Ollamani, empresa propietaria del Club América, el Estadio Azteca y de Editorial Televisa, pelea en tribunales no pagar más de mil 909 millones de pesos en impuestos por su negocios y actividades económicas.

“El 21 de junio de 2019, se notificó a (una) subsidiaria (de Ollamani) el resultado de la auditoría, determinando un crédito fiscal por la cantidad de mil 334 millones de pesos esencialmente en materia de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)”, revela documentación de la empresa que será listada en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) el 20 de febrero.

“(Y) el 8 de diciembre de 2022 se notificó a dicha subsidiaria el resultado de la auditoría, determinando un crédito fiscal por la cantidad de 575 millones de pesos por concepto de impuesto sobre la renta, correspondiente al ejercicio fiscal de 2014”, agregan los estados de situación financiera consolidados de Ollamani.

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La empresa considera que ambos créditos fiscales son dos de las contingencias más apremiantes, y no ha determinado si el resultado puede ser adverso o favorable.

El Club América debutará en la BMV el 20 de febrero a través de Ollamani, una empresa creada después de la escisión de varios negocios de Grupo Televisa. La nueva emisora de la BMV ‘jugará’ en la plaza bursátil con la clave de pizarra “ÁGUILAS.CPOs” e inscribirá 340,621.8 millones de acciones de forma directa.

Ollamani es propietaria de negocios relacionados con la prestación de servicios de deportes profesionales, juegos y sorteos, publicación y distribución de revistas, entre otros, y que antes formaban parte de Grupo Televisa.

El objetivo de la escisión es darle a esos negocios mejores condiciones de acceso a capital, fuentes de financiamiento e inversionistas para sus futuros planes, según Grupo Televisa.

Otra de sus contingencias está relacionada con el negocio de casinos. En mayo de 2005 la Secretaría de Gobernación otorgó un permiso a Apuestas Internacionales para la instalación y operación de Centros de Apuestas Remotas, instalación de salas (Play City) y realización de sorteos con números y el desarrollo de sorteos de números y cruce de apuestas a través de terminales electrónicas utilizadas como puntos de venta.

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“Este permiso tiene una fecha de vencimiento en 2030, y está sujeto a renovación de conformidad con las disposiciones legales en México”, explica la compañía propiedad de Emilio Azcárraga Jean.

El 1 de junio de 2016, el SAT inició un procedimiento de una visita domiciliaria a una filial de Ollamani “con el propósito de comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, en materia de las contribuciones federales como sujeto directo, así como en su carácter de retenedor”.

El 24 de abril de 2017, la autoridad fiscal informó los hechos y omisiones detectados durante el desarrollo del proceso de fiscalización que podrían entrañar el incumplimiento del pago de contribuciones.

“El 30 de mayo de 2017, mediante escrito presentado ante la autoridad se hicieron valer argumentos y se ofrecieron pruebas para desvirtuar los hechos u omisiones consignados en la última acta parcial”, indica. 

El 16 de agosto de 2019 se interpuso un proceso administrativo (recurso de revocación del pago de mil 334 millones de pesos) ante el área jurídica de las autoridades fiscales, detalla.

El 19 de febrero de 2021 se presentó ante la Segunda Sala Regional en Puebla del Tribunal Federal de Justicia Administrativa un juicio de nulidad en contra de la resolución dictada en el recurso de revocación de referencia, misma que se encuentra pendiente de resolución.

El 19 de junio de 2020 la autoridad fiscal inició un procedimiento de una empresa del grupo: “El propósito de esta auditoría fiscal fue para verificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, en materia de las contribuciones federales como sujeto directo, así como su retención en materia del impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado, y como retenedor en materia del impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado”. 

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El 9 de agosto de 2022, la autoridad informó a la subsidiaria hechos y omisiones detectados durante el desarrollo del proceso de fiscalización que pudieran entrañar el incumplimiento del pago de contribuciones. En contra de dicho crédito fiscal por 575 millones de pesos, el 31 de enero de 2023 se interpuso un proceso administrativo (recurso de revocación) ante el área jurídica de las autoridades fiscales, mismo que se encuentra en proceso de resolución.

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