Meta Platforms y TikTok alegaron que la tasa de supervisión que les impuso la Unión Europea ( UE) era desproporcionada y se basaba en una metodología errónea, al llevar su litigio contra los reguladores tecnológicos ante el segundo tribunal más importante de Europa este miércoles.
En virtud de la Ley de Servicios Digitales, promulgada en 2022, las dos empresas y otras 16 están sujetas a una tasa de supervisión equivalente al 0.05 % de sus ingresos netos anuales mundiales, destinada a cubrir los costes que la Comisión Europea debe asumir para supervisar su cumplimiento de la ley.
La cuantía de la tasa anual se basa en el número medio de usuarios activos mensuales de cada empresa y en si esta ha registrado beneficios o pérdidas en el ejercicio anterior.
Meta declaró ante los jueces del Tribunal General que no pretendía eludir el pago de la parte que le corresponde de la tasa, pero cuestionó cómo la Comisión había calculado el impuesto, alegando que se había basado en los ingresos del grupo y no en los de la filial.
El abogado de Meta, Assimakis Komninos, declaró ante el panel de cinco jueces que la empresa aún desconocía cómo se había calculado la tarifa.
Añadió que las disposiciones de la Ley de Servicios Digitales (DSA) “contradicen la letra y el espíritu de la ley, son totalmente opacas, con cajas negras, y han dado lugar a resultados completamente inverosímiles y absurdos”.
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Autoridades europeas rechazan argumentos de Meta y TikTok
La plataforma china de redes sociales TikTok, propiedad de ByteDance, se mostró igualmente crítica.
“Lo que ha ocurrido aquí es todo menos justo ni proporcionado. La tarifa ha utilizado cifras inexactas y métodos discriminatorios”, declaró ante el tribunal el abogado de TikTok, Bill Batchelor.
“Infla las tarifas de TikTok, le exige pagar no solo por sí misma, sino también por otras plataformas, e ignora el excesivo límite de tarifas”, afirmó.
Acusó a la Comisión de contabilizar dos veces a los usuarios de las empresas, argumentando que esto era discriminatorio porque los usuarios que alternaran entre sus teléfonos móviles y portátiles serían contabilizados dos veces.
También afirmó que los reguladores se habían excedido en sus facultades legales al establecer el límite de tarifas en función de los beneficios del grupo.
La abogada de la Comisión, Lorna Armati, rechazó los argumentos de ambas empresas y defendió el uso que la Comisión hizo del beneficio del grupo como valor de referencia para calcular la tasa de supervisión.
“Cuando un grupo tiene cuentas consolidadas, son los recursos financieros del grupo en su conjunto los que están a disposición del proveedor para asumir la carga de la tasa”, declaró ante el tribunal.
“Los proveedores contaban con información suficiente para comprender por qué y cómo la Comisión utilizó las cifras que utilizó, y no se trata de ninguna vulneración de su derecho a ser escuchados ni de un trato desigual”, afirmó.
Se espera que el Tribunal emita su fallo el próximo año.
Con información de Reuters
