El Instituto Nacional Electoral (INE) se enfrenta a grandes desafíos presupuestales, organizacionales y de fiscalización, en un proceso electoral en el que por primera vez habrá de forma simultánea comicios federales y locales en las 32 entidades federativas, advirtió el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Ante esta realidad, el centro de análisis propuso crear un fondo para procesos electorales en el que el INE pueda acumular recursos con el objetivo de organizar elecciones extraordinarias cuando sea necesario cubrir la atracción de funciones de los Órganos Públicos Electorales Locales (OPL), así como y para los procesos electorales federales ordinarios en casos de recorte presupuestal en año electoral.

Además recomendó unificar las bases de datos de nómina y recursos humanos de las diferentes áreas del INE en la Dirección de Administración para facilitar el monitoreo del cumplimiento del Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Humanos, y garantizar que el gasto ejercido por las juntas locales y distritales sea empleado siguiendo los principios de economía y eficiencia.

También propuso mejorar la calidad de los datos abiertos que publica el instituto para que la sociedad civil y la ciudadanía pueda utilizarlos en la creación de herramientas de fiscalización y análisis que fortalezcan la confianza ciudadana en el INE, así como realizar un diagnóstico detallado del Servicio Profesional Electoral para evaluar la pertinencia de las evaluaciones y los esquemas de promoción vigentes.

En el estudio “El INE en la democracia”, el IMCO señaló que la institución transfiere 31% de su presupuesto a los partidos políticos y tiene a su cargo la fiscalización de estos recursos. En cumplimiento de las disposiciones constitucionales, para el proceso electoral de 2024, el INE transfirió 10,179 millones de pesos (mdp) a los partidos políticos, el monto más alto en la historia. 

Recursos para organización electoral a la baja

Además, los recursos destinados a la gestión administrativa del instituto y a la organización electoral han ido a la baja, tanto en  relación con el padrón, como en términos absolutos. La organización electoral, por ejemplo, recibió 2,873 mdp en 2024, 21% menos en términos reales que en 2018.

En temas organizacionales, el INE y los OPL deben coordinarse para las elecciones a nivel local. Esto implica que, aunque cuentan con autonomía, deben asegurar la homologación de estándares para los procesos, normas y tiempos electorales con el INE. 

En este contexto se generan desafíos porque cada OPL cuenta con capacidades diferentes, incluyendo las presupuestales. Cuando las limitaciones de presupuesto impiden el cumplimiento de funciones por parte de los OPL, el INE debe asumir temporalmente funciones adicionales que les corresponden a los organismos locales.

En fiscalización, la del gasto es un desafío para el INE por la naturaleza de su estructura orgánica que se extiende horizontalmente entre múltiples direcciones, unidades y juntas. En 2023, el INE destinó 61% del gasto operativo total a las juntas locales y distritales; sin embargo, este gasto recibió únicamente 11% de las auditorías internas en 2023. Este fenómeno coincide con que el Plan Estratégico 2021-2025 del Órgano Interno de Control no menciona la auditoría de Juntas.

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