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    Diez años después de que 43 estudiantes de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa desaparecieran sin que se haya conseguido encontrar su rastro -ni castigar a los culpables-, los padres, que han visto el paso de dos presidentes sin resultados, siguen en la lucha por encontrar a sus hijos.

    “Ella (Sheinbaum) en una reunión que tuvimos previamente ofreció que va a haber un diálogo y que se va a construir una nueva metodología, una nueva ruta, entonces creemos importante esperar eso: que ella tenga ya las riendas de la administración del Gobierno y podamos sentarnos y diseñar esa nueva ruta”, explica el abogado que representa a las familias, Vidulfo Rosales.

    En el marco del décimo aniversario de la desaparición de sus hijos, EFE visitó Ayotzinapa para conversar con los padres y representantes de los estudiantes desaparecidos sobre sus exigencias, valoración de la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador y expectativas ante la llegada de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

    Rosales aclara que su esperanza nace de la falta de alternativas, ya que no hay hoy en día ninguna vía legal ni institucional que no pase por la colaboración con las administraciones para conseguir esclarecer los hechos.

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    “No tenemos otra ruta, no tenemos otra alternativa, tiene que ser el Gobierno, tienen que ser las instituciones del país quienes den verdad y justicia”, exige el abogado.

    Cristina Bautista, madre del desaparecido Benjamín Asencio Bautista, es optimista con el cambio de Gobierno y la llegada de Sheinbaum al poder de cara a avances en el caso.

    “Como mujer presidenta de México, como madre, ella es una luchadora social, cuando empezó el caso Ayotzinapa ella marchó con nosotros, solo esperemos que sea pronto que se esclarezca el caso”, expresa la madre.

    César Manuel González Contreras, padre del desaparecido normalista César Manuel González Hernández, es mucho más escéptico y considera una “mala señal” el nombramiento de Omar García Harfuch, a quien algunas investigaciones implican como responsable en el caso, como secretario de Seguridad Pública del nuevo Gobierno.

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    “Le tuve confianza y hasta el día de hoy, lo único que sé, lo que pienso de él, es que es un tipo mentiroso, un tipo nefasto, un tipo que dedica el tiempo nada más a burlarse de la gente y desafortunadamente nos traicionó”, explica César González sobre la gestión de López Obrador al frente del caso.

    El actual mandatario trajo grandes esperanzas a los familiares de los desaparecidos cuando ganó las elecciones en 2018 tras prometer que resolvería el caso, algo que con el paso de los años se fue diluyendo a medida que las investigaciones apuntaban a sectores del Ejército.

    “Cuando la investigación toca al Ejército mexicano (…) creemos que hay un manotazo del Ejército y una presión ejercida contra este Poder Ejecutivo, concretamente contra el presidente, que termina por sucumbir ante esta presión y empieza una confrontación con los padres de familia”, afirma Rosales.

    El abogado detalla el deterioro en las reuniones que los familiares y él mismo mantuvieron con el presidente.

    Según Rosales, con el paso del tiempo, López Obrador achacó el deterioro de las investigaciones a “un complot” de organizaciones conservadoras, de organizaciones de derechos humanos, de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Administración de Control de Drogas (DEA en inglés).

    Por último, lamentó, llegó la estrategia final del presidente de intentar dividir al movimiento de los padres, de querer dar una “impresión de factura” en su lucha y así debilitar las protestas, algo que no habría conseguido.

    Con información de EFE

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