Las nuevas atribuciones que podría adquirir la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a través de las reformas planteadas en la Ley de Instituciones de Créditos que se analizan en la Cámara de Diputados, son necesarias para el combate a las redes de corrupción pero requieren controles democráticos.  De concretarse estos cambios la UIF, que actualmente dirige Santiago Nieto, contaría con nuevas facultades y atribuciones que le darían “súper poderes”, advierte Eduardo Bohórquez, director general de Transparencia Mexicana.  “La UIF, correctamente, está asumiendo un mayor poder y en la discusión legislativa se le están dando nuevas facultades y atribuciones, pero por diseño institucional, la UIF no le rendía cuentas a nadie, era una oficina en la que sólo le rendía cuentas al secretario de Hacienda y el presidente de la República, creo que hay que empezar a diseñar los controles democráticos necesarios”, afirmó el especialista en temas de corrupción.  De acuerdo con la iniciativa, que continuará en discusión hoy en el pleno de San Lázaro, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) podrá introducir a una persona a la lista de personas bloqueadas cuando cuente con indicios suficientes de que se encuentra relacionada con delitos de financiamiento al terrorismo, operaciones con recursos de procedencia ilícita.   Las personas que hayan sido incluidas en la lista de personas bloqueadas podrán tener derecho a una audiencia , a través de una solicitud que deberá formularse ante la Unidad de Inteligencia Financiera.  TAMBIÉN LEE: Unidad de Inteligencia Financiera presentará nueva denuncia contra Rosario Robles También está por discutirse, dentro de esta reforma si la Secretaría de Hacienda podría promover la extinción de dominio de los recursos bloqueados a personas señaladas por cometer lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.  En ese sentido Bohórquez recomienda que existan tres tipos de controles democráticos: a quién le rinde cuentas la UIF, quién supervisa los trabajos y cuáles son las fórmulas que definen a quienes investiga.  “Debe de haber un panel de supervisión del trabajo del titular de la UIF, en el pasado lo hicimos para el diseño de la Fiscalía General de la  República, se creó el panel de supervisión a las tareas del Fiscal, es un panel que se rige por ciertas reglas, por ejemplo, convenios de confidencialidad”, explicó.  En el caso de la revisión de las fórmulas, Bohórquez explica que se trata de un proceso que se lleva a cabo a nivel mundial conocido como algoritmic acountability.  “La UIF trabaja con base en formulas y las formulas pueden estar sesgadas a favor o en contra de ciertos perfiles, entonces hay que cuidar que las formulas sean correctamente democráticas, que todas las personas corran el mismo riesgo de que esas formulas sean aplicadas y que no haya sesgo a favor o en contra de ciertas personas o grupos, que no es lo mismo que no haya criterios”.  El otro criterio al que se refiere en torno a quién supervisa el trabajo de esta unidad, está enfocado precisamente a un grupo de personas de muy alto nivel con capacidad técnica para determinar que las formulas, que por su naturaleza no pueden ser públicas, se apliquen adecuadamente.  “Que haya criterios muy claros para definir cuándo y contra quién se entra en términos del uso de la UIF. Porque si no puedes tener lo que vivimos en la campaña de 2018, que durante 6 años no hicieron ningún comentario sobre las factureras y el potencial lavado de dinero de uno de los candidatos, cuando era diputado, cuando era presidente nacional de un partido pero justo durante la elección, resulta que los querían investigar. Tiene que haber un mecanismo de acompañamiento”, detalla.  TAMBIÉN LEE: Cuentas bloquedas por la UIF suman casi 4,000 mdp: Santiago Nieto

 

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