El vocero de la FGR, Ulises Lara López, indicó que la solicitud enviada por EU para extraditar al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otras nueve personas no se acompaña de elementos probatorios suficientes que aporten evidencias contundentes sobre sus presuntos vínculos con el narcotráfico y posesión de armas.
El funcionario subrayó en un mensaje que, conforme a la legislación mexicana y el tratado bilateral en la materia, la extradición solo puede concederse si se determina que las pruebas presentadas son suficientes bajo las leyes de México, lo que obliga a la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales a realizar un análisis exhaustivo de la documentación recibida, de acuerdo con un reporte de Quadratín México.
Además, precisó que la legislación del país indica que en el caso de gobernadores y legisladores, “se requiere iniciar un juicio de procedencia para obtener una declaratoria que retire la inmunidad procesal” a los servidores públicos señalados.
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Explicó que toda solicitud de detención provisional o de extradición del Gobierno de EU a México no debe ser divulgada ni del dominio público, como “ocurrió en este caso en particular”, en el que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York difundió la acusación contra los 10 funcionarios de Sinaloa.
“Dar a conocer dicha información con otros fines distintos podría ser un detrimento de la naturaleza confidencial de los procedimientos penales en Estados Unidos y contrario a las normas procesales que los gobiernan”, subrayó.
El vocero dijo que la FGR iniciará una investigación para determinar si “existen datos de prueba” que sostengan la acusación del Departamento de Justicia.
“La Fiscalía de la República iniciará una investigación para allegarse de toda la información necesaria para conocer si existen datos de pruebas de que la acusación hecha por autoridades estadounidenses cuente con el fundamento legal para solicitar órdenes de aprehensión”, aseguró el también fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes.
El mensaje emitido por la FGR ocurre horas después de que el Departamento de Justicia informara de una acusación formal contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios de alto nivel en Sinaloa por delitos de narcotráfico y armas, en un caso que los vincula, en particular, con la facción de Los Chapitos.
Los implicados habrían protegido operaciones del cartel, facilitado información sensible y permitido el trasiego de drogas hacia Estados Unidos, a cambio de sobornos millonarios.
Entre los acusados también se encuentra el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez; así como el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendivil, y el excomandante de la policía municipal de Culiacán, Juan Valenzuela Millán.
A través de sus redes sociales, el gobernador negó “categóricamente” estas acusaciones, así también lo hizo el presidente municipal Gámez Mendivil, conocido por ser una persona allegada a Rocha Moya.
Con información de EFE
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