*L.D., M.D.F., C.P.C. y P.C.Fi Rodolfo Jerónimo Pérez es integrante de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México
La propuesta de incrementar el aguinaldo de 15 a 30 días de salario en México ha captado la atención de legisladores, empresarios y trabajadores, al tratarse de una iniciativa que busca mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores particularmente por la temporada navideña y sin embargo, su implantación no está exenta de efectos y repercusiones en la carga laboral, y contributiva para las empresas y, de manera particular, en las pequeñas y medianas empresas (pymes).
Esta prestación encuentra sus orígenes en la época del Imperio Romano, donde en el último mes del año las personas entregaban “strenae” o regalos de la buena suerte a sus amigos y superiores en honor a Strenia, diosa de la buena fortuna, una costumbre que representaba buenos deseos para el año venidero.
En su origen etimológico de hecho, aguinaldo proviene del latín “hoc in anno”, que significa “en este año” y que se refería precisamente a los regalos ofrecidos como símbolo de buenos deseos para el año nuevo y que con el tiempo, evolucionó hacia el vocablo guinaldo, y con la posterior evolución del Español, finalmente a la forma aguinaldo.
En Latinoamérica el aguinaldo fue adaptado en la época colonial, al institucionalizarse en algunas regiones el pago de una “gratificación” a los trabajadores con motivo de la época navideña. En México, no obstante, las duras condiciones laborales que enfrentó la clase trabajadora hasta antes de la Revolución Mexicana, hicieron impensable esta prestación.
No fue sino después de la Constitución Política de 1917 cuando se asentaron las bases de lo que serían los primeros derechos fundamentales para la clase trabajadora, al incluir el Artículo 123, pionero en reconocer y sobre todo en proteger derechos y prestaciones laborales tales como el salario mínimo, el establecer una jornada laboral de ocho horas, el derecho a la seguridad social, entre otros.
Pero no era suficiente, prestaciones como el aguinaldo aún no estaban previstas en nuestra Carta Magna y no sería sino hasta en la Ley Federal del Trabajo en 1970, reglamentaria de nuestra Constitución, cuando se estableció por primera vez, el derecho de los trabajadores a esta prestación de por lo menos 15 días de salario, pagaderos antes del 20 de diciembre, prestación que sigue vigente al día de hoy.
Ahora bien, recientemente se ha propuesto en el Poder Legislativo el duplicar el aguinaldo a 30 días, lo cual representaría un cambio sustancial para el mercado laboral mexicano. Esta iniciativa no ha sido aún aprobada en el Congreso de la Unión, por lo cual a la fecha el aguinaldo mínimo de ley legal sigue siendo de 15 días de salario, o en su caso, el derecho a la parte proporcional en función a los días trabajados en el año, lo cual incluye también los casos de renuncia o despido, sea este justificado o injustificado.
La propuesta de incremento en esta prestación, aunque por supuesto sería favorable para los trabajadores, plantea también retos financieros para las empresas, y especialmente a las pymes, que representan más del 99% del total de empresas en México y generan cerca del 70% de los empleos formales en el país.
Y es que además de la duplicidad en el pago de esta prestación, hay que tomar en consideración que a nivel local existe el impuesto sobre nóminas, o en su caso los impuestos sobre remuneraciones al trabajo personal, que consiste en gravar con una tasa que varía entre el 2% y el 3% según el estado, sobre el total de pagos y prestaciones pagados, con lo cual, las empresas verían reflejado un aumento en el pago de este impuesto en forma proporcional al incremento del mencionado aguinaldo.
Otro efecto colateral sería por supuesto el incremento del salario base de cotización, y en consecuencia en el pago de las cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Seguro de Retiro y al Infonavit. Este cambio impactaría en mayor medida a empresas con un mayor número de empleados, generando una carga económica adicional. En el caso de las pymes podría generarles dificultades en su rentabilidad o inclusive despidos o disminución en sus contrataciones, o trasladar estos costos a sus clientes en los márgenes de utilidad, con el consecuente incremento en precios de bienes o servicios.
Ante las posibles dificultades que podrían enfrentar las empresas para adaptarse a este cambio, se ha sugerido que el aumento del aguinaldo a 30 días se implemente de manera gradual. Esta medida permitiría a las empresas, especialmente a las pymes, ajustar sus finanzas y planificar mejor su carga laboral. Una implementación gradual también facilitaría que los empleadores adopten prácticas de cumplimiento sin comprometer su viabilidad económica.
Para minimizar el impacto negativo que podría generar, sería recomendable que los legisladores consideren una implementación gradual de esta reforma en caso de aprobarse y establecer medidas de apoyo para las pymes, lo anterior a fin de cumplir con el objetivo de beneficiar a los trabajadores sin poner en riesgo la estabilidad y supervivencia del sector empresarial en México.
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