El gobierno de Trump planea transferir la financiación para la prevención del terrorismo de los estados gobernados por demócratas a aquellos liderados por republicanos, de acuerdo con registros gubernamentales, mientras revisa un programa de 1,000 millones de dólares creado tras los atentados del 11-S.
Doce estados gobernados por demócratas interpusieron demandas para bloquear los recortes, alegando que el gobierno de Trump intenta castigarlos por no cooperar con los agentes federales de migración.
El gobierno de Trump publicó a finales del verano estimaciones sobre la cantidad de dinero que cada estado debería recibir del programa. Sin embargo, posteriormente modificó los totales, señalan las notificaciones que los estados recibieron a finales de septiembre de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA). Wisconsin, Carolina del Norte y Ohio, donde Trump ganó en 2024, experimentaron el mayor aumento porcentual entre los estados, indican los registros federales revisados por Reuters.
Washington, D.C., Illinois y Nueva Jersey, estados con tendencia demócrata, experimentaron descensos particularmente pronunciados: el recorte total para Washington fue del 70%, para Illinois del 69% y para Nueva Jersey del 49%, en comparación con lo que el gobierno había anunciado previamente que recibirían. California también perdió un 31%.
Administración Trump dice que es falso sugerir que los cambios son políticos
Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de EU (DHS), organismo que supervisa FEMA, declaró que los nuevos montos de financiación otorgan “mayor peso” a las amenazas del crimen organizado transnacional, definidas como organizaciones criminales que operan a través de fronteras internacionales. También incluye los “cruces fronterizos ilegales”, añadió.
El Congreso de EU creó el programa, llamado Subvenciones de Seguridad Nacional, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 para ayudar a los estados y ciudades a prevenir el terrorismo y otras amenazas violentas.
Si bien el gasto representa solo una fracción del dinero que los estados reciben del gobierno federal cada año, es el ejemplo más reciente de cómo la administración Trump cambia la forma en que se distribuyen los fondos rutinarios a los estados que el presidente perdió en las elecciones de 2024.
En las últimas semanas, Trump también recortó miles de millones de dólares en fondos para energía e infraestructura en estados demócratas, como Nueva York y California, cumpliendo su amenaza de atacar a esos estados durante el cierre del gobierno estadounidense.
“Es totalmente falso sugerir que estos cambios sean arbitrarios o tengan motivaciones políticas”, declaró un portavoz del DHS. “Los ajustes en los montos de las subvenciones se basan en un análisis metódico y basado en el riesgo, con el objetivo de garantizar que cada dólar gastado rinda el máximo beneficio para el pueblo estadounidense”.
Sin embargo, Trump vinculó las decisiones de financiación con la política, declarando la semana pasada, en el contexto del cierre del gobierno, que “solo estamos recortando los programas demócratas”.
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Una jueza federal de Rhode Island impidió temporalmente que la administración Trump distribuyera el dinero hasta que se resolviera el caso judicial de 12 estados liderados por demócratas. El 7 de octubre, la administración Trump solicitó a la jueza que reconsiderara su orden.
Nueva York, uno de los estados que presentó la demanda, se enfrentó inicialmente a un recorte del 77% en la financiación, pero el 3 de octubre, Trump anunció que había revertido esa medida. No dio más detalles sobre el motivo. El DHS se negó a responder cómo afectaría el cambio a la financiación de otros estados.
California perdería 55 mdd si se aplican los recortes
Desde los atentados del 11-S, el Congreso creó varios programas de subvenciones para ayudar a los estados con la prevención del terrorismo, incluyendo 266 millones de dólares para proteger los puertos, los sistemas de transporte público y los ciberataques. Durante el primer mandato de Trump, el Congreso también creó un fondo para proteger a las organizaciones sin fines de lucro y los lugares de culto de ataques terroristas.
FEMA exige a los estados con “zonas urbanas de alto riesgo”, definidas como ciudades con mayor probabilidad de sufrir un ataque terrorista, que destinen parte de los fondos del Programa de Subvenciones de Seguridad Nacional a instalaciones estatales que recopilan, analizan y comparten información sobre delitos con el gobierno federal.
Washington, D.C., utilizó los fondos en años anteriores para actualizar sus equipos de comunicaciones de emergencia. Nueva York utilizó el dinero para contratar a sus 12 escuadrones antibombas certificados y pagar a los analistas de inteligencia del departamento de policía de la ciudad de Nueva York, declaró la gobernadora Kathy Hochul. Illinois planeaba utilizar los fondos de este año para controlar el tráfico de carga en el aeropuerto O’Hare y frenar el flujo de drogas ilegales, según declaró en un comunicado presentado ante el tribunal como parte de la demanda interpuesta por 12 estados con mayoría demócrata.
Si los cambios entran en vigor, California perdería 55 millones de dólares en fondos. El estado está programado para albergar el Super Bowl LX y varios partidos de la Copa Mundial de la FIFA el próximo año. Los Ángeles será la sede de los Juegos Olímpicos de 2028.
Trump firmó un proyecto de ley en marzo que reserva 1,600 millones de dólares para seguridad, planificación y otros costos relacionados con los Juegos y la Copa Mundial.
Florida vería un aumento del 76% en sus fondos de subvenciones con los cambios de la administración Trump.
Algunos estados que votaron en contra de Trump en 2024 vieron aumentos, entre ellos Nuevo México, Colorado, Maryland y Oregón.
La ley exige que FEMA distribuya una parte de los fondos a cada estado. FEMA debe tener en cuenta las amenazas y vulnerabilidades que enfrenta cada estado y ciudad al gastar el resto, de acuerdo con la ley.
La agencia anunció en julio que exigiría a los estados destinar parte de su asignación a ayudar al gobierno a detener migrantes. Les dio aproximadamente dos semanas para completar las solicitudes detalladas de financiación. En años anteriores, los funcionarios estatales tenían meses para completar los formularios.
Con información de Reuters
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