La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) respaldó la estrategia contra la extorsión presentada por el gobierno federal, pero advirtió que será insuficiente si no se implementan reformas legales de fondo y se incluye apoyo específico a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que son las más vulnerables frente a este delito.
El organismo recordó en un comunicado que estas unidades de negocio representan el 65% del empleo formal en México, pero son también las más afectadas por la extorsión, debido a sus limitados recursos para protegerse.
“La estrategia debe incluir apoyo especial para ellas, como atención rápida, asesoría legal y programas de prevención, para que puedan seguir creciendo sin miedo”, subrayó.
Apuntó que el 12.8% de los socios de esta representación patronal han sido víctimas de extorsión, siendo la modalidad telefónica la más común (70.5%). Además, el 49.5% de los afiliados considera que la inseguridad es el principal obstáculo para el crecimiento empresarial.
Señaló que cada día 32.3 personas son víctimas de extorsión, lo que generó pérdidas
totales superiores a los 26,000 millones de pesos en 2024.
La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que su gobierno no ha logrado disminuir los niveles de extorsión en el país, por lo que este martes presentó un plan que enviará al Congreso como iniciativa de ley para combatir el delito, y además para reforzar la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales.
“Es un paso indispensable, pero debe ir acompañado de una Ley General de Extorsión que articule acciones a nivel nacional y elimine las llamadas puertas giratorias”, señaló Coparmex.
Reformas legales y atención diferenciada
La confederación también urgió a reformar el artículo 73 constitucional para permitir al Congreso expedir una Ley General de Extorsión, que garantice coordinación efectiva en todo el país, establezca penas claras y adapte los protocolos de atención a las realidades regionales.
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Asimismo, propuso fortalecer las unidades antiextorsión con personal capacitado y protocolos eficaces, especialmente en zonas donde el “cobro de piso” y las llamadas desde cárceles son prácticas extendidas.
Finalmente, Coparmex coincidió con el gobierno en la necesidad de acompañar la estrategia con campañas de prevención y reconstrucción del tejido social, aunque aclaró que esta tarea requiere una visión de largo plazo y una apuesta por la educación en valores y legalidad.
“Sin seguridad no hay libertad, sin justicia no hay inversión, y sin legalidad no hay futuro”, concluyó el organismo.
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