Por Lorena Jiménez Salcedo*
El juicio de Donald Trump por los 34 cargos de falsificación comercial marca un hito significativo en la historia política y legal de los Estados Unidos. Nunca antes un ex presidente, ahora presidenciable, había estado en el banquillo de los acusados. El evento, no sólo pone en el centro de atención a un alto perfil que enfrenta serias acusaciones penales, sino que también abre un debate sobre el impacto de estos cargos en el panorama político, la integridad del sistema judicial y la percepción pública de la justicia estadounidense.
En el plazo inmediato el efecto político puede ser el más relevante. Trump sigue siendo esa figura polarizadora que ha logrado amasar una fuerza dominante al interior del Partido Republicano, lo que lo hace el candidato más viable en las presidenciales de este año.
Mientras sus seguidores ven los cargos como una persecución política diseñada para impedir su retorno a la Casa Blanca, sus críticos argumentan que el juicio es un paso necesario para mantener la integridad del sistema electoral y la legalidad. Ambos puntos tienen algo de ciertos: descarrilar a Trump ha sido una prioridad de los demócratas impulsados por la ligera, pero sostenida ventaja que el ex presidente republicano ha mantenido desde hace tiempo en las encuestas (+2%) y los efectos que está generando en el voto los bajos niveles de aprobación presidencial que tiene hoy Joe Biden (38-40% aprueba/54-56% desaprueba).
Las encuestas nacionales (Léger, Marquette Law, YouGov) establecieron desde hace tiempo que, en caso de ser declarado culpable, Trump perdería, en promedio, 7 puntos porcentuales de votantes que migrarían, parcialmente, hacia Biden, lo que ajustaría aún más la contienda, pero adelantando al actual presidente.
Más allá de los efectos políticos cortoplacistas, el proceso judicial también puso a prueba la capacidad del sistema legal para manejar casos de alta visibilidad sin prejuicios. La imparcialidad del proceso, a pesar de la declaración del acusado: “Este fue un juicio amañado y vergonzoso”, fueron esenciales para mantener la confianza pública en el sistema judicial. Cualquier percepción de parcialidad, a favor o en contra de Trump, podría haber tenido consecuencias duraderas para la confianza en las instituciones democráticas.
La prueba de integridad del sistema judicial parece haberse superado por el momento, pero ha dejado dos reflexiones sustantivas. La primera es que ha roto con la percepción de probidad total de la figura presidencial y ha abierto de tajo la posibilidad de procesos futuros, con mayor agilidad y frecuencia contra otros presidentes. La segunda es la recuperación de la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de las finanzas de campaña y las operaciones empresariales.
Si bien la defensa argumentó insistentemente que la administración financiera de la campaña presidencial de 2016 no caía en manos de su candidato, el jurado ha fallado que las facturas, pagos, cheques, sí involucran la decisión y conocimiento del candidato mismo, lo que abre aún más la puerta de las revisiones y controles de campañas y procesos políticos en Estados Unidos.
Falta aún el fallo. Todo apunta a que veremos a Trump en libertad condicional no pisando la cárcel, derivado de la dificultad de la fiscalía para demostrar de forma contundente la “intención criminal” del acusado en el esquema señalado y la falta de antecedentes criminales del imputado. De llegar a prisión, surgiría un nuevo dilema, pues la ley estadounidense no limita (no contempla) la posibilidad de ser candidato presidencial a un convicto, pero si dificultará la operatividad y exposición de su campaña a la audiencia votante.
Lo que sí estamos viendo es que sólo el magnate es competitivo y consolida con fuerza a la derecha conservadora estadounidense, por lo que la posibilidad de un sustituto se ve por ahora improbable, agregando mayor complejidad a la ecuación judicial que anunciará sentencia en julio próximo.
Por lo pronto, habrá que estar atentos al efecto erosión que tiene Trump durante junio y a la apuesta que hagan los republicanos ya con la sentencia, pues todo apunta a que esta elección no se definirá por yardas de ventaja de uno u otro, sino por pulgadas. #OpiniónCoparmex
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*Lorena Jiménez Salcedo es Presidenta de la Comisión Nacional de Bienestar Social de la Coparmex.
Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.
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