El tema de cómo hacer más eficiente la estructura desconcentrada del INE es una cuestión que dejó irresuelta la última reforma electoral de 2014, la que se quedó a medio camino en el objetivo de diseñar un verdadero sistema nacional electoral. La reforma electoral que hoy es posible podría hacer más eficiente la organización del INE en su estructura territorial.
Uno de los puntos torales en los que se ha concentrado la crítica a esta reforma es la desaparición de 300 juntas distritales. La oposición sostiene que tal medida pondrá en riesgo la organización de los futuros comicios, con acento particular en 2024.
Por ello, analizar este tema reviste de una importancia toral en el análisis de la reforma electoral a diversas leyes. Primero, debe precisarse lo que ésta propone al aspecto. Por un lado, deja intocadas las funciones constitucionales del INE, entre las que se encuentran la rectoría del Padrón y la Lista Nominal. Lo que sí plantea es reemplazar las 300 juntas distritales por “hasta 300 órganos auxiliares … los cuales pueden ser permanentes o temporales, como determine el Consejo General”, quien deberá considerar el número de distritos electorales por municipio o zona metropolitana, así como condiciones de accesibilidad y tiempos de traslado.
Adicional a ello, la reforma a la ley electoral señala que el INE podrá contar con oficinas municipales, y mantiene el funcionamiento de manera permanente de los 32 órganos locales que actualmente tienen presencia en cada entidad federativa, aunque con un número menor de funcionarios que seguirán formando parte del Servicio Profesional de Carrera.
Entre las responsabilidades que actualmente tienen las juntas distritales del INE están evaluar el cumplimiento de los programas relativos al Registro Federal de Electores, proponer el número y ubicación de las casillas y capacitar a la ciudadanía que integrará las mesas directivas de casilla el día de la elección.
Respecto al punto de tener una estructura desconcentrada que funcione de manera temporal, algunos OPLE han operado de manera exitosa con juntas distritales que funcionan solo en tiempos de elecciones. Un ejemplo es el Estado de México que, con su complejidad geográfica y social, resulta un referente.
Sin duda, la reducción en el número de funcionarios que hagan las mismas actividades supone un reto en el corto plazo. Pero es una forma de comenzar a resolver el hecho de que cada elección federal resulta más cara que la anterior. Se estima que el principal componente del gasto de la democracia electoral, se lo lleva la operación de las autoridades electorales, principalmente el INE, que representa el 80% sin considerar prerrogativas a partidos políticos. (Guzmán y Montelongo, 2017, pp. 192-194).
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Un aspecto no menor y que poco o nada se menciona en la crítica a la reforma electoral, es que esta última deja al Consejo General la facultad para determinar si la estructura desconcentrada a nivel distrital es permanente o temporal. Esto es fundamental considerando que en 2024 no solo eligiremos presidente o presidenta de la República, así como 128 senadurías y 500 diputaciones federales, sino que también en nueve estados renovarán titular de la gubernatura, además de que en 30 entidades elegirán congresos locales e integrantes de los Ayuntamientos.
Lo que la reforma propone ajustar en este tema conduce indudablemente a retos de índole operativo y técnico lo que requiere, en principio de cuentas, reconocer que el aparato burocrático electoral es percibido al exterior como un grupo cerrado y privilegiado y, al interior, se ha convertido en una estructura que tiende a mantener espacios de confort y de resistencia al cambio.
Contacto:
Maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Oxford y Licenciada en Ciencia Políticas y Relaciones Internacionales, por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Twitter: @palmiratapia
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