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    El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), Octavio de la Torre, aseguró que el decreto para frenar por 6 meses el cobro del Derecho de Visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas (DNR), un “impuesto” a los viajeros que arriben por crucero, disipa cualquier amenaza en contra de los puertos de Cozumel, Mahahual, Puerto Vallarta, Acapulco, Ensenada, Puerto Chiapas, Puerto Progreso y Cabo San Lucas.

    “Reconocemos el liderazgo de Claudia Sheinbaum, quien ha atendido una problemática que amenazaba con desincentivar la llegada de cruceros a México, impactando severamente a comunidades como Cozumel, Mahahual, Puerto Vallarta, Acapulco, Ensenada, Puerto Chiapas, Puerto Progreso y Cabo San Lucas, donde hasta el 90% de los visitantes provienen de esta actividad”, afirmó el líder de los pequeños comerciantes.

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    El empresario reconoció la sensibilidad y disposición de Claudia Sheinbaum, presidenta de México, de otorgar un estímulo fiscal a los pasajeros de cruceros que ingresen a territorio a través de un puerto.  Es decir, eliminó por 6 meses el cobro del Derecho de Visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas a todos los cruceristas. 

    El cobro del Derecho de Visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas podría haber generado la caída en el ingreso de divisas en los puertos marítimos del Océano Pacifico y el mar Caribe, afirmó el líder empresario. 

    En los primeros 6 meses del 2024, los excursionistas en cruceros generaron 4,098.3 millones de dólares. Aplicar este impuesto habría reducido este ingreso y afectado la economía local y nacional.

    El 31 de diciembre de 2024, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que frenaría por 6 meses el cobro  de 860.56 pesos (o 42 dólares) por pasajero de Derecho de Visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas.

    “El decreto representa un alivio significativo para las comunidades portuarias mexicanas, al otorgar un estímulo fiscal equivalente al 100% del monto del derecho para pasajeros extranjeros que ingresen por vía marítima”, comentó Octavio de la Torre. 

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    Manifestó que la medida aplica de enero a junio de 2025 y va a ofrecer tranquilidad a los comerciantes y pequeños empresarios que dependen del turismo de cruceros.

    El 2 de diciembre del 2024 el organismo emitió su postura al respecto al cobro del Derecho de Visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, mientras que las cámaras confederadas ubicadas en diversas ciudades solicitaron el análisis detallado de esta propuesta a efecto de evitar el daño colateral a la economía local.

    Una semana después, las cámaras de comercio en Puerto Vallarta y Cozumel se movilizaron para mostrar las afectaciones por el cobro del DNR, además de que el organismo cúpula sostuvo reunión con Josefina Hernández Zamora, secretaria de Turismo. 

    La funcionaria intervino para garantizar que el decreto para suspender de manera temporal el cobro del DNR a los viajeros por crucero atendiera las necesidades de los sectores afectados.

    La secretaria de Turismo promovió una implementación equilibrada del cobro de Derecho de Visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas a los viajeros por crucero para proteger la actividad económica en los puertos y el flujo de pasajeros.

    También hubo un diálogo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama y de Baja California, Marina del Pilar Ávila, así como con las secretarías de Turismo de los estados afectados como Baja California para sensibilizar sobre los impactos que se tendrían, quienes intervinieron de manera oportuna para este decreto.

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     “Este decreto genera tranquilidad para los comerciantes y refuerza la competitividad de los puertos mexicanos. Reconocemos la disposición política y el diálogo abierto de la Presidenta y su equipo para atender las preocupaciones del sector,” afirmó Octavio de la Torre.

    El presidente de la Concanaco Servytur destacó que el decreto representa un respaldo directo para más de 185,000 negocios que dependen del turismo en los puertos del país. 

    Previo a su implementación era fundamental dialogar con las empresas navieras para garantizar que la medida fuera operativa, eficiente y no obstaculizara el flujo de pasajeros en los puertos.

    De igual forma, mencionó que a través de la Comisión Nacional de Turismo, diversas asociaciones y organizaciones civiles se acercaron para impulsar a través del liderazgo de la Confederación esta medida, que no es suficiente, pero posterga una situación que con diálogo y consenso se puede evaluar su implementación.

    “Era crucial analizar cómo se trabajaría este derecho para que, como visitantes, los turistas pudieran disfrutar de su experiencia sin retrasos o afectaciones logísticas, lo que podría haber impactado negativamente la llegada de cruceristas y, con ello, la economía de miles de familias que dependen de esta actividad”, afirmó.

     Indicó que, además, el costo adicional podría haber desviado a las líneas de cruceros hacia destinos alternativos en el Caribe y Centroamérica, disminuyendo significativamente el flujo de visitantes y los comerciantes, guías de turistas, restauranteros y artesanos habrían enfrentado una caída abrupta en sus ingresos, agravando las desigualdades económicas en estas regiones.