A principios de octubre de 2025, con su futuro político en la cuerda floja, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, quien dimitió y fue reelegido, se comprometió a suspender las impopulares reformas de las pensiones hasta 2027, fecha de las elecciones presidenciales.
Los diputados socialistas proclamaron la victoria. El empresariado francés se quejó. El S&P rebajó la calificación crediticia de Francia, alegando preocupaciones presupuestarias.
Con Francia postergando las inevitables reformas dentro de al menos dos años, y muchos países europeos enfrentando sus propias crisis de pensiones, vale la pena considerar cómo diseñar reformas de pensiones que sean sostenibles, equitativas y políticamente viables.
Un aspecto llamativo del debate sobre la reforma de las pensiones en Europa es lo bien comprendidos y ampliamente documentados que están sus problemas de raíz. La población europea está envejeciendo. La tasa de natalidad está disminuyendo. La esperanza de vida es cada vez mayor. Menos personas contribuyen a la financiación de los sistemas públicos, lo que hará que más personas reciban fondos de ellos durante períodos más largos. Al mismo tiempo, la disrupción tecnológica está reduciendo la proporción de las rentas laborales en el producto interior bruto.
Dado que la mayoría de los sistemas de reparto europeos se diseñaron cuando la demografía era completamente diferente, deben ajustarse para reflejar la realidad actual. Aceptamos esto en otros ámbitos, como la educación, donde rezonificamos los distritos escolares y reducimos la construcción de nuevas escuelas para reflejar la menor cantidad de niños en nuestros barrios. Pero cualquier conversación sobre ajustar la edad de jubilación se topa con miles de manifestantes furiosos que llenan las calles de París, Madrid o Bruselas.
En Francia, también es importante poner la reforma en perspectiva: propuso aumentar la edad de jubilación en dos años, hasta los 64. Dinamarca ajusta su edad de jubilación cada cinco años en función de la esperanza de vida y aprobó elevarla a 70 años para 2040 desde los 67 años actuales a principios de año.
Las reformas de las pensiones siguen fracasando porque la política prevalece sobre la economía. Las transiciones demográficas son predecibles, sus costes son mensurables y las herramientas políticas necesarias para abordar sus consecuencias ya existen. Pero las reformas fracasan cuando chocan con los incentivos electorales y la desconfianza pública.
¿Cómo superar estos problemas? En lugar de centrarse únicamente en un aspecto, como la edad de jubilación, proponemos un enfoque multidimensional que aborde tanto los gastos como las cotizaciones y compense a quienes se ven inicialmente afectados por las reformas. España fue nuestro caso práctico, pero las lecciones son válidas para muchos países europeos, entre ellos Francia.
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Ajustes automáticos y compensaciones puntuales
Parte de la solución consiste en incorporar nuevos mecanismos de ajuste automático, o normas que adapten las pensiones a las cambiantes realidades económicas y demográficas. Estos mecanismos hacen que los sistemas de pensiones sean más predecibles y creíbles, y reducen su dependencia de una serie de reformas puntuales, plagadas de dificultades políticas.
También proponemos compensar a los trabajadores y jubilados que soportan el mayor impacto de la reducción de las pensiones. Esto se haría mediante una transferencia puntual de activos líquidos del gobierno a los hogares.
La desventaja de esta política es que los gobiernos tendrían que financiar estos pagos, probablemente mediante la emisión de nueva deuda pública. Pero, como hemos visto muchas veces, las reformas que se impulsan sin intentar compensar a los perjudicados suelen revertirse. Los votantes mayores con la vista puesta en la jubilación —y cada día son más— bloquearán cualquier intento de recortar sus prestaciones a menos que entiendan que serán compensados por sus pérdidas.
Viabilidad de la reforma de las pensiones
Para que las reformas de las pensiones sean realmente eficaces, deben basarse en cinco elementos:
1. Introducir un factor de sostenibilidad que ajuste el importe de las pensiones iniciales a la esperanza de vida de la cohorte del trabajador que se jubila. En la práctica, esto significa que quienes se jubilan más jóvenes recibirán una pensión menor, ya que es probable que reciban pagos durante más años. Esto incentiva a los trabajadores a prolongar su vida laboral.
2. Introducir una norma de ajuste automático que actualice los derechos de pensión y/o las pensiones para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema. Actualmente, muchos sistemas actualizan las pensiones utilizando el índice de precios al consumo. Esto no es sostenible, ya que reduce la tasa de reemplazo de las pensiones, la relación entre el salario previo a la jubilación y los ingresos por pensiones. Esto es especialmente cierto en un entorno de bajo o incluso nulo crecimiento de la productividad laboral (como es el caso de España).
3. Calcular las pensiones utilizando las cotizaciones realizadas durante toda la vida laboral de los trabajadores que se jubilan conforme a su edad, en lugar de los últimos 25 años o alguna otra medida reducida. Ignorar los años de trabajo iniciales tiende a beneficiar a las personas con mayores ingresos y a infrafinanciar el sistema en su conjunto.
4. Eliminar los topes a las contribuciones sobre la nómina, pero mantener las pensiones máximas, de modo que las personas con mayores ingresos aporten más al sistema sin recibir pensiones más altas a cambio.
5. Ofrecer una compensación única a los trabajadores y jubilados que resulten perjudicados por estas reformas. Estas compensaciones pueden financiarse con deuda pública. Este componente transitorio facilita una transición justa y evita el rechazo social que a menudo provoca el fracaso de las reformas de pensiones.
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En combinación, estas medidas no solo mejoran la sostenibilidad financiera de los sistemas de pensiones, reduciendo el gasto futuro en pensiones, sino que también fomentan el ahorro privado y promueven una vida laboral más larga. Si las reformas se anuncian con suficiente antelación, el coste de la transición podría ser menor, ya que los hogares tienen mayor margen de maniobra para ajustar sus opciones de consumo, ahorro y jubilación.
Esto no significa que las reformas de pensiones no generen controversia. Si se adoptaran estas medidas, los gobiernos tendrían que explicarlas con claridad y anticipar la reacción pública. También tendrían que dejar claro que, sin reformas, serán inevitables aumentos sustanciales de impuestos.
La alternativa, sin embargo, es peor. De acuerdo con nuestros cálculos, España tendría que aumentar su impuesto sobre el valor añadido medio en 9 puntos porcentuales, del 16 al 25%, para recaudar los ingresos suficientes para sostener el sistema actual indefinidamente. Al retrasar decisiones impopulares sobre pensiones, los políticos se están preparando para subidas de impuestos aún más impopulares en el futuro.
*Javier Díaz Giménez es profesor de Economía de IESE Business School en la Universidad de Navarra y Julián Díaz Saavedra es rofesor asociado en la Universidad de Granada.
Este texto fue publicado originalmente en The Conversation
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