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    El instructor principal de Gobierno Estadounidense 1101 en la Universidad Estatal de Georgia en 2021, Mike Evans, había visto a sus estudiantes llegar con menos datos y más teorías de conspiración. Atrás quedaron los días en que los estudiantes llegaban al campus con vagos recuerdos de la educación cívica de la preparatoria. Ahora llegaban armados con creencias audaces, a menudo engañosas, moldeadas por las horas que pasaban cada día en TikTok, YouTube e Instagram.

    Un ejemplo de desinformación que circulaba entonces fue un video publicado anónimamente que, según más de la mitad de los adolescentes en una encuesta nacional, proporcionaba “pruebas contundentes” de fraude electoral en EU. El video se grabó en Rusia, un contexto crucial que se podía identificar introduciendo algunas palabras clave en un navegador.

    Ignorar el problema de la credulidad en línea parecía irresponsable, incluso negligente. ¿Cómo podría el curso cumplir su objetivo de ayudar a los estudiantes a convertirse en “participantes eficaces y responsables de la democracia estadounidense” si se desentendía de la desinformación digital?.

    Al mismo tiempo, reformar a fondo un curso que matricula a más de 4 mil estudiantes cada año —con 15 instructores impartiendo 42 secciones presenciales, en línea y en formato híbrido— representaba una pesadilla logística.

    Fue entonces cuando Evans, politólogo, descubrió el programa de Razonamiento Cívico en Línea, desarrollado por el grupo de investigación que dirigí en la Universidad de Stanford. El programa, disponible gratuitamente, enseña un conjunto de estrategias basadas en cómo los verificadores profesionales evalúan la información en línea.

    En el otoño de 2021, Evans se acercó y planteó una pregunta: ¿Se podrían incorporar aspectos del plan de estudios en Gobierno Estadounidense 1101 sin cambiar todo el curso por completo? Mi equipo y yo pensamos que sí.

    Procurar una ciudadanía informada

    El desafío de Evans no era exclusivo de su campus.

    Para la Generación Z, nacida entre 1997 y 2012, las redes sociales —especialmente YouTube, TikTok, Instagram y Snapchat— se han convertido en su principal fuente de información sobre el mundo, eclipsando a los medios tradicionales. En una encuesta a más de mil jóvenes de entre 13 y 18 años, ocho de cada diez afirmaron encontrarse con teorías de conspiración en sus redes sociales cada semana; sin embargo, solo el 39% había recibido instrucciones para evaluar las afirmaciones que veían en ellas.

    Creamos nuestro programa de Razonamiento Cívico en Línea para abordar esta brecha.

    Cuando lanzamos el programa en 2018, la alfabetización digital era un concepto amplio que abarcaba desde la edición y subida de videos hasta el ciberacoso y el sexting. “Comprobar la credibilidad de las fuentes” era solo un criterio entre muchos otros en una lista de resultados deseados.

    Centramos nuestro programa en habilidades esenciales para ser un ciudadano informado, como la “lectura lateral”, es decir, usar el contexto completo de internet para juzgar la calidad de una afirmación, identificar a las personas u organizaciones que la respaldan y evaluar su credibilidad.

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    En lugar de enfocarse únicamente en el mensaje, enseñamos a los estudiantes a investigar al mensajero: ¿Qué organizaciones respaldan la afirmación? ¿Tiene la fuente un conflicto de intereses? ¿Cuáles son sus credenciales o experiencia?

    Pusimos a prueba nuestro enfoque en un experimento en aulas de doceavo grado en las escuelas públicas de Lincoln, Nebraska. En seis horas de instrucción —dos horas menos de lo que un adolescente promedio pasa en línea cada día— los estudiantes casi duplicaron su capacidad para encontrar información de calidad en comparación con un grupo de control. Pensamos que no sería un gran desafío extender nuestro enfoque a las aulas universitarias.

