La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) instó a los países a abordar de mejor manera estudios y análisis relacionados con la justicia ambiental, ya que eso puede arrojar luz sobre cómo garantizar la equidad en los procesos y resultados de la formulación de políticas ambientales.
De acuerdo con el estudio “Justicia ambiental: contexto, desafíos y enfoques nacionales”, si bien no existe una definición universal de justicia ambiental, el concepto busca corregir una serie de recurrentes desafíos que enfrentan diversas comunidades y grupos, que incluyen la exposición desproporcionada a peligros ambientales y los subsiguientes efectos adversos para la salud resultantes de dicha exposición, el acceso desigual a los servicios ambientales y las preocupaciones sobre las implicaciones distributivas de las políticas ambientales.
El organismo internacional señaló que las investigaciones que documentan la exposición desproporcionada a riesgos naturales y provocados por el hombre dan fe de la naturaleza persistente de estas preocupaciones, pues abundan los ejemplos, desde inmigrantes a regiones industriales que soportan mayores cargas ambientales, hasta comunidades indígenas que sufren desproporcionadamente la contaminación del aire causada por incendios forestales cada vez más frecuentes debido al cambio climático.
Añadió que la calidad dispar del medio ambiente, agravada por vías de exposición que se pasan por alto y una capacidad de adaptación desigual puede magnificar las desigualdades en salud existentes en la intersección de raza, género y características socioeconómicas; además, una mayor exposición a peligros ambientales puede empeorar aún más la vulnerabilidad y provocar efectos diferenciales en la salud.
En relación con esto, apuntó la OCDE, los servicios ambientales como espacios verdes y agua potable también están disponibles de manera desigual para las comunidades y existen dinámicas complejas que sustentan la exposición desigual a los peligros ambientales, que varían en el espacio y en el tiempo
En este contexto, advirtió que hay desafíos compartidos que subrayan la necesidad de abordar las disparidades ambientales persistentes y, al mismo tiempo, implementar políticas para la transición hacia economías ambientalmente más sostenibles, pero la mayoría de los países enfrenta limitaciones de datos, capacidad administrativa y financiera para diseñar políticas efectivas para proteger a las comunidades vulnerables.
Por tanto, el organismo indicó que la variedad de enfoques y soluciones para promover la justicia ambiental sugiere que el aprendizaje mutuo es valioso para impulsar el progreso; por ejemplo, se podrían ampliar las orientaciones sobre evaluación de impacto o superponer datos preexistentes sobre calidad ambiental, geografía e indicadores socioeconómicos.
Así, a medida que los países enfrentan el objetivo unificador de abordar los desafíos ambientales como un imperativo político, las brechas de conocimiento pueden abordarse mejor a través de una perspectiva comparada y el intercambio de mejores prácticas.
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