La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada presentó un plan que busca frenar la extorsión y el cobro ilegal de deudas.
La estrategia incluye reformas al Código Penal para incrementar los castigos, la creación de una Coordinación General de Atención a Casos de Secuestro y Extorsión, así como una Fiscalía Especializada para el Combate al Delito de Extorsión y la creación de una línea telefónica de denuncia.
Brugada dijo que enviará una iniciativa al Congreso capitalino para modificar el Código Penal y clasificar la extorsión y la cobranza ilegítima (conocida como “gota a gota”) como delitos que afectan la vida, la integridad y el acceso a una vida libre de violencia, en lugar de solo se considere un ataque al patrimonio.
La nueva clasificación conlleva penas más severas, que van de 10 a 15 años de prisión, además de fuertes multas.
“Dejará de ser un delito que solo atañe al patrimonio, como ahorita está, para contemplar el daño que causa en la dignidad, en la integridad física o psicológica de las personas; se busca sancionar no solo el propio delito de ejercer violencia física o moral, sino la amenaza también; el objetivo es aumentar la pena de este delito y también en esta reforma el delito de extorsión podrá perseguirse de oficio”, declaró este lunes a medios.
La consejera Jurídica y de Servicios Legales, Eréndira Cruzvillegas, explicó que con la iniciativa de reforma se crearán los artículos 148 quáter y 148 quinquies en el Código Penal para definir los delitos de extorsión y cobranza ilegítima, respectivamente, los cuales implicarán una pena de hasta 15 años de prisión y multas de hasta 3 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), con el fin de evitar la libertad bajo fianza.
En el primer caso, añadió, se considera una lista de 14 agravantes que elevarían la pena inicial y que se derivan de un análisis hecho junto con la fiscalía capitalina, el Tribunal Superior de Justicia local y experto.
“Esto nos llevó a considerar que debía agravarse la pena cuando el delito se cometiera también por servidores públicos o exservidores públicos; que se realice también usando medios de comunicación electrónica, como los celulares, correos electrónicos o los mensajes de WhatsApp; por personas que simplemente se ostenten como miembros de un grupo delictivo; y, contra comerciantes y transportistas; o bien, para atender el cobro de algún daño derivado de un hecho de tránsito, mejor conocido como “montachoques”, entre otros supuestos”, describió.
En cuanto a la reforma contra los cobros “gota a gota”, la funcionaria detalló que la adición al Código Penal establecería lo siguiente: “Al que, con la intención de requerir el pago de una deuda, ya sea propia, del deudor o de quien funja como referencia o aval, utilice medios ilícitos o efectúe actos de hostigamiento para lograr el cobro e intimidación, se le impondrá prisión de 10 a 15 años y multa de 2 mil a 3 mil Unidades de Medida de Actualización”.
En su intervención, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, declaró que en lo que va del año se han detenido 305 personas vinculadas con el delito de extorsión.
Para la atención de denuncias, refirió, habrá una línea única contra la extorsión, un chatbot, además de la conformación de grupos vecinales y también se podrá acudir directamente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la fiscalía local.
Línea de denuncia contra la extorsión
Línea telefónica para denunciar de forma anónima la extorsión (55 5036 3301) está disponible las 24 horas del día y los 365 días del año.
La línea también ofrece apoyo jurídico y psicológico a las víctimas, y se realizarán mil talleres de prevención a través de redes vecinales y comerciantes para sensibilizar sobre cómo actuar ante estas situaciones.
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La Secretaría de Seguridad Ciudadana se enfocará en desarticular las redes de extorsionadores mediante el uso de cámaras de videovigilancia y técnicas de investigación, como pagos controlados y cateos, en coordinación con la fiscalía.
En caso de la extorsión directa, es decir, cuando las víctimas reciben amenazas o el daño de manera directa, se les canalizará a un equipo multidisciplinario especializado que realizará una evaluación del riesgo y le proporcionará medidas específicas de protección y resguardo.
El gobierno dijo que para combatir la extorsión que se origina desde los penales se fortalecerán los controles con nuevos inhibidores de señal y revisiones aleatorias en colaboración con la Secretaría de Marina.
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