, de Morena y aliados, y 39 en contra de los opositores.
Y en la madrugada del 2 octubre hicieron un cambio al dictamen de la Ley de Amparo para dar retroactividad a las nuevas disposiciones, lo cual fue rechazado por la oposición y los presidentes de las comisiones dictaminadoras del Senado, quienes salieron del salón de plenos para no tener que votar la reserva presentada por Manuel Huerta Ladrón de Guevara (Morena), que avaló luego la mayoría de los legisladores de la 4T.
“La aprobación en el Senado del transitorio representa un grave riesgo, ya que afectará directamente a los inversionistas y desarrolladores que hoy tienen juicios de amparo en curso, vulnerando el principio constitucional de no retroactividad de la ley”, apuntó la ADI.
Recordó que el sector inmobiliario es uno de los más sensibles a los cambios regulatorios y uno de los más golpeados por actos discrecionales de autoridades en materia de permisos, usos de suelo, densidades y normativas ambientales.
“Limitar el alcance de la suspensión en el amparo implica dejar a los desarrolladores sin una defensa efectiva frente a posibles arbitrariedades, así como generan desventajas competitivas entre proyectos similares y debilita la confianza de los inversionistas”, comentó.
Señaló que la aplicación inmediata de normas cuestionadas, mientras se resuelve la constitucionalidad expone a los proyectos a sobrecostos, retrasos y modificaciones que afectan su viabilidad financiera.
“La incertidumbre jurídica obligaría incluso a renegociar contratos con inversionistas y clientes, elevando los riesgos financieros y trasladando posibles incrementos de precios al consumidor final”, expresó.
La ADI hizo un llamado “firme y respetuoso al Poder Legislativo” para que, en la discusión de esta reforma, “se preserve el equilibrio entre el interés público, la protección efectiva de los derechos de los particulares y el principio de no retroactividad de la ley, como garantía fundamental del Estado de derecho”.
Los desarrolladores inmobiliarios comentaron que están en toda la disposición al diálogo con los Poderes de la Unión y con la sociedad civil para encontrar soluciones que fortalezcan la certeza jurídica, protejan la inversión y permitan que el sector inmobiliario continúe siendo motor del desarrollo económico, la generación de empleo y la creación de vivienda digna en México.
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