    En una versión adaptada al curso de Evans, diseñamos seis módulos cortos que podían usarse de forma asincrónica, lo que permitía a los estudiantes completarlos a su propio ritmo, independientemente del formato del curso. A diferencia de las lecciones tradicionales de alfabetización informacional, que van más allá de los detalles de cualquier disciplina, nuestros módulos estaban estrechamente vinculados al contenido del curso.

    En una unidad sobre el poder ejecutivo, por ejemplo, los estudiantes analizaron un video de Instagram que afirmaba falsamente que el presidente Joe Biden quería que los estadounidenses pagaran más en la gasolinera.

    En un módulo sobre el poder judicial, vieron un video en TikTok sobre la confirmación de Ketanji Brown Jackson a la Corte Suprema, publicado por una organización partidista de izquierda. Creamos videos que mostraban cómo deconstruir tácticas comunes en campañas políticas: citas fuera de contexto, videos empalmados y editados selectivamente, y sitios web financiados por corporaciones que se hacen pasar por esfuerzos de base.

    También enseñamos a los estudiantes a verificar datos como profesionales. La estrategia principal fue la lectura lateral: buscar en internet para ver qué dicen otras fuentes más creíbles sobre una organización o persona influyente. También cuestionamos suposiciones comunes, como que Wikipedia siempre es poco fiable.

    Esto no es cierto, especialmente en el caso de las “páginas protegidas”, indicadas con un icono de candado en la parte superior de un artículo, que impide cambios editoriales salvo los realizados por wikipedistas consolidados. Otra creencia errónea es que un sitio web “.org” superó rigurosas pruebas que lo califican como organización benéfica, lo cual nunca es cierto: “.org” siempre fue un dominio “abierto” que cualquiera puede registrar sin preguntas.

    Estas lecciones ocuparon solo 150 minutos durante el semestre, y los instructores no necesitaron cambiar nada; simplemente añadieron las lecciones al cronograma del curso.

    Resultados positivos, esfuerzo modesto

    ¿Funcionó este enfoque para Evans y sus estudiantes de Gobierno Estadounidense 1101?

    A lo largo de dos semestres de un año académico, 3,488 estudiantes realizaron un examen al inicio y al final del curso. Este incluía preguntas como evaluar un sitio web que afirmaba “no representar a ninguna industria ni grupo político”, pero que en realidad estaba respaldado por intereses de los combustibles fósiles.

    En junio, Evans, dos coautores y yo subimos la preimpresión de un artículo de revista, aún no revisado por pares, que documenta el experimento y sus resultados. Descubrimos que, de principio a fin del semestre, los estudiantes se volvieron mucho más hábiles para identificar fuentes sospechosas y más seguros al evaluar la procedencia de la información. Las calificaciones de los estudiantes mejoraron un 18%. Aún mejor, el 80% afirmó haber “aprendido cosas importantes” de los módulos.

    No está mal para una incorporación fácil de adoptar en el curso.

    Estos resultados se suman a otros estudios que hemos realizado, como uno en una clase universitaria de nutrición y otro en un curso de introducción a la retórica y la escritura, que mostraron de manera similar cómo los educadores pueden mejorar la alfabetización digital de los estudiantes (y su conciencia de la desinformación) sin causar una interrupción significativa en el plan de estudios.

    Y creo que es necesario. Existe una gran brecha entre el contenido aprobado que aparece en las listas de lectura de los estudiantes y la enorme cantidad de información no regulada, no verificada y poco fiable que consumen en línea.

    ¿La buena noticia? Esta intervención podría funcionar en cualquier materia donde la desinformación prolifere: historia, nutrición, economía, biología y política. Hallazgos similares en otros campus universitarios refuerzan nuestra confianza en este enfoque.

    Estos cambios no requieren esperar una gran revolución. Pequeños pasos pueden marcar la diferencia. Y en un mundo inundado de desinformación, ayudar a los estudiantes a aprender a distinguir entre la realidad y la ficción podría ser la acción más cívica que podamos realizar.

    *Sam Wineburg es Profesor Emérito de Educación, Universidad de Stanford.

    Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation

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