* Por Janet Margarita Mijangos Cruz, Jueza Primera de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Chiapas
La reciente iniciativa para modificar el sistema judicial en México que propone que los jueces sean elegidos por votación popular ha generado debates en distintas áreas y revela la falta de conexión entre los que implementan las reformas y las verdaderas necesidades de las víctimas.
La última década ha sido una de las más violentas en el país, según datos del Inegi, más de 70 mil delitos del fuero local y federal se cometen cada 24 horas, pero la probabilidad que terminen ante un juez es de 0.8 por ciento.
Gran parte de las víctimas ni siquiera acuden a denunciar el delito porque no confían en que obtendrán justicia, toda vez que al acudir a las policías, fiscalías o ante las autoridades que realizan un primer contacto, su dolor, lejos de disminuir, aumenta con la indiferencia, el maltrato e impunidad. Las vivencias de las víctimas respecto al sistema judicial son desalentadoras.
En ese contexto, nadie niega que el sistema de impartición de justicia debe mejorar,
pero si ese es el objetivo de la reforma judicial es necesario escuchar a los millones de víctimas de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, violencia de género que existen en el país e identificar sus necesidades. Las víctimas necesitan justicia que realmente aborde las problemáticas que las afectan. Esto no solo es una cuestión humanitaria, sino también una responsabilidad del Estado.
Reformar un sistema tan complejo como el judicial amerita tomar en cuenta a quienes más sufren con su deficiencia. Es esencial incluir las voces de las víctimas en el diseño de la reforma judicial para crear un sistema efectivo; ignorarlas podría empeorar su situación y dificultar el acceso a sus derechos humanos de justicia y reparación.
La Constitución indica que es responsabilidad del Estado proporcionar tribunales que ofrezcan justicia de forma rápida, completa e imparcial; por lo tanto, el Estado debe reforzar el sistema judicial alineándose con estos principios y fomentar el Estado de derecho según las regulaciones internacionales sobre derechos humanos, evitando así situaciones traumáticas.
En vez de someter el sistema judicial a las influencias de poder que han perjudicado a otros actores, el Estado debería asegurar que el sistema de justicia sea el más eficiente, garantizando que las personas involucradas tengan una adecuada formación técnica, profesional y ética. Las víctimas no necesitan más políticos, sino justicia; es imperioso que el Estado actúe con compromiso y responsabilidad implementando una estrategia que atienda a las causas específicas de las víctimas, removiendo los obstáculos existentes para el efectivo acceso a la justicia en condiciones de igualdad.
Un sistema judicial fuerte que atienda las necesidades de las víctimas y elimine la
impunidad cotidiana contribuirá a crear una sociedad más pacífica e inclusiva. Las víctimas y la sociedad estarán mejor y al menos el Estado avanzará en el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos. Solo así podrá restablecer la confianza en las instituciones.
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