El gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, aseguró que se encuentra en su casa en Culiacán y negó tener protección federal alguna.
El político morenista reiteró que las acusaciones que lo vinculan con el narco desde Estados Unidos son falsas, en un posteo en sus redes sociales, luego de las versiones difundidas por medios nacionales sobre que tenía protección del Gobierno federal.
“El día de hoy se cumplen 69 días de que solicité licencia al cargo de Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa. Lo hice desde mi convicción de mexicano que confía en las instituciones y en las leyes de nuestro país, con la finalidad de que, sin la protección del fuero constitucional inherente a mi cargo, se me investigue con toda amplitud y sin cortapisa alguna por las autoridades competentes.
“En este lapso, comparecí ante @FGRMexico, a responder de manera puntual y veraz las preguntas del Ministerio Público Federal. Desde el día 1 de mayo hasta hoy, he permanecido, sin moverme, en mi domicilio en la ciudad Culiacán. No me protegen ni resguardan elementos de corporación federal alguna. Es absolutamente falso lo que escribe el periodista Carlos Loret de Mola.
“He sido objeto de una atroz embestida mediática de calumnias y de imputaciones sin sustento fáctico ni legal alguno. Las acusaciones que se me formulan por una oficina del gobierno de los Estados Unidos son falsas.
“Hoy queda claro que se trata de un ataque promovido desde la ultraderecha, con la pretensión de menoscabar la soberanía nacional y estigmatizar al movimiento de transformación a favor de los pobres más importante del continente”, posteó.
Esta mañana, el Gobierno de Claudia Sheinbaum y la propia presidenta negaron que Rocha Moya, acusado por EU de tener vínculos con el narcotráfico, esté resguardado en una instalación militar de las Fuerzas Armadas, en medio de los rumores que ponían en duda su paradero actual.
En un comunicado, el Gabinete de Seguridad federal tachó de “absolutamente falsas” el contenido de dos columnas publicadas en dos periódicos mexicanos que sostenían que Rocha Moya, del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se encuentra resguardado por el Ejército en un recinto militar tras un operativo para cambiar la ubicación del político, cuya detención urgente con fines de extradición reclama Washington.
“Ninguna institución que integra el Gabinete de Seguridad realizó un operativo con ese propósito. Asimismo, es falso que Rubén Rocha Moya se encuentre o haya permanecido bajo resguardo del Ejército en la 9ª Zona Militar, en la III Región Militar o en cualquier otra instalación militar del país”, afirmó la dependencia gubernamental.
En este sentido, señaló que en la Administración de la presidenta, Claudia Sheinbaum, “no se protege a nadie” y descartaron que existan acciones para “ocultar a ninguna persona frente a investigaciones o actuaciones de autoridades nacionales o extranjeras”.
Por último, el Gabinete de Seguridad defendió su labor en la detención de más de 56.000 personas durante el actual sexenio de Sheinbaum por “delitos de alto impacto”, incluidos 87 servidores públicos “vinculados con actividades delictivas”.
“A través de trabajos de inteligencia e investigación, se han combatido no solo los liderazgos criminales, sino también sus estructuras operativas, redes logísticas, células generadoras de violencia y fuentes de financiamiento”, concluyeron las autoridades mexicanas.
Al ser cuestionada por esta polémica en su conferencia de prensa diaria, la presidenta Claudia Sheinbaum insistió en que no van “a defender a nadie siempre y cuando haya pruebas”, al tiempo que defendió la negativa de su Ejecutivo de detener al gobernador de Sinaloa por la falta de indicios.
Asimismo, Sheinbaum destacó que Rocha Moya “está en su casa” en Culiacán (capital de Sinaloa) y que “ni siquiera cuenta con protección federal”, por lo que atribuyó esta información a un intento de “dañar al Gobierno”.
Por último, acusó a EU de recurrir “muchas veces” a la acusación de narcotráfico para “tener una situación de injerencia o debilitamiento” en un país.
El Departamento de Justicia estadounidense acusó en abril al gobernador de Sinaloa y a otros nueve funcionarios del estado de colaborar a cambio de sobornos con el grupo criminal Los Chapitos, facción del poderoso Cartel de Sinaloa.
Con información de EFE.
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