Armando Zúñiga Salinas, presidente de las Agrupaciones de Seguridad Unidas por un México (ASUME), pidió al Congreso que apruebe la Ley General de Seguridad Privada, ya que es un complemento de las fuerzas públicas en momentos donde la violencia e inseguridad van al alza.
“La creciente inseguridad pública en México ha llevado al sector de la seguridad privada a desempeñar un papel esencial como complemento de las fuerzas públicas”, declaró el empresario.
Dijo que desde mayo de 2021 se aprobó una reforma constitucional que facultó al Congreso para expedir la ley, “aunque el plazo venció en noviembre del mismo año, seguimos esperando su promulgación, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha avanzado en un proyecto y confiamos en que pronto sea aprobado bajo el liderazgo de Omar García Harfuch”.
Indicó que la ley beneficiará a la industria, empresas y sociedad: “Con esta ley, podremos garantizar servicios más confiables y efectivos, reducir riesgos, atraer inversiones y fortalecer la colaboración entre la seguridad pública y privada. Esto se traducirá en una mejora significativa en la percepción de seguridad en el país”.
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Apuntó que la seguridad privada es un pilar indispensable para la tranquilidad de las personas y el desarrollo económico de México: “Como sector, estamos listos para colaborar con el gobierno y contribuir a la construcción de un entorno más seguro y ordenado”.
“En México existe una alta informalidad, falta de estándares homologados y poca coordinación con las autoridades públicas, lo que pone en riesgo a empresas y ciudadanos”, expresó.
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“La ley debió haberse expedido desde hace 3 años y tiene como objetivo garantizar, de manera inmediata, un marco jurídico que garantice servicios de seguridad con un alto estándar de calidad”, comentó.
“La Ley General de Seguridad Privada es muy importante porque se suma a la estrategia de seguridad del País. Este sector, con más de 600 mil elementos, cuida a las empresas, zonas residenciales e instituciones y puede representar hasta un millón de empleos”, dijo.
“El sector enfrenta obstáculos que deben ser considerados urgentemente. Uno de ellos, es la falta de una regulación uniforme, toda vez que la seguridad privada en México se rige por una serie de normas y regulaciones dispersas y desactualizadas. Esto ha generado un vacío legal que permite la operación de empresas de seguridad privada sin los controles y supervisión necesarios”, agregó.
“Actualmente, operamos bajo un esquema fragmentado: una Ley Federal obsoleta, 32 leyes estatales y cientos de reglamentos municipales. Esta diversidad normativa genera más de 500 contradicciones que complican la operación de las empresas y, lo que es peor, fomentan la corrupción y la competencia desleal”, dijo.
“Un marco regulatorio uniforme permitiría mejorar la calidad del servicio a través de empresas capacitadas y certificadas, garantiza condiciones laborales dignas para los trabajadores y fortalecería la confianza de los usuarios al combatir la informalidad”, señaló.
