Por Santiago F. Arroyo Seguedo*
Desde la antigüedad, la humanidad ya basaba decisiones de Estado y lo que ahora conocemos como Administración Pública, en mecanismos de análisis para reducir la incertidumbre durante este proceso pero, con una buena dosis de misticismo. Un ejemplo de ello era el oráculo de Delfos, que fuere usado por el rey Temístocles para organizar la estrategia de batalla y su posterior triunfo sobre los persas en Salamina.
Del pasaje histórico, se sabe que la Pitia era la sacerdotisa Timón, quien elaboró su interpretación y, de manera esotérica, fungió como el sistema de inteligencia artificial que descifró el algoritmo que programó el rey griego.
Básicamente, el funcionamiento de la Inteligencia Artificial (IA) en el día a día gubernativo, permite programar una serie de algoritmos con la finalidad de resolver procesos ya sea administrativos o de política pública con un reducido margen de riesgo o incertidumbre. Aunque, la verdadera fortaleza de sistemas como estos, se finca en la estructura de datos con los que cuenten las instituciones gubernamentales.
Parte de la reducción de incertidumbre en los procesos gubernamentales, se encamina al incremento de la eficiencia en las respuestas que brindan las instituciones oficiales o reguladoras a los ciudadanos solicitantes. En el caso de México y, específicamente para los organismos reguladores energéticos es una constante la necesidad de obtener mejoras en las resoluciones, la rapidez en las mismas y mermar el impacto regulatorio negativo en el desarrollo de proyectos energéticos y/o modificaciones técnicas o legales a quienes las necesitan.
Una muestra, según datos del informe de actividades de la Comisión Reguladora de Energía, en el año de 2023 canalizó 5,771 solicitudes (entre permisos, modificaciones y actualizaciones para los mercados de hidrocarburos y electricidad), de las cuales 4,435 fueron del sector hidrocarburos y 548 del mercado eléctrico; contando con un nivel de rechazos del 74% en solicitudes en materia de hidrocarburos y 18% en el mercado eléctrico, es decir, que 7 de cada 10 solicitudes del mercado de combustibles no procedieran a trámite bajo los criterios de la Comisión. Lo cual, ante el escenario de estrés energético que vive el país, no es cosa menor.
Con estos números, son más que suficientes para que la siguiente administración Federal considere la aplicación de tecnologías como la IA con el fin de automatizar los procesos administrativos, no sólo de la CRE, sino de todo el andamiaje de procesos del Gobierno de México, especialmente en energía, recaudación y programas sociales.
Que, en el caso particular de la CRE pudiera servir para el análisis de datos de los solicitantes y la resolución de sus peticiones en tiempos récord, de unos cuantos días u horas, contrario al viacrucis actual de decenas de meses con solicitudes ralentizadas por la ineficiencia burocrática humana. Independientemente de lo anterior, serviría para la identificación de zonas económicas relevantes, cobertura de demanda o de pobreza energética, para canalizar a los solicitantes e inversionistas de una mejor manera.
Asimismo, en materia eficiencia del gasto público, la aplicación de tecnologías de IA en prácticas de gobernanza supone una inversión desde 450,000 dólares anuales, según algunos portales especializados en tecnología, conllevando la reducción de la carga laboral y presupuestaria, aumentando la especialización de los funcionarios públicos y, por ende, mejorando sus ingresos.
Y, en el caso de transparencia y mejora regulatoria, bastaría con tener público el algoritmo en el Diario Oficial de la Federación y en los portales de “Datos Abiertos” de cada dependencia, con la finalidad de que la ciudadanía pueda conocer el componente de los algoritmos que definirán si la respuesta a su solicitud será negativa o positiva. Esto, en el marco de las controversiales propuestas electorales de eliminar el Análisis de Impacto Regulatorio de la Conamer, la correcta aplicación de un modelo eficiente de IA pudiera mitigar la polémica, al colocar en consulta pública los factores del algoritmo resolutor.
En fin, la IA tal parece que fue creada para la austeridad presupuestaria y aspirar a una alta eficiencia en los gobiernos mexicanos, aplicando la digitalización del oráculo de Delfos, en esta versión del siglo XXI de las Guerras Médicas, en dónde los Persas son la corrupción y la ineficiencia.
Contacto:
* Santiago F. Arroyo Seguedo es director de Desarrollo de Negocios para México y Latinoamérica en EGSA y, especialista en regulación y mercados energéticos.
X (antes Twitter): @SarroyoSi
Mail: [email protected]
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