La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó las acciones de inconstitucionalidad en contra de la reforma judicial, por lo que la elección de juzgadores por voto directo continuará.
Durante la sesión del pleno, los 11 ministros votaron para decidir la validez de la reforma. Al pleno le hicieron falta votos para echar para atrás la ley propuesta por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador en febrero. La sesión derivó de un proyecto realizado por el ministro Juan Luis Alcántara Carrancá.
“Si bien una mayoría de siete ministros se pronunció en favor de la procedencia de las acciones analizadas, al no contarse con la votación calificada (…) el Pleno del Máximo Tribunal Constitucional desestimó los conceptos de invalidez”, destacó la SCJN en un comunicado.
“Ello no implica que se haga pronunciamiento alguno sobre su validez”, añadió.
Al menos ocho de 11 ministros debían votar a favor de la inconstitucionalidad de la ley; no obstante, sólo siete lo hicieron. Los votos en contra fueron de Yazmín Esquivel, Loretta Ortiz, Lenia Batres y, sorpresivamente, Alberto Pérez Dayán.
A favor sufragaron: Norma Piña, Javier Laynez, Luis María Aguilar, Alfredo Gutiérrez, Juan Luis González, Margarita Ríos-Farjat y Jorge Mario Pardo.
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La propuesta fue sometida a discusión como resultado de impugnaciones presentadas por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC), que argumentaron que esta reforma contravenía principios democráticos básicos y carecía de garantías para la seguridad jurídica.
El proyecto de González Alcántara, además de cuestionar la viabilidad de elegir a jueces a través del voto popular, consideraba inapropiada la figura de los “jueces sin rostro”, que buscaba ocultar la identidad de ciertos juzgadores para protegerlos de amenazas del crimen organizado, pues socavaría el debido proceso, especialmente en casos penales, al violar los derechos de los acusados a saber quién los juzga.
Además, el documento mantenía la elección para elegir a ministros de un nuevo pleno de la Suprema Corte.
Tras la decisión de los ministros de la SCJN, se mantiene la elección popular de los jueces, magistrados y ministros, así como los demás aspectos de la reforma judicial, sin ningún cambio a la legislación aprobada en el Congreso y oficializada desde septiembre.
Más de 1,700 cargos de juzgadores serán elegidos por voto popular en México para 2025, y otros 1,800 serán elegidos en 2027.
Cabe destacar que ocho ministros ya presentaron su renuncia al Senado y será efectiva en agosto de 2025.
La decisión ha sido interpretada como un triunfo para la administración de Claudia Sheinbaum y sus aliados legislativos, quienes consideran que la elección de jueces puede hacer al sistema judicial más representativo y cercano a la ciudadanía.
En tanto, a las afueras del máximo tribunal del país, trabajadores del Poder Judicial mantenían sus manifestaciones en contra de la reforma judicial, al tiempo que criticaron a los cuatro ministros que votaron en contra de la impugnación para poder validar o no las elecciones judiciales.
Este fallo también deja abierta la discusión sobre los posibles riesgos de elegir a las personas juzgadoras en el país, puesto que algunos críticos y análisis han advertido de la posible politización de un proceso que requiere imparcialidad y altos estándares técnicos.
El presidente del PRI, Alejandro Moreno, comentó a través de sus redes sociales que el ministro Alberto Pérez Dayán es “un traidor al pueblo de México” y que su decisión de votar en contra fue “cobarde”.
“A las y los trabajadores del Poder Judicial, todo nuestro apoyo en una lucha que es legítima por su dignidad y derechos laborales. Ser opositor es un acto de resistencia, de carácter, de valentía y de determinación que vamos a seguir ejerciendo desde el PRI”, aseguró Moreno en su cuenta oficial de la red social “X”, antes Twiiter.
El diputado Ricardo Monreal comentó que la resolución de la SCJN le dio la razón al grupo parlamentario de Morena y señaló que “prevalece” el Estado de derecho “ante el intento de vulnerarlo”.
La reforma judicial que modificó 20 artículos de la Constitución, entre otros transitorios, fue aprobada por el Congreso en septiembre y Andrés Manuel López Obrador, quien todavía era presidente, firmó la publicación de la ley.
La ciudadanía podrá elegir por voto directo a los juzgadores y se reduce el número de ministros, de 11 a nueve, entre otros puntos relevantes.
El lunes, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, Gerardo Fernández Noroña, señaló que los ministros no podían cambiar artículos constitucionales, refiriéndose a que la reforma judicial ya no era una reforma, sino una Ley.
“Ya no es una reforma, son artículos (…), sólo el Poder Legislativo puede modificar artículos constitucionales”, afirmó.
Con información de EFE
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