Ante la reciente aprobación de diputados de Morena, PVEM y PT de la reforma judicial, el Consejo Nacional Agropecuario hace un llamado a considerar ajustes al dictamen para avanzar en el fortalecimiento de la justicia, crecer económicamente y atraer mayores inversiones y empleos.
“Los mexicanos deseamos vivir en un entorno en donde la justicia sea una realidad para cada persona, por ello es innegable la necesidad de contar con un sistema judicial de calidad, expedito, independiente, honesto y cercano a la gente, manifestó el organismo dirigido por Juan Cortina Gallardo.
Según el organismo empresarial, existen riesgos en su planteamiento que deben ser considerados para evitar que esta esperada reforma vulnere derechos, afecte la calidad de vida de la sociedad y dañe la certidumbre indispensable para la inversión y la creación de empleo.
“A fin de que la sociedad pueda decidir de manera certera quién le impartirá justicia, resulta indispensable que se realice una adecuada la selección de los candidatos a Ministros, a Magistrados del Tribunal Federal Electoral, a Magistrados de Circuito y a Jueces de Distrito”, dijo.
El organismo mencionó que la elección de los nuevos encargados de impartir justicia debe ser en base a su capacidad técnica, su experiencia profesional y en la carrera judicial, un intachable desempeño profesional, una excelente reputación, sin conflictos de interés que afecten su independencia, y acreditada honorabilidad.
“Hoy es necesario aprovechar la experiencia de la Escuela de Formación Judicial, institución especializada en la formación de impartidores de justicia y en concursos de oposición, eliminando cualquier mecanismo al azar que pudiera poner en duda la legitimidad de quienes sean elegidos”, expresó.
La creación del nuevo órgano encargado de atender los procedimientos disciplinarios de los juzgadores, añadió, es de la mayor relevancia que sea integrado por personas con sólida calidad moral, con experiencia técnica e independencia de cualquier factor que pudiera alterar la objetividad de sus decisiones.
El CNA consideró que para evitar resoluciones inquisitorias que, en lugar de mejor la justicia, generen presiones a los titulares de los órganos jurisdiccionales que los alejen de la legalidad. Un recurso efectivo en contra de sus decisiones contribuiría al respeto de los derechos humanos de los propios juzgadores y, como consecuencia, de la sociedad.
“Consideramos que la excelencia en el desarrollo de la función judicial debería ser el único elemento a considerar para la permanencia de los jueces en su encargo, ya que nos garantizaría contar con juzgadores competentes y honorables.
“Consideramos que esta evaluación en base a criterios objetivos establecidos en las leyes respectivas, debe ser realizada por el nuevo órgano de administración de justicia y no por el órgano disciplinario, para evitar contaminar este proceso de carácter administrativo con atribuciones de naturaleza meramente sancionadora”, indicó.
El organismo también mencionó que la complejidad que representa la implementación de la reforma judicial, podría ralentizar la resolución de los juicios en curso, crear vacíos de justicia, generar rezagos y comprometer la calidad de las sentencias judiciales.
“Vemos necesaria una sustitución paulatina y progresiva que les permita a quienes se integren por primera vez al sistema judicial y a los que aún se encuentran en el ejercicio de sus funciones, conocer, adaptarse y adecuar su operación al nuevo sistema judicial”, comentó el Consejo Nacional Agropecuario.
De esta forma se lograría, además, contar gradualmente con los recursos necesarios para llevar a cabo los nuevos mecanismos de selección de juzgadores federales y locales, añadió.
El CNA dijo que precipitar innecesariamente la implementación de la reforma que se plantea, podría llevar a errores que la degradaran.
“Además, resulta de vital importancia que la reforma judicial no solo atienda lo relativo al Poder Judicial. Es inaplazable se que aborde de manera integral la problemática que realmente impide una eficaz impartición de justicia”.
La reforma judicial deberá incluir acciones para fortalecer y replantear el funcionamiento de las fiscalías, de los ministerios públicos, de las defensorías públicas, de la policía y de las autoridades administrativas, manifestó.
“Consideramos que solo los aspectos sustanciales de la reforma judicial deberían quedar planteados en la Constitución Federal, como ley suprema de nuestro país, mientras que el desarrollo puntual de los temas debe realizarse mediante leyes secundarias cuidadosamente diseñadas y revisadas, para garantizar derechos y apego a la Constitución”, concluyó el CNA.
