Los seis migrantes que murieron tras ser atacados a balazos por el Ejército esta semana eran oriundos de Egipto, El Salvador y Perú, informó este jueves la presidenta Claudia Sheinbaum, tras lamentar los hechos y afirmar que el caso se está investigando.
Las muertes, registradas el martes por la noche en Chiapas, frontera con Guatemala, subrayan las crecientes tensiones que existen en diversas regiones de México debido a las presiones del Gobierno de Estados Unidos para contener la migración irregular.
“Es un hecho lamentable y tiene que ser investigado y sancionado”, dijo Sheinbaum en conferencia de prensa matutina.
Explicó que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga el incidente y afirmó que “no puede repetirse una situación así”.
La Secretaría de Defensa (Sedena) argumentó en la víspera que los soldados dispararon después de que la camioneta en que viajaban 33 migrantes intentara evadir una patrulla militar y dijo que los efectivos -dos de ellos separados de sus funciones- incluso escucharon disparos.
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Sheinbaum se negó a responder a preguntas sobre el relato de los militares, limitándose a decir que la investigación estaba en curso.
Derivado del hecho, otros 10 migrantes resultaron heridos.
El suceso vuelve a poner de relieve la creciente crisis de seguridad en la región del sur del país, donde una batalla territorial entre poderosos cárteles de la droga provocó un fuerte aumento de la violencia en el último año.
En junio, organizaciones de defensa a derechos humanos afirmaron que la frontera sur de México es cada vez más violenta, con constantes enfrentamientos entre grupos criminales que incluso intentaron reclutar de manera forzada a jóvenes para sumarlos a sus filas, causando el desplazamiento de cientos de familias a Guatemala.
‘Consecuencia de la militarización de la política migratoria’
Por casi dos décadas, organismos locales e internacionales como la ONU han criticado que México esté utilizando a militares para combatir a grupos delincuenciales, bajo el argumento de que la estrategia genera más violaciones a derechos humanos e incluso muertes por el uso desmedido de la fuerza.
La Dimensión Episcopal de la Pastoral de Movilidad Humana de México declaró el jueves que “la fuerza letal por parte de agentes del Estado” causaron “esta tragedia” que surge “no como un hecho aislado, sino como consecuencia de la militarización de la política migratoria”.
“Por la naturaleza y gravedad de los hechos (…) el Estado mexicano está obligado a realizar una investigación seria, imparcial y efectiva”, agregó.
A través de un comunicado, la Cancillería de Perú también condenó “enérgicamente los hechos donde murió uno de sus connacionales, y dijo través de su representación diplomática en México que “exigirá a las autoridades una (…) urgente investigación que esclarezca” y determine responsabilidades.
Ni la representación consular de Egipto en México ni el Gobierno de El Salvador respondieron de inmediato a solicitudes de información de la agencia Reuters.
Con información de Reuters
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