En la entrega anterior, ponía sobre la mesa cómo los gobiernos del sureste mexicano han confundido, tanto conceptual como prácticamente, la inversión en obra pública federal con un motor de desarrollo económico automático.
La infraestructura por sí misma es una vía, no un destino; un catalizador temporal cuyo verdadero valor radica en la capacidad de las administraciones estatales para exponenciar, abriendo canales de negocio sostenibles para el sector privado local e internacional. Sin embargo, cuando la última tonelada de concreto se fragua y las constructoras se retiran, lo que queda en Quintana Roo es una radiografía preocupante de inercias y oportunidades perdidas.
El dinamismo de los récords aeroportuarios del norte del estado suele operar como una conveniente cortina de humo. Detrás de las cifras alegres de visitantes se esconde un modelo que ha renunciado deliberadamente a la diversificación. La administración local ha sido omisa en diseñar e implementar políticas públicas capaces de romper el monocultivo turístico, encadenando el futuro económico de la entidad a una sola variable y, lo que es peor, profundizando la brecha de desigualdad estructural entre los municipios que lo tienen todo y aquellos que permanecen sumergidos en el olvido.
La desconexión comercial y el olvido del sur
La paradoja más flagrante de esta falta de visión se encuentra en la postración de la actividad agropecuaria en la zona centro y sur del estado. Mientras la hotelería de la Riviera Maya y Cancún devora toneladas diarias de alimentos, insumos y manufacturas ligeras, prácticamente la totalidad de esta demanda es importada de otras regiones del país o del extranjero.
Por más ilógico que parezca en términos de logística y mercado natural, los productos esenciales siguen viniendo de fuera porque el gobierno local no ha sabido construir los incentivos fiscales, financieros o de infraestructura secundaria para convertir a sus propios productores en los grandes proveedores del oasis turístico. Hablamos de zonas que cuentan con condiciones idóneas de clima, suelo y agua.
No es un problema de potencial de la tierra, sino de un flagrante descuido gubernamental que condena a la región más deprimida de la entidad a la subsistencia, privándola de integrarse al circuito de riqueza que genera el propio estado. La obra federal está ahí, pero la política de vinculación local brilla por su ausencia.
El freno regulador, la opacidad y la extorsión como política ambiental
A esta parálisis productiva se suma un entorno de profunda incertidumbre regulatoria y lagunas en la tenencia de la tierra que las autoridades locales han preferido evadir para no asumir costos políticos. Sin embargo, lo verdaderamente grave ocurre cuando esa laxitud normativa se utiliza de forma deliberada y facciosa. Lejos de operar como un árbitro que otorgue certeza jurídica a la inversión de largo plazo, el aparato burocrático estatal se ha convertido, bajo la óptica de diversos sectores empresariales y sociales, en un mecanismo de asfixia institucional.
Muestra de ello son los crecientes señalamientos que apuntan directamente a la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA), encabezada por Óscar Rébora. La dependencia no solo enfrenta duros cuestionamientos de coaliciones civiles —como el CEMDA o Sélvame Mx— por opacidad e invasión de competencias federales al evaluar y liberar de manera “exprés” autorizaciones que corresponden a la Federación, sino también reveses jurídicos contundentes que exhiben su arbitrariedad operativa.
Un ejemplo claro es el reciente requerimiento del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, que obligó a la SEMA a reponer el procedimiento de evaluación del proyecto San Mex en Playa del Carmen, desnudando cómo la secretaría viola sistemáticamente las garantías de audiencia, vulnera los derechos de los promoventes y emite resoluciones sin el debido sustento legal.
En el ámbito empresarial, esta flagrante discrecionalidad procedimental alimenta un secreto a voces: el uso de la estructura y las inspecciones de la SEMA para operar redes de extorsión contra desarrolladores e inversionistas. Bajo la amenaza de clausuras injustificadas, negativas simuladas o el congelamiento indefinido de trámites que luego terminan cayéndose en los tribunales, la agenda verde en Quintana Roo ha dejado de ser un pilar de sostenibilidad para convertirse en un peaje corruptor que ahuyenta al capital serio y sepulta la competitividad del estado.
El auge de una región no puede sostenerse de forma permanente bajo el cobijo del presupuesto federal. Si el gobierno de Quintana Roo no limpia sus ventanillas institucionales, si continúa tolerando la opacidad y la extorsión en su secretaría ambiental, y evade su responsabilidad como promotor activo de sus ventajas y de la proveeduría local, el aparente oasis sureño correrá el riesgo de convertirse en un fenómeno puramente pasajero y superficial.
Se habrá dejado pasar la oportunidad histórica de transformar un ciclo de inversión pública en un desarrollo verdaderamente estructural, equitativo y duradero.
También te puede interesar: Los aranceles de Trump hicieron mucho ruido pero tuvieron poca efectividad; esta es la razón